Reportes de los organismos financieros internacionales no dejan de coincidir en que los gobiernos, como parte central del Estado, cobrarán un nuevo peso en el manejo de la economía, como resultado de la convulsión que está trayendo para todos los sectores productivos la amarga mezcla de una recesión en marcha desde el año pasado y el impacto de la pandemia por el covid-19.
Este regreso al modelo de Estado como actor central de la economía, vigente en las décadas de los 60 y los 70 y luego relegado por el llamado “neoliberalismo”, será más agudo en regiones como América Latina, donde la debilidad financiera hará imposible el traslado de masivos apoyos fiscales a la iniciativa privada. Aun en naciones con los bolsillos suficientemente profundos como Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea, los gobiernos cobrarán más peso en el escenario de las finanzas, el empleo y la vida cotidiana de las empresas privadas, alerta un informe reciente del Banco Mundial (¨The economy in the time of covid-19”).
Ese mismo documento externa una notable preocupación por lo que considera el peligro de que este nuevo modelo de Estado venga acompañado de debilitamiento de las instituciones, clientelismo político, venta de favores, opacidad y más corrupción.
En los próximos meses tendremos a la vista indicios suficientes de qué tan rápido el gobierno López Obrador avanza hacia un mayor control sobre los resortes de la economía. Y si esta tendencia, al parecer inevitable, es lo que él tenía en mente cuando el pasado día tres declaró que esta crisis le viene “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación de México.
Lo que quizá debamos considerar una variable importante es qué puede ocurrir si este modelo del nuevo “Estado patrón” no incluye entre nosotros ingredientes que den por resultado una cohesión social sobre la forma en que la crisis vaya a ser administrada; que no se explique la estrategia a seguir por parte del gobierno, y todo ello impida que cada actor en el escenario nacional se adapte a las nuevas circunstancias tras conocer lo que se espera de cada quien.
De acuerdo con los expertos en este campo, la comunidad debe percibir que las directrices que emanen deben ser socialmente justas, lo que quiere decir que el peso de las decisiones y los costos de estas sean compartidos debidamente.
En este contexto, es inevitable que el país espere del presidente López Obrador que asuma una postura clara sobre cómo se manejarán las pérdidas de toda naturaleza que traerá en el ámbito económico esta crisis.
Es válido, aunque parezca parte de un discurso desgastado en boca del mandatario, plantear que se debe atender a los grupos más vulnerables. Pero sería sensato exponer de manera clara que la estrategia también velará por la estabilidad del sistema financiero, si bien se deba pedir a los dueños de los bancos fortalecer la solidez de sus instituciones y evitar acciones subrepticias orientadas a obtener beneficios adicionales de este drama.
López Obrador nos debe igualmente un anuncio concreto con medidas para proteger el empleo y la viabilidad del sistema de pensiones (sin caer en una flexibilización que permita al público vaciar sus cuentas de retiro).
Todas las recomendaciones de expertos y de organismos internacionales en este campo coinciden igualmente en la imprescindible participación del Estado en el lanzamiento de un programa de gran envergadura en materia de infraestructura, lo que podría estar incluido en los planes presidenciales, aun y cuando su aparente obcecación sobre Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía haya generado muchos anticuerpos por parte de una amplia gama de grupos sociales.
Es impredecible cómo vayan a reaccionar estos grupos a falta de compromisos claros, prioridades bien definidas y en general, una hoja de ruta para encarar la crisis y salir paulatinamente de ella. Hasta llegar el momento en que el Estado decline su protagonismo sobredimensionado para regresar mayores espacios al sector privado.
Entre estos segmentos se hallarán, desde luego, los empresarios, que ante un panorama poco claro asumirán que deberán cerrar sus compañías, llevarse sus capitales al extranjero o enfrentarse a la autoridad, en posible coalición con otros sectores en los que dominen los adversarios políticos, partidistas o ideológicos de López Obrador.
Es por esa ruta, la de la ruptura sin retorno, que podríamos perder la cohesión social y adentrarnos en un aruta plagada de asechanzas.