El año que viene tendremos elecciones federales y en 17 estados de la República, para renovar diputados locales y federales, ayuntamientos y delegaciones en el Distrito Federal, y las gubernaturas en los estados de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Colima y Michoacán.
Quienes le dan seguimiento a los procesos electorales, y a los temas vinculados con la vida política del país, saben muy bien que ningún proceso electoral se da en las mismas condiciones que los que le antecedieron. Ello no solamente porque cambian los actores políticos y las condiciones del país, sino particularmente porque las reglas del juego se modifican constantemente.
El proceso electoral 2014-2015 se llevará a cabo con las normas recién aprobadas en la reforma constitucional y legal que se dio en el primer semestre del año 2014. Temas tales como la nueva distribución de competencias entre autoridades electorales federales y locales, la casilla única, los candidatos independientes, los delitos electorales, y las nuevas causales de nulidad de la elección se han discutido ampliamente en diversos foros públicos.
No obstante, la reforma sobre la difusión y distribución de contenidos político-electorales en radio y televisión para partidos políticos y candidatos ha pasado prácticamente inadvertida. Probablemente porque a primera vista, en el texto normativo solamente se aprecia un aumento de los minutos en radio y televisión para los partidos políticos, en detrimento del destinado para las autoridades electorales, en los periodos de precampaña e intercampaña, y una inclusión en los tiempos del Estado para candidatos independientes en el periodo de campaña.
Si analizamos el tema con cuidado, podemos advertir que el cambio normativo en realidad no es menor. Básicamente en el proceso electoral por venir, los partidos políticos tendrán el mayor número de espacios en radio y televisión desde que se implementó el actual modelo de comunicación política, y además, por un espacio de tiempo bastante considerable. Tomemos por ejemplo el caso del Distrito Federal, en el que durante 154 días, a partir del primero de enero y hasta el 3 de junio del año 2015, sus habitantes estarán expuestos a aproximadamente 595,604 spots en 61 estaciones de radio, y 126,932 spots en 13 canales de televisión.[1]
El propósito original del actual modelo de difusión de contenidos político-electorales en radio y televisión, fue el generar condiciones básicas de equidad para todos los candidatos y partidos políticos que participan en la contienda electoral, además de inhibir la injerencia del poder del dinero en la democracia. Para ello en su momento, se reformó el artículo 41 constitucional, a efecto de prohibir la adquisición directa de espacios en radio y televisión para transmitir contenidos político-electorales, y se impuso la obligación a concesionarios y permisionarios en radio y televisión de transmitir como parte de los tiempos del Estado, los spots de candidatos y partidos, en la forma y periodicidad que determinara el entonces Instituto Federal Electoral.
Sin duda alguna, el modelo implementado en radio y televisión probó su eficacia y bondades al tener niveles de cumplimiento superior al 97% por parte de las emisoras obligadas, además de que resolvió los problemas básicos de equidad relacionados con el acceso a medios para todos los partidos políticos.[2]
Por otra parte, aún cuando la reforma electoral de 2007-2008 generó un replanteamiento sustancial en la relación entre las fuerzas políticas y los medios de comunicación, ésta no logró modificar la forma de comunicarse entre candidatos partidos y ciudadanía. Desde entonces y hasta ahora, la vía “oficial” de transmisión de contenidos político-electorales en radio y televisión ha sido el uso indiscriminado del spot, lo cual ha tenido diversas repercusiones para la democracia mexicana.
Por ejemplo, según un análisis contenido en el Libro Blanco de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), la sobreexposición a spots genera hartazgo en el público, lo que se traduce en una afectación de la participación electoral; y por otra parte, el pautar o programar spots sin discriminar audiencias, conlleva a la pérdida de éstas, dirigiéndolas a otros medios tales como la televisión restringida o las redes sociales.
Asimismo un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) a partir de un observatorio de medios durante el proceso electoral 2012, dejó muy claro que la transmisión de millones de spots en radio y televisión con contenido político-electoral, no necesariamente implica mayor información respecto de las propuestas de gobierno o la deliberación pública de los temas más importantes para el país.[3]
Lejos de combatir la espotización y las repercusiones que ésta pudiera tener en la calidad de la democracia en el país, las recientes reformas electorales consolidan un modelo que privilegia la difusión de spots como vehículo de comunicación política, y que incluso amplían considerablemente el número de los que dispondrán los partidos políticos para este proceso electoral. Más aún, contrario a toda lógica y sentido común, la reforma elimina los programas de cinco minutos que tenían asignados los partidos políticos, y que aún siendo poco populares, constituían la única posibilidad de transmitir mensajes al electorado, más allá del formato de 30 segundos de un spot.
¿Qué repercusiones podemos esperar de un modelo de comunicación espotizado?
La relación entre medios de comunicación y los actores políticos en un proceso electoral determina en gran medida la equidad en la contienda. El modelo actual de comunicación política resuelve problemas importantes, pero genera otros tantos que pueden afectar sustancialmente la calidad de nuestros procesos democráticos.
La previsible saturación de audiencias que viene para este proceso electoral puede derivar en abstencionismo, y más aún tratándose de elecciones intermedias en varios estados y a nivel federal.
Por lo que hace a la equidad de la contienda, y dadas las condiciones de acceso a radio y televisión para difundir contenidos político-electorales, es de esperarse que una buena parte de la propaganda y difusión de contenidos de candidatos y partidos políticos se de a través de otras vías; ya sea Internet, redes sociales, barras de opinión y debate, telenovelas, talk shows, etcétera.
El problema fundamental está en que las autoridades electorales, en particular la autoridad federal, está preparada técnicamente, y tiene los mecanismos legales para vigilar las condiciones de equidad en los medios de comunicación, a través del sistema de spots; pero no cuentan realmente con herramientas eficaces para hacerlo en otros medios. El sistema de transmisión y monitoreo de spots funciona bastante bien, y con niveles muy altos de cumplimiento, pero solo atiende los materiales que los partidos políticos le reportan al INE. No monitorea propaganda gubernamental, tampoco la mayor parte de los canales de televisión restringida, ni otros contenidos que no hayan sido ingresados formalmente ante la autoridad electoral federal.
Si bien el INE contrata monitoreos independientes para revisar noticieros y barras de opinión, los efectos de éstos no son tan claros como en el caso de los spots. Si se detectara alguna supuesta irregularidad en algún programa noticioso, de debate o informativo, la autoridad electoral se las tendrá que ver con el derecho de libertad de expresión, el derecho de comunicación, y el secreto periodístico de quienes lo difunden. Por otra parte, los tribunales electorales tendrán que intervenir en todos estos casos, generándose un previsible desgaste de la legitimidad de la autoridad y del propio proceso electoral.
Las autoridades electorales responsables del proceso electoral tendrán que enfrentar estos nuevos retos, y prever con tiempo los mecanismos adecuados para combatir el abstencionismo electoral, la inequidad de las contiendas, y buscar privilegiar el diálogo y debate de los candidatos, por encima del marketing político.
[1] El cálculo considera el número de minutos diarios (convertidos a spots de 30 segundos) que les corresponde a los partidos políticos en los periodos de precampaña, intercampaña y campaña; los días de duración de cada periodo electoral; las 61 estaciones de radio y los 13 canales de televisión cuya señal se origina en el Distrito Federal, según el catálogo de emisoras de radio y televisión en el Distrito Federal aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria por el Consejo General INE el 10 de diciembre de 2014.
[2] Ver en Guerrero Aguirre, Francisco Javier, El papel de la radio y la televisión, IEEM, Toluca, México, 2013, pp. 476-477.
[3]Calleja Gutiérrez Aleida Elsi y otros, Perspectivas y evaluación del modelo de comunicación político electoral en México, PNUD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Revista Mexicana de Derecho Electoral, Especial sobre Observación Electoral 2012, núm. 4, pp. 225-249, México, D.F. 2013.