Tras la conclusión del proceso de revocación de mandato, no es fácil analizarlo a partir de sus resultados por tratarse de un ejercicio inédito en nuestro país y, establecer un comparativo con los procesos electorales más recientes e incluso con la consulta popular del año pasado puede ser un poco forzado. Sin embargo, como es lógico, cada quien hace las interpretaciones que más le favorecen y buscan que su narrativa sea la que se imponga.
Para el oficialismo fue un triunfo contundente tomando en cuenta principalmente los votos obtenidos a favor de la continuidad del presidente -que en ningún momento estuvo en riesgo-, mientras que para los partidos de oposición y grupos de la sociedad civil que abiertamente han manifestado su inconformidad con este gobierno, fue un fracaso dado que 8 de cada 10 potenciales electores decidió no participar a pesar de toda la propaganda y la movilización desplegada por la 4T, y quedaron muy lejos del umbral mínimo de 40% de participación para que fuera vinculante.
Ahora la discusión se centra en si los 15 millones de votos -que como quiera son muchos- representan el techo de Morena y sus aliados que han ido perdiendo el apoyo alcanzado en 2018 además de ser la última vez que López Obrador estará en una boleta, o tan sólo es su voto duro que se puede desdoblar para las elecciones de 2024 sobre todo si no se construye una verdadera alternativa de oposición. Ambas lecturas se antojan muy aventuradas pues los escenarios pueden cambiar mucho, así como las preferencias ciudadanas.
Lo que sí se puede evaluar, son las condiciones en que se desarrollo este primer proceso de revocación de mandato que distó mucho de ser realmente un ejercicio ciudadano y, por el contrario, desvirtuó el sentido de la democracia participativa para que la ciudadanía tenga voz e incida en la toma de decisiones sin la intermediación de gobiernos y partidos. Es más que evidente que la revocación de mandato no partió de una iniciativa de ciudadanas y ciudadanos que buscaban someter al presidente a la revocación, y que la recolección de firmas -dentro de las cuales se encontraron 18 mil personas fallecidas- así como la promoción de lo que convirtieron en ratificación se dio a través de estructuras políticas.
También lo fue la indebida intromisión desde el poder público -como se reporta en el informe preliminar de la misión de visitantes extranjeros de la OEA-, el activismo y operación de empleados gubernamentales, la numerosa propaganda que no se sabe quien pagó, la presión a personas beneficiarias de los programas sociales, el acarreo de votantes -e incluso se habla de entrega de recursos para participar-, los ataques sistemáticos y difusión de información falsa para desprestigiar al INE entre muchas otras irregularidades sin importarles los más elementales principios democráticos o el respeto a la legalidad, con lo que demostraron que están dispuestos a todo con tal de mantener el poder, y no precisamente a base de resultados.
No obstante, dentro de lo positivo es de reconocer el trabajo realizado por el INE quien una vez más cumplió y bien a pesar de los limitados recursos con los que contó y las múltiples adversidades que tuvo que enfrentar, y me refiero no solamente desde el punto de vista organizativo que fue de gran calidad, sino a la respuesta puntual ante las mentiras -por ejemplo de la distancia de las casillas, ya que el 60% del electorado pudo votar en la casilla de su sección y el 23% de la sección aledaña que implica un traslado de menos de 15 minutos- y la resistencia frente a los intentos constantes para doblegarlo, así como de las casi 300 mil personas que con gran compromiso democrático participaron como funcionarias de casilla.