Como una “guerra contra la naturaleza” calificó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el momento actual en que vivimos, en el que hay un millón de especies en peligro de extinción, millones de hectáreas de diferentes ecosistemas exterminadas como los bosques y los humedales, toneladas de plásticos en los mares, la pérdida de arrecifes, la acidificación del mar, casi 10 millones de muertes de personas por problemas de salud asociados con el medio ambiente y miles de toneladas de gases de dióxido de carbono arrojadas a la atmósfera, incrementando la temperatura del planeta de manera acelerada.
A cinco años de la firma de los Acuerdos de París, se diagnosticó que al paso actual, en el que en los últimos 200 años aumentó la temperatura global planetaria en 1.2 grados centígrados, se podría tener un incremento de hasta 3 grados centígrados para finales del siglo XXI, situación que derivaría en una crisis sin precedentes en la historia de la Tierra por lo que en la pasada Cumbre sobre el Clima, celebrada de manera virtual, se propuso decretar un “estado de emergencia climática”.
Lo anterior, con la finalidad de que los Estados firmantes de los Acuerdos aceleren el paso en el cumplimiento de los mismos y la temperatura planetaria no se incremente en más de 1.5 grados centígrados, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta llegar a cero por ciento; revisando cada quinquenio sus políticas ambientales para lograr dicha meta y apoyado a las naciones con menores recursos a lograr la reducción de sus emisiones de carbono.
En la agenda internacional ha quedado claro que el mundo post covid-19 requiere de varias reestructuraciones, entre ellas, la de la salud del planeta. Sin embargo, cabría preguntarse si hay alternativas para evitar la continuación de un descarrilamiento climático, ecológico y social que parecería ser inminente.
A partir de un análisis de recientes reformas constitucionales en países como Bolivia y Ecuador donde se incorporaron a sus máximas leyes conceptos como pachamama (naturaleza) y sumak kawsay (buen vivir), originados y difundidos entre los grupos indígenas de ambas naciones, y en cuya esencia está la interacción armónica entre la humanidad y el entorno, Ramiro Ávila Santamaría plantea como respuesta a esa apabullante modernidad que prioriza el mercado y la ganancia económica, una utopía que puede convertirse en realidad si se escuchan las voces disidentes y oprimidas por siglos en la zona andina del continente americano.
En su más reciente aventura quijotesca, como el propio Ávila la describe, que derivó en el libro “La utopía del oprimido” (Akal, 2019), el jurista describe que si bien la modernidad impulsó la desacralización del mundo, la libertad, la autonomía, la ciudadanía y los derechos, también produjo la explotación, la exclusión, el extractivismo, la violencia, la destrucción y la muerte.
Por esa razón, mediante el uso de la interdisciplina y una mirada crítica, que privilegia a las personas, colectividades y naturaleza oprimidas, el también juez constitucional ecuatoriano se sumerge en la riqueza del pensamiento de los pueblos andinos para mostrar que su simple inclusión representa un giro a la política actual, colocando en el centro de la respuesta al deterioro ecológico y climático a quienes por años han padecido la opresión social, política, económica y cultural de la modernidad, a tal grado, que incluso, han sido testigos de la devastación de los territorios que han custodiado por siglos.
Uno de los conceptos que considera sumamente relevante en su inclusión en las leyes bolivianas y ecuatorianas es el de pachamama, comprendida como una dualidad armónica en la que sólo se toma de la naturaleza lo que se necesita por que la naturaleza es un ente vivo que da la vida y requiere de cuidados, por lo que asimilar e implementar el concepto requiere de un alejamiento de las visiones antropocéntricas, donde se privilegia el bienestar de la humanidad, por unas más integrales en las que se procure a todas las especies coexistentes, haya respeto y se le deje de considerar como una fuente de recursos.
Así como el de sumak kawsay, traducido como “el buen vivir”, pero que es algo más complejo al privilegiar el diálogo entre personas y culturas debido a que considera la existencia de una relacionalidad, pues todo en el mundo está interconectado; la reciprocidad o correspondencia mutua; la complementariedad, ya que cada entidad requiere de las otras para existir; la correspondencia, referente a la correlación entre dos o más elementos; la afectividad, reconociendo la existencia de sentimientos, emociones y pasiones; la ciclicidad, y el comunitarismo, referente a los bienes comunes de la humanidad y al espacio abierto, entendido como ese todo conformado por el suelo, los ríos, las montañas, las rocas, los animales, y en sí, todo alrededor.
Para Ávila Santamaría, la utopía no puede ser únicamente de un grupo de personas de un espacio determinado, sino que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, en países como el nuestro, donde hay una riqueza cultural diversa, las filosofías de más de 60 pueblos no han sido tomadas en cuenta en la respuesta al deterioro ecológico y cambio climático, y en cambio, se propone modificar el artículo 4 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir las responsabilidades del Estado mexicano en materia ambiental, como lo ha denunciado el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.