Le llamé a Rosa María hace como una semana y estaba llorando; el oxímetro le marcaba menos de 80 por ciento a su marido y ella sabía que eso era muy mala señal. Toda la familia estaba enferma por el virus, con resultados positivos en sus pruebas y síntomas clásicos: fiebre, dolores, náuseas, debilidad.
No querían ir a un hospital; finalmente un doctor amigo la convenció de que no la retendrían o entubarían contra su voluntad. Tras un par de horas, con mucho miedo decidieron enfrentar lo peor en un hospital covid cercano.
A su regreso dijo que los atendieron de inmediato, con mucha amabilidad en la revisión de cada uno y en la explicación de la receta que deberían surtir y los cuidados necesarios. Les abrieron expediente y les dijeron que tenían consulta abierta a cualquier hora y en cualquier día. Y que le cambiaran la pila al oxímetro porque estaba baja. De inmediato enviaron al hospital a las dos hijas también enfermas a que las valoraran.
Tal vez fuera un garbanzo de a libra; pero algunas señales nutren mi optimismo.
Los oxímetros, antes escasos y a más de mil pesos, ahora se encuentran desde los 280 pesos. Podría pensarse que aumentó la oferta, y también que ya muchos tienen el suyo y se están cuidando.
Científicos, médicos y curanderos están haciendo su tarea y han aprendido. Desde la ciencia nos dicen de la importancia de consumir buenas dosis de vitamina D y zinc hacen la diferencia entre hospitalización o cuidados en casa. Otra buena noticia es que el uso de tapabocas, y narices no lo olvidemos, reduce la carga viral primaria que se recibe y da lugar a infecciones menos graves, por lo que beneficia en alto grado al que lo porta. Eso hace que en todo el mundo el virus esté disminuyendo su agresividad.
Los médicos han aprendido y una consulta a tiempo reduce en mucho la probabilidad de hospitalización. Y hablando de curanderos es notable la cantidad de amigos, familiares, vecinos que, como cristianos en las catacumbas, a media voz revelan su experiencia directa en la que el dióxido de cloro les ayudó a salir delante de la enfermedad.
Se han desarrollado experiencias muy positivas en varios campos. Estados y municipios que reparten despensas, brigadas médicas comunitarias que en algunos lados tocan casa por casa para detectar casos y dar las recomendaciones correctas. Se han creado por lo menos dos universidades de la salud y se han contratado a varias decenas de miles de médicos y enfermeras en estructuras de atención que tienden a ser permanentes y crean la posibilidad de salir, o continuar, en esta epidemia con mejor atención a la que existía antes.
Todo ello contribuye a que los hospitales covid ya no estén saturados y su porcentaje de camas ocupadas haya bajado a 28 por ciento y de 25 por ciento en camas con ventilador.
Una experiencia particularmente relevante fue la subrogación de la atención de 17 mil 413 derechohabientes en 226 hospitales privados de 29 estados del país. El acuerdo entre el gobierno y los empresarios privados fue para la subrogación de 7 procedimientos quirúrgicos. Así se podrían atender a derechohabientes y beneficiarios del IMSS, ISSSTE, Pemex, Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina durante la emergencia sanitaria.
De los derechohabientes atendidos el 86 por ciento fueron del IMSS, 11% del ISSSTE y 3% del Insabi, Sedena, Semar y Pemex. El 81 por ciento de las intervenciones fue para partos y cesáreas, y 17 por ciento cirugías generales, 2 por ciento para urológicas y endoscopías.
El jueves 24 de septiembre se celebró con bombo y platillo la alianza entre el gobierno y los privados. Se declaró que fue un éxito, y se la dio por terminada. Lo cual resulta paradójico y es necesario hilar más fino.
Sí fue un éxito, pero también hay que tomarlo con una pisca de sal. Atender a más de 17 mil derechohabientes en hospitales privados es una buena cifra, para un experimento relativamente pequeño. El hecho es que ese dato podría haber sido varias veces mayor. El potencial era enorme y bien podrían haberse esperado incluso cientos de miles de pacientes referidos en un momento en que la pandemia saturó los servicios hospitalarios públicos sin que dejaran de existir las necesidades de atender las enfermedades y emergencias de siempre. Al mismo tiempo el temor ahuyentó de los hospitales privados a la clientela de procedimientos electivos no urgentes.
Estuvo bien esa alianza, pero no dio todo el ancho que cabía esperar debido a obstáculos creados por ambas partes. Del lado público la burocracia médica y administrativa se hizo la remolona para referir pacientes a los hospitales privados.
De lado empresarial firmaron el acuerdo bajo el temor a perder el control de sus hospitales debido a la gravedad de la emergencia. Aceptaron cobrar precios muy bajos; sólo los partos y cesáreas les dejaban alguna utilidad y en los otros procedimientos había hasta pérdidas. El acuerdo les permitía que en la práctica declararán que no tenían capacidad de atención para los procedimientos sin ganancias. Así que se concentraron en partos y cesáreas. Sin el estímulo de una mayor ganancia no presionaron para recibir muchos más derechohabientes referidos.
La experiencia fue buena y es rescatable, cosa de renegociar el acuerdo. Existen tablas de costos por tipo de paciente e intervención que deberían ser el referente de base y, me aseguran expertos, es posible determinar precios que dejen una ganancia atractiva a los empresarios hospitalarios y al mismo tiempo sean inferiores a los costos que tiene atender pacientes dentro de los hospitales públicos.
Los costos de la atención en el sector público son muy altos por dos motivos; la compra de muy costosos “servicios integrales” a proveedores privados y un manejo administrativo deficiente; mucha jerarquía y poco personal operativo.
Subrogar procedimientos quirúrgicos al sector privado en condiciones aceptables para ambos lados abriría un campo importante a la inversión privada en adecuar secciones, incluso abrir hospitales expresamente destinados a esta nueva vertiente de “atención social”. Renovar la alianza demanda renegociar precios y condiciones del servicio, adecuadamente supervisado, y asegurar la continuidad del trato en el largo plazo.
Lo que importa es acabar con las largas esperas de semanas para una cita, de meses para una intervención en un sistema hospitalario muy presionado, deprimente y con evidentes deterioros.
Inversión privada para la atención pública es la mejor, o única salida para asistir decentemente a la sociedad.