De conformidad con la Ley de Reorganización del Departamento de Defensa Goldwater-Nichols de 1986, cada año, el presidente de Estados Unidos debe presentar al Congreso el Informe de Estrategia de Seguridad Nacional, el cual tiene que articular de manera integral un diagnóstico de los desafíos y oportunidades mundiales de Estados Unidos con los intereses, metas y objetivos en materia de seguridad nacional.
A nueve meses de su administración, Donald Trump aún adeuda a sus conciudadanos y aliados extranjeros la Estrategia de Seguridad Nacional que, entre otros, debe contener información sobre aquellas acciones necesarias para disuadir las amenazas a Estados Unidos y para su implementación. Sin embargo, pese a que por el momento no se cuenta con una estrategia de seguridad nacional integral, no se puede decir que la administración Trump no ha dado pasos para desarrollarla.
En ese sentido, Trump ha firmado una serie de documentos en materia de seguridad nacional entre los que se ubica al Memorándum para la Reconstrucción de las Fuerzas Armadas del 27 de enero, que entre otros planteamientos pide al Secretario de Defensa elaborar una Estrategia de Defensa Nacional que contemple un plan de uso de la fuerza para mantener la paz y que disuada las amenazas del siglo XXI. Los días 28 de enero y 4 de abril, emitió la memoranda para la Organización Nacional Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional con la finalidad de que ambos consejos funjan como órganos asesores del propio presidente para la integración de las políticas interna y externa relacionadas con la seguridad nacional. Asimismo, destacan el Plan para derrocar al Estado islámico de Irak y Siria de fecha 28 de enero y la orden ejecutiva que protege a la nación de la entrada de terroristas extranjeros del 6 de marzo.
Más recientemente, el 4 de octubre pasado, el presidente Trump firmó el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional-7. Este documento constituye un esfuerzo interinstitucional para crear un sistema de intercambio de información sobre las personas consideradas una amenaza a los intereses de seguridad nacional o de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
A través del Memorándum Presidencial-7, Trump solicita a los principales órganos de seguridad y de inteligencia nacional de Estados Unidos desarrollar e implementar una “arquitectura técnica y un marco de políticas” para avanzar en la integración, intercambio y uso de particularidades de identidad (incluidos los datos biométricos y biográficos) de cualquier sujeto que pudiese representar una amenaza a la seguridad nacional; así como también deberá prever el mantenimiento y el uso de la información de manera que proteja la privacidad, los derechos y libertades civiles y constitucionales de las personas objeto de investigación.
En principio, el documento viene acompañado de un anexo aún no publicado que aparentemente detalla las categorías particulares de la información sobre los sujetos considerados amenaza a la seguridad nacional. Destaca asimismo que su implementación depende de un plan que se presentará hasta julio de 2018. Tomando en consideración la sustancia del Memorándum Presidencial-7, se puede pensar que no es casual que el pasado 11 de octubre, el presidente Trump anunciara su intención de nombrar a Kirstjen Nielsen, titular del Departamento de Seguridad Interior, quien tiene una amplia experiencia en seguridad cibernética e infraestructura crítica.
El público interesado en dar seguimiento al actual gobierno de Estados Unidos, debería hacer a un lado las estratagemas engañosas del presidente Trump, que al momento ya son conocidas y que solo distraen de los temas fundamentales. Poco a poco, se ha ido perfilando una estrategia de seguridad nacional, sin que se hayan debatido ni sus contenidos ni su orientación. En este punto, Trump debería considerar las décadas de política exterior estadounidense que, desde la Doctrina Truman, han argumentado que "el estilo de vida de los estadounidenses, basado en la dignidad y el valor del individuo, depende de un orden mundial estable y pluralista dentro del cual puedan prosperar la libertad y las instituciones democráticas". Por esta razón deberíamos de comenzar a cuestionar de qué manera la expulsión, exclusión y fichaje de extranjeros protege los intereses de los estadounidenses.