Estoy en total desacuerdo con cualquier pacto o contubernio con la delincuencia con el pretexto de pacificar al país o a una entidad federativa. En este tema no puede haber medias tintas, demanda definiciones categóricas.

También discrepo de quienes le conceden a delincuentes sanguinarios el status de inconformes o rebeldes cuando en realidad son sujetos sin el mínimo escrúpulo o consideración moral que han sembrado muerte y un terrible dolor en miles de familias en diferentes territorios, con la complicidad o inacción de autoridades.

Lo que se requiere es una estrategia inteligente de seguridad ciudadana y reconstruir el Estado de Derecho. Es necesario replantear el sistema nacional de seguridad pública para evitar que los tres niveles de gobierno eludan su responsabilidad en el combate a la delincuencia.

Perdonar a los delincuentes inhumanos que asesinan con saña inaudita, violan y ultrajan mujeres, desintegran familias, acaban con negocios y son capaces de cometer las más cruentas torturas es una gran ofensa a las víctimas que se acumulan todos los días en el país e implica el colapso total de la justicia y el Estado de Derecho. Es la claudicación del Estado.

Es una gran mentira reducir todo el tema del combate a la criminalidad con el discurso de la falta de oportunidades, si bien se requiere echar a andar políticas sociales inclusivas y abrir la puerta de las opciones sociales y educativas a los jóvenes, para evitar que sigan nutriendo las filas de la delincuencia por la falta de un horizonte cierto, también es una realidad que la industria criminal tiene su propia lógica y que buscan extraer a la sociedad el fruto de su trabajo para seguir obteniendo cuantiosas ganancias indebidas a través del terror y la barbarie.


Su actuar delictivo es un desafío al Estado y al imperio de la ley e implica el secuestro de la vida social comunitaria.

Esto implica que a los grupos delictivos empoderados se les tiene que enfrentar con la ley, con policías profesionales y limpias, con tecnologías, con mano firme y con inteligencia, al mismo también que se ponen en marcha programas y políticas sociales que rescaten de la garras del crimen a las nuevas generaciones.

De igual manera, se tiene que revisar la política prohibicionista en materia de drogas, por ejemplo en el caso de la amapola, de la que se extraen los opiáceos que son el insumo para medicamentos contra el dolor agudo. Cambiar esa prohibición para permitir la legalización de la amapola con fines medicinales sería un duro golpe a la criminalidad sin tener que entrar a pactos claudicantes que son una enorme ofensa a una sociedad agraviada por la impunidad. 

Hay opciones para combatir la criminalidad. Los pactos con delincuentes son una forma de complicidad inadmisible en una sociedad democrática que demanda justicia y combate a la impunidad. Necesitamos fortalecer el Estado de Derecho no sepultarlo.

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@RicardoMeb | @OpinionLSR | @lasillarota





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