Estado de derecho es un concepto que se ha arraigado en el vocabulario político y jurídico de nuestras sociedades, a tal grado que parece que el sólo hecho de invocarlo justifica cualquier decisión gubernamental. Dicha práctica ha calado tan profundamente que políticos de izquierda y derecha, normalmente dispuestos a rivalizar cualquier postura, aparecen en el escenario público utilizando el concepto como si no fuera necesario aclarar qué se quiere decir con ello, dando por sentado que todas y todos entendemos lo mismo cuando lo escuchamos.
Lo que es más significativo aún es que la repetición del concepto en los discursos políticos ha terminado por vaciarlo de contenido en el imaginario social. Es el mismo destino que en otros momentos tuvieron conceptos como democracia y libertad, cuya significación fue desdibujándose tras repetirlos como lemas publicitarios. Así las cosas, escuchamos reiteradamente en los discursos que el objetivo de alguna política pública es “fortalecer el Estado de derecho” y automáticamente pensamos que no se está haciendo nada más que repetir el discurso de moda, es como un estribillo de música pop que escuchamos por todos lados.
Con todo y a pesar de que los diversos horizontes ideológicos utilizan el concepto como una bandera blanca, lo cierto es que la derecha suele entender el Estado de derecho como el entramado institucional que garantizará la seguridad y propiedad de los ciudadanos, mientras la izquierda suele entenderlo como el entramado institucional que permitirá la adquisición de la justicia social. Precisamente por ello llama la atención que los polos ideológicos, al enfrentarse en las batallas electorales, llamen una y otra vez a la defensa del Estado de derecho como si ambos hablaran de lo mismo.
Al respecto resulta esclarecedora la propuesta de Carlos Fernández Liria quien ha caracterizado el Estado de derecho como un sistema político-jurídico donde el lugar de las leyes está vacío, esto es, donde el asiento no está ocupado por algún ser humano, alguna empresa, poder fáctico, sindicato, partido político, etcétera. En ese sentido, vivir en un Estado de derecho supondría que la convivencia social se desarrolla dentro de un entramado institucional donde las leyes no estén determinadas por los intereses de los particulares, sino que éstas atiendan el bien público. En alguna medida, esto es lo mismo que decir que las leyes deben ser construidas de forma democrática, lo que supondría la participación abierta de la ciudadanía en la creación de las leyes y que los derechos fundamentales no están sujetos a la voluntad de ninguna mayoría aún si esa mayoría es total. De tal suerte, un Estado de derecho no puede ser tal si se carece de legitimidad democrática o si hay una violación constante a los derechos fundamentales.
Es por ello que es importante insistir en la apertura de los parlamentos, los tribunales y el gobierno. Porque para pensarnos en un Estado democrático donde las leyes no responden a los intereses de los particulares, requerimos de información clara, suficiente y oportuna que nos permita activar nuestro carácter de ciudadanas o ciudadanos. Si no sabemos qué y cómo realizan sus responsabilidades los poderes públicos entonces la participación ciudadana es una idea irrealizable. A su vez la carencia de los medios materiales necesarios para la realización de una vida digna (vivienda, educación, salario, etcétera) hacen igualmente imposible la participación ciudadana. Opacidad en las instituciones públicas y pobreza reducen significativamente la posibilidad de que el asiento de las leyes quede vacío.
Habría que desconfiar pues de quienes utilizan los temas de Gobierno Abierto para “fortalecer el Estado de derecho” pero carecen de una perspectiva crítica respecto a la desigualdad o usan el tema de la corrupción y el acceso a la información como meros lemas de campañas. Así como se ha pretendido vaciar de contenido a los conceptos de democracia, libertad y Estado de derecho, se pueden también vaciar conceptos como Justicia Abierta o Parlamento Abierto. Si derechas e izquierdas están dispuestas a poner en pausa sus desacuerdos para consolidar el Estado de derecho, lo mínimo que esperamos es que presenten propuestas claras para terminar con la desigualdad y con la corrupción, así como respuestas contundentes en términos de transparencia y comunicación social.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM Iztapalapa y doctorante por la misma Universidad. Dirigió Borde Jurídico de agosto de 2013 a agosto de 2015, actualmente se desempeña como Investigador Asociado del proyecto. Es profesor de la Escuela Libre de Derecho y del Claustro de Sor Juana. Su investigación está enfocada en la teoría de la justicia y la teoría del estado.