La violencia en nuestro país sigue descontrolada, en los primeros siete meses del año, según los conteos de la propia Presidencia de la República, más de 23,000 personas perdieron la vida en un contexto donde varios delitos de diferentes naturalezas se siguen consumando impunemente.
Para los efectos del drama humano poco importa cuánto es heredado y cuánto es responsabilidad de las actuales autoridades, importa que exista un plan claro para reducir la violencia y sus efectos, importa que haya recursos suficientes para llevarlo a cabo y capacidad de interactuar con otros jugadores globales para dar una respuesta a manifestaciones delictivas que traspasan las fronteras; importa que México recupere la paz.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) pusimos en evidencia la lamentable ausencia de una estrategia clara y realizable que permita identificar cómo se piensa que se logrará la reducción de delitos y violencia.
A través del análisis que publicamos, “Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes” podemos observar ambigüedades acerca de qué busca hacer el gobierno federal en esta materia; contradicciones en posturas e indicadores; ausencias de temas clave en materia de seguridad y de elementos que permitan la evaluación de desempeño y resultado; mecanismos que garanticen la participación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, poderes y de todos los actores sociales.
Por otro lado, carecemos de los insumos necesarios para llevar a cabo la tarea, los 239 mil millones de pesos que en este 2019 destina para la seguridad el Estado -un 10% menos respecto a los que destinó en 2018- no sirven para pagar salarios ni prestaciones dignas; para crecer el número de plazas de policías, peritos, ministerios públicos, defensores de oficio; para capacitar a los elementos con los que ya contamos; para contar con los recursos de telecomunicación, informática, vehículos y armas necesarias; para contar con un sistema penitenciario que cumpla su función.
Aún más, en otro estudio que publicamos en colaboración entre el ONC y el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, “Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos” demostramos que estos no sólo son insuficientes ahora, sino que han sido escasos en los últimos 11 años.
En el plano internacional la postura de México y sus planes en contra de la explotación de la migración indocumentada, de la trata de personas, de las drogas, del tráfico de armas, del lavado de dinero, del contrabando, de la piratería, se contradicen, carecen de los recursos para poderlos cumplir o ni siquiera parecen contemplados.
En los primeros meses de este gobierno se han cometido errores sustanciales para la seguridad de los mexicanos: elaboración y presentación de documentos rectores de la política de seguridad que se contradicen entre sí y carecen de la visión de expertos; recortes presupuestales sin criterio a programas e instituciones de seguridad y justicia; la ausencia del presidente en la palestra internacional.
Tomemos como ejemplo lo sucedido con la crisis migratoria de personas que provienen de la frontera sur de nuestro país con destino a Estados Unidos.
Por un lado, en los documentos rectores para la elaboración e implementación de las políticas de seguridad del país -el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad- presentan posturas sobre la migración indocumentada que van desde la plena protección, hasta la criminalización.
Por otro lado, se ha atendido el tema con una institución de nueva formación, sin capacitación, sin los viáticos necesarios para el traslado de las personas y en el absoluto maltrato de los servidores públicos.
Por último, nuestro país no ha puesto los temas que le interesan sobre la mesa en una relación equitativa con Estados Unidos y Centro América. Tras la amenaza de sanciones comerciales por parte de los EU en el caso que México no impidiese la llegada de dichos migrantes y las drogas a su territorio, el aparato de nuestro país desplazo elementos de la Guardia Nacional para inhibir y bloquear los flujos migratorios y destinó dinero al desarrollo de los países centroamericanos.
Lo que no hizo fue poner sobre la mesa de negociaciones la urgencia que nuestro vecino del norte atienda el enorme consumo de las drogas por parte de sus ciudadanos, frene el flujo de armas ilegales y dinero -fruto de los negocios criminales- a nuestro país.
Análisis similares podemos hacerlos sobre cómo el gobierno ha atendido el tema de los homicidios, del robo de hidrocarburo, de la extorsión, del secuestro, de la venta de drogas, del robo a transporte de carga, planes mal armados, sin los recursos necesarios y sin una visión de responsabilidades compartidas.
¿Qué debería hacer el gobierno federal para cumplir con su propuesta de pacificar el país? Empezar por definir prioridades y plan de riesgo en cómo progresivamente atender incidencia delictiva y violencia de la mano de entidades, municipios, poderes y sociedad; destinar de manera seria los recursos necesarios a este tema -que probablemente deberán andar en el orden de los 500 mil millones de pesos para 2020-; sumar a otros jugadores globales de una manera más efectiva al combate a los delitos que implican actuación trasnacional.
Frente a nosotros quedan poco más de cinco años del actual gobierno, con un presidente que cuenta con una popularidad nunca antes vista, realizar esta tarea es factible, pero implica voluntad. Voluntad de escuchar la crítica y a los expertos sin denostarlos; definir el sistema de gasto a partir de las necesidades reales del país en vez que sustentado en una lógica electoral; subir a la palestra internacional y ver al mundo, un mosaico de experiencias que trascienden fundamental para enfrentar problemas complejos y globales.
Continuar en esta vía, una vía casi idéntica a la que ya hemos recorrido por años nos mantendrá en el actual desastre en materia de seguridad en el que vivimos desde hace más de una década.