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Estudio: Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas

Transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para otorgarle legitimidad al gobierno y lograr una mejor toma de decisiones.

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Escrito en OPINIÓN el

El sistema de seguridad mexicano no ha brindado a la sociedad los niveles de estabilidad y tranquilidad requeridos, a pesar de que los recursos económicos no se han visto limitados, más bien se han ido incrementando desde hace más de 25 años. En 2013, el gasto federal en seguridad representó el 7.7% del gasto total y el 1.5% del PIB, según el Presupuesto de Egresos correspondiente de ese año.

 

De acuerdo con el estudio Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos, de 2001 al 2013, el presupuesto anual que a nivel federal se destinó a la seguridad subió 200% y el de los estados se incrementó un 97%, es decir, en estos 13 años, México gastó más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia, monto que supera a lo invertido en otras áreas como salud, tecnología o ciencia. http://bit.ly/1BWo5Nd

 

Durante este periodo, la incidencia delictiva también aumentó considerablemente, por ejemplo; en 2001, se registraron 13 mil 855 homicidios dolosos cifra que se elevó en 2013 un 206%, ya que se presentaron 18 mil 331 denuncias; los secuestros también presentaron un incremento de 336%, puesto que pasaron de 505 denunciados a mil 698 en ese lapso, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). http://bit.ly/18LXLtc

 

No obstante, debe tomarse en cuenta que en nuestro país poco más del 93% de los delitos ni siquiera son denunciados, la llamada “cifra negra” revelada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 realizada por el INEGI, evidencia entonces que el gobierno federal no cuenta con la información que se requiere para medir la verdadera magnitud de la criminalidad en México. http://bit.ly/1CEtkhS

 

Asimismo, la impunidad que impera en el país también fue destacada en la investigación de Ethos, en la cual indican que apenas una cuarta parte de los delitos federales y uno de cada 10 ilícitos del fuero común acabaron con una sentencia condenatoria. Lo cual señalan podría ser el resultado de un efecto de “cuello de botella” en el sistema: Muchos detenidos pero poca gente para investigar los delitos, ya que solamente el 3.5% del personal de seguridad en el país se dedica a la procuración de justicia.

 

La transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para una efectiva impartición de justicia, no sólo para informar a los ciudadanos sobre las acciones gubernamentales realizadas, sino también para otorgarle legitimidad al gobierno y lograr una mejor toma de decisiones. Actualmente las cifras que conocemos reflejan sólo una parcial versión de la realidad mexicana, éste y otros factores inciden en que la percepción de inseguridad e impunidad se intensifiquen en una gran parte de la sociedad mexicana.

 

Ante tal panorama, el organismo realizó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de justicia mexicano, entre las cuales destacan las siguientes: Una mayor inversión en políticas preventivas, incrementar el número de agentes del ministerio público, fortalecer las capacidades de las policías estatales, establecer estándares mínimos de calidad para reportar información sobre gasto público en los tres niveles de gobierno, la descentralización del gasto en seguridad y mayor transparencia en el ejercicio de los recursos.

 

Es importante destacar que la Cámara de Senadores le dio un plazo de 90 días hábiles a Arely Gómez González al ratificarla como procuradora general, para presentar un programa de trabajo que incluya la transición de la PGR a Fiscalía General de la República (FGR).

 

A cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la credibilidad de la PGR se encuentra cuestionada para un sector de la sociedad, aseguran diversos especialistas en la materia, por ello resulta conveniente activar el proceso de transición hacia la nueva Fiscalía, que busca transformar a la institución en un órgano autónomo con un alto grado de especialización, que pueda hacer más eficaz y eficiente el proceso de procuración de justicia.

 

Este último es el principal reto de la FGR, ya que con el incremento del número de sentencias condenatorias se lograría el combate a la impunidad, lo cual sería un avance significativo siempre que logre alcanzar una verdadera autonomía, ya que se empoderaría a la institución y a su titular.

 

Son muchos y complicados los pasos y movimientos que deben darse para poder reducir la criminalidad, la inseguridad y violencia en México, este proceso ya inició con la reforma penal de 2008, pero a menos de dos años para que se cumpla la meta para su implementación el próximo 18 de junio de 2016, aún hace falta mucho camino por recorrer.

 

Por ejemplo, es indispensable capacitar a los agentes policiales con las herramientas necesarias para poder cumplir con las responsabilidades que les impone el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, acelerar lamodificación de los programas de estudio de los estudiantes de derecho y transformar al Ministerio Público en una institución que procure justicia con eficiencia, honestidad y prontitud.

 

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