En razón de la campaña internacional convocada por la ONU 16 días de activismo contra la violencia de género, que empezó el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y concluye el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a principios de esta semana el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó los resultados del estudio que evalúa la prevalencia de la violencia política en razón de género y su impacto en el proceso electoral 2020-2021.
El estudio, basado en entrevistas realizadas a dos grandes grupos distribuidos en todo el país, integrados con personas expertas sobre la problemática de la violencia de género, es decir, funcionarias públicas, académicas, activistas, periodistas, así como mujeres que participaron en el proceso electoral federal. Asimismo, y para la obtención de una muestra real y representativa las entrevistas consideraron la diversidad etaria, interseccional, regional, por niveles de cargos públicos respecto a los tres órdenes de gobierno, tipo de candidatura (propietaria o suplente), entre otros.
De esta investigación integrada en 7 dimensiones y en la que participó el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, la Universidad Nacional Autónoma de México y el INE, destacan, entre otras, las siguientes consideraciones:
En la dimensión sobre instancias de procuración de justicia destaca:
- Se debe analizar el trabajo jurisdiccional en los tribunales electorales con el objetivo de armonizar criterios en materia de violencia de género.
- Generar protocolos institucionales que incorporen esquemas de evaluación al desempeño de las autoridades responsables en la materia.
- Incentivar la cultura de la denuncia.
Sobre la dimensión relativa a partidos políticos resalta:
- El estudio identifica la falta de democracia interna, resaltando la centralización de decisiones que generan exclusión.
- Debe vigilarse y sancionarse a los partidos que incumplen la normativa correspondiente.
De la dimensión sobre los medios de comunicación tenemos lo siguiente:
- Existe un desbalance en los medios de comunicación, por lo que sugiere la ampliación de sanciones relacionadas con el uso indebido de medios de comunicación masiva en el supuesto de violentar a mujeres. En este sentido, proponen la elaboración de directrices adecuadas de difusión que coadyuven a erradicar la violencia de género.
Sobre la dimensión interseccionalidad e interculturalidad se señaló lo siguiente:
- Deben fomentarse políticas públicas de justicia social a la población y personas en situación de discriminación o vulnerabilidad como indígenas, afrodescendientes, población migrante, de la diversidad sexual y con discapacidad.
- Impulsar la participación política de la diversidad étnica y sexual.
En la dimensión democracia paritaria e igualdad sustantiva destaca:
- La importancia de diseñar protocolos y espacios de atención integral para mujeres que participen en política, así como de víctimas de violencia de género.
- Generar medidas más amplias para garantizar la plena igualdad de acceso a la participación política de las mujeres.
- Crear datos e indicadores de violencia de género que permitan la generación de estudios e investigaciones.
- Evaluar a las personas funcionarias en derechos humanos, discriminación y perspectiva de género.
De la dimensión resiliencia y construcción de alternativas resaltan los siguientes aspectos:
- Promover una educación con perspectiva de género con un enfoque relacionado con derechos humanos, diversidad intercultural e igualdad.
- Generar círculos de sororidad.
Finalmente, la última dimensión referida al marco normativo en materia de violencia política de género destacan los siguientes rubros:
- Para la correcta aplicación del marco normativo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, es importante la capacitación y sensibilización a los y las juzgadoras para la correcta aplicación de la ley.
- Ampliar el concepto de violencia política de género tomando en cuenta a las defensoras de derechos humanos, investigadoras, periodistas, entre otras.
- Legislar la declaración “3 de 3 contra la violencia” para que permanezca el criterio adoptado por la autoridad electoral como requisito legal.
Este estudio metodológicamente bien integrado abre para las autoridades electorales, las legislaturas y los actores políticos diversas áreas de oportunidad en la búsqueda de prevenir, atender, sancionar y erradicar de manera eficiente la violencia política contra las mujeres en razón de género.
El estudio se puede consultar en este link.