Nicolás Maquiavelo sostenía que el Estado es un fin en sí mismo, que se encuentra por encima de todas las reglas de la moral y del derecho, así lo recoge brillantemente Raymond Gettel en su Historia de las ideas políticas. Bajo esta premisa, se justifica combatir por cualquier medio todo aquello que vaya en contra del orden público, todo ello, siempre, bajo la perspectiva y consideraciones de quienes ostenten el poder en determinado momento histórico.
Las acusaciones de espionaje, mejor dicho de intervenciones ilegales de comunicaciones privadas que se ciernen sobre las principales agencias de investigación en México, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), presuntamente cometidas contra defensores de derechos humanos, periodistas y adversarios políticos, parece darnos muestra –nuevamente- de que las autoridades gubernamentales están dispuestas a hacer lo que sea para garantizar el mantenimiento de sus intereses particulares, incluso a costa de los derechos de sus ciudadanos y en detrimento de los principios rectores de un Estado libre, democrático y de derecho.
La intervención de comunicaciones es una práctica ilegal, prohibida para todas las personas, pero sin duda, es peor si se perpetra por parte de los órganos del gobierno sin la justificación legal correspondiente, pues deja totalmente indefenso y vulnerable al ciudadano ante actos de prepotencia de algunos funcionarios públicos, que los perciben como enemigos de la oligarquía en el poder. El artículo 16 constitucional prohíbe expresamente la intervención de cualquier índole de las comunicaciones privadas, salvo que dicha intrusión se realice con la autorización de un juez y se trate de delincuencia organizada, en cuyo caso existe un procedimiento bien definido en el Capítulo Sexto, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En este sentido, el grupo de relatores en materia de derechos humanos de la ONU especializados todos ellos, en diversas áreas (Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad) exhortaron el pasado 19 de julio “…al gobierno mexicano a llevar a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización del spyware (…) denominado ‘Pegasus’ para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016.”
Además, los relatores destacan que las intervenciones de las comunicaciones privadas cometidas contra la población civil vulneran gravemente los derechos humanos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, por consiguiente, este tipo de prácticas “son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México.”
Es necesario detenernos un poco en este punto, un país en el que sus gobernantes tratan a sus ciudadanos como enemigos del sistema vetusto y corrupto que pretenden sostener a toda costa, permite reflexionar seriamente sobre la realidad imperante en las altas esferas del poder, la protección inescrupulosa de intereses personales por encima de un avance necesario en materia de justicia y paz social.
Es evidente que, desde la perspectiva de algunos gobernantes, el Estado mexicano puede hacer todo lo que le plazca, incluso al margen de la ley como en la Edad Media. En este escenario, se presume que desde el Poder Ejecutivo se han asumido funciones de juez interpretando y decidiendo quién debe ser objeto de vigilancia y en qué medida. He aquí una extralimitación que se ve agravada por la ausencia de verdaderos controles y contrapesos necesarios para el buen funcionamiento de un Estado de derecho.
Resulta en extremo absurdo e inadmisible que el control de las investigaciones en las que se intervienen comunicaciones privadas se realicen sin autorización judicial, peor aún, que el esclarecimiento de los hechos en este caso quede en manos de uno de los principales sospechosos de efectuar el “espionaje”, la PGR. Si bien es cierto que se trata de la dependencia gubernamental, que dada su naturaleza jurídica es el órgano competente para conocer de los hechos de intervención de comunicaciones ilícitas por tratarse de un delito federal, previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal, mismo que establece: “quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.” también lo es, que no se puede pasar por alto que el Ministerio Público de la Federación no es un órgano autónomo, en tanto que el titular de la PGR depende directamente del Presidente de la República. La transparencia e imparcialidad son puestas en duda, por las posibles injerencias políticas pueden afectar la eficacia de la investigación, hasta en tanto no contemos con un órgano investigador que sea totalmente imparcial e independiente del Poder Ejecutivo Federal.
Un control judicial efectivo e independiente sobre la actuación ministerial, que determine si la suspensión de un derecho está justificada y es proporcional, es la garantía de que el Ejecutivo no vulnerará derechos de los ciudadanos a su entera discrecionalidad.
Empero, la iniciativa de ley para crear una Fiscalía General de la República autónoma con patrimonio propio y personalidad jurídica, se encuentra estancada desde el año 2014. Aquí valdría la pena preguntarse, ¿qué intereses se pretenden proteger con el congelamiento de esta importante ley?