En México, la corrupción comprende un conjunto de ilícitos y delitos que están muy lejos de ser erradicados, por más que el presidente de la República se afane en afirmar que ya no existe.
La debilidad de las instituciones responsables de su combate es alarmante, lo mismo que la ausencia de estrategias de amplio calado para su erradicación. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni siquiera ha logrado generar sinergias de cooperación con los gobiernos locales.
Parte del problema de la corrupción está en el diseño de las instituciones del Estado y en los débiles mecanismos de vigilancia y control entre éstas. El modelo actual se agotó por ineficiente, pero sigue resultando útil para proceder contra adversarios o encubrir fechorías de los aliados.
La participación ciudadana en el combate a la corrupción ha sido marginal, marginada y ahora vilipendiada desde la Presidencia de la República.
Diversos hechos recientes prueban la vulnerabilidad de las estructuras anticorrupción del Estado mexicano.
En el gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos internos de control no han sido útiles para prevenir, investigar y sancionar casos de corrupción como la Estafa Maestra o la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, en razón de que se trata de una dependencia del Poder Ejecutivo que carece de autonomía para proceder contra su superior jerárquico.
La temprana defensa de Manuel Bartlett Díaz, por parte de la titular de la SFP, comprueba la continuidad del modelo y permite anticipar los mismos resultados de impunidad, al margen de la defensa a ultranza que ha hecho de éste, el jefe del Ejecutivo.
En el mismo tenor, el eventual enriquecimiento ilícito del ex ministro Eduardo Medina Mora, exhibe la ausencia de mecanismos de control de la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero el congelamiento de sus cuentas, por parte de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, atenta contra su derecho a la presunción de inocencia, pues no se le venció previamente en un juicio que demostrara la ilicitud del origen de sus recursos.
El posterior descongelamiento de sus cuentas, bajo el pretexto de la protección de los “derechos de trabajadores, accionistas o proveedores” —según argumentos del propio Nieto Castillo, vertidos en su cuenta de Twitter—, no hace más que abonar a la percepción pública de que el interés real detrás de la presión para que renunciara el ministro, era su asiento en la SCJN y no la aplicación de la ley por hechos delictivos.
La suspensión del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo puede deberse al hallazgo de “inconsistencias graves” en sus finanzas —como afirmó el ministro Arturo Saldívar—, pero también a la obediente obsequiosidad de éste ante el titular del Ejecutivo, para allanar el camino hacia la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En el contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reservado por cinco años el expediente del caso, lo que representa un grave ejemplo de opacidad bajo el argumento de la «seguridad nacional» usado como comodín.
Las declaraciones del ministro Arturo Saldívar respecto de que fue objeto de presiones por parte del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que la SCJN emitiera sentencias al gusto del michoacano en temas como la Guardería ABC y el proceso contra Florence Cassez, demuestran que el jefe del Ejecutivo no está exento de cometer delitos —como lo es el de intimidación—, pero también que aquél no denunció en su momento a Calderón Hinojosa ante el Ministerio Público, debido a que esa representación social no indagaría su actuar, ni aun después de que hubiera perdido el fuero-protección, tras concluir su mandato. Quizá por ello el ministro se decantó por «litigar» los temas en torno de Calderón en los medios de difusión, muchos años después.
De nada sirve que la Auditoría Superior de la Federación dé a conocer año con año los desvíos millonarios detectados en la Cuenta Pública, si dicha instancia dependiente de la Cámara de Diputados carece de herramientas para sancionar esas prácticas corruptas, que además generan grandes daños al erario.
De nada sirve que un auditor de la estatura ética de Juan Manuel Portal Martínez haya documentado los desvíos millonarios del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, si su sucesor, David Rogelio Colmenares Páramo, desvanece las pruebas de dichas irregularidades.
Un Estado preocupado por el combate a la corrupción debe ponderar la robustez de las instituciones por encima de los servidores públicos, incluyendo al propio presidente de la República, a los ministros de la Corte y a los legisladores. La situación actual es la de un Estado corrupto y corruptor por donde se le vea.