En los últimos años la industria farmacéutica en México, mercado que supera los 14 mil millones de dólares anuales, ha enfrentado diversos escándalos que ponen en jaque el código de ética por el que rige su operación, hablamos del “Código de ética y transparencia de la industria Farmacéutica”, enumerado y recopilado por el Cetifarma.
Este código nace en 2005, como brazo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que lleva Alexis Serlin; además de estar inmersas en su creación y operación la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), de Cristóbal Thompson, y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), de Dagoberto Cortés.
Hablamos de normas y códigos explicados en el Capítulo Uno, mismos que tienen el objetivo de evitar los abusos, la competencia desleal y la guerra de imagen pública; además de atacar prácticas monopólicas que disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la industria.
Pese a ello, el sector salud en México y autoridades como la Secretaria de Salud, de Mercedes Juan, el IMSS de José Antonio González Anaya, y el ISSSTE de José Reyes Baeza, han enfrentado diversos casos que rompen completamente con las buenas prácticas de ética y compliance que esta industria presume a nivel mundial, lo que se traduce en pérdidas económicas, desabasto y desprestigio.
Hablamos de casos como el de la empresa con sede en Guadalajara, Pisa Farmacéutica, de Miguel Álvarez Ochoa, la cual a pesar de ser señalada de conseguir por medio de sobornos contratos en Guatemala, en México participa por contratos con el IMSS para tratar la hemodiálisis; o el caso de la multa impuesta por la CFC en tiempos de Eduardo Pérez Motta, a firmas como Eli Lilly, Probiomed, Laboratorios Cryopharma, Fresenius Kabi México y Baxter, por actuar en colusión y aumentar los precios ofrecidos al IMSS de 2003 a 2006.
Asimismo, destaca el caso del distribuidor Fármacos Especializados, de Antonio Pérez Fayad, empresa que contrató al ex titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios del IMSS, de quien recibió de 2011 a 2014 contratos por más de 32 mil millones de pesos.
Y por si eso no fuera suficiente, diversas firmas en la industria parecen ignorar lo dictado por la Ley Federal de Competencia Económica, misma que tiene por objetivo central promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones ilícitas, entre otras.
Así, ejemplos van y vienen de cómo se ha violado este código de ética y transparencia en dicho sector, por lo que el IMSS emprendió acciones para blindar y castigar cualquier acto de corrupción en el proceso de la megalicitación de medicamentos 2016 que inició la semana pasada y en la cual el organismo destinará más de 49 mil 700 millones de pesos para comprar medicamentos a nivel nacional.
Ahí están los acuerdos de colaboración y vigilancia con la COFEPRIS de Mikel Arriola, así como la suma de testigos sociales de la Contraloría Ciudadana de Rendición de Cuentas (CCRG), y de la Academia Mexicana para la Auditoría Integral y al Desempeño (AMAID), que junto con la SFP de Virgilio Andrade, pondrán lupa a los procesos.