Normalmente las elecciones intermedias es el momento en el que la ciudadanía hace una primera evaluación del desempeño de gobierno de la administración federal o local en turno.
Así ha sucedido desde la ciudadanización de los procesos electorales con la creación del Instituto Federal Electoral para las elecciones de 1991.
Desde entonces el camino ha sido largo y tortuoso para la democracia mexicana, en el que la oposición jugó un papel determinante en insertar reformas a la Constitución y a las leyes electorales, mientras que el papel del gobierno y el partido en el poder fue mantener la mayor cantidad de posiciones políticas a contender, ya sea por medios lícitos y otros no tanto.
El próximo proceso electoral concurrente entre lo federal y lo local es la prueba para la democracia mexicana y para las instituciones electorales. Los partidos políticos se depositan en otra canasta, debido a que sus candidatos recurren al uso de métodos poco honorables para lograr el triunfo.
El problema viene cuando desde la oposición del poder político, las autoridades reconocen que participan en advertir que tal o cual candidato se está alejando de la legalidad, pero sin reconocer que los propios hacen las mismas prácticas.
Para tensar el ambiente político electoral viene el pronunciamiento sobre los presuntos actos ilegales cometidos por los candidatos de la oposición y nuevamente la vieja práctica de la politización de la justicia con fines electorales.
Los procesos electorales son muy parecidos a los modelos económicos. Para que los segundos generen bondades es necesario que el Estado sólo regule aspectos muy específicos, como los monopolios o los excesos, de tal forma que es posible que el mercado y sus actores produzcan sus propias inercias, de donde se obtenga la distribución de la riqueza, según sea el modelo.
Sucede lo mismo para los procesos electorales. Es posible que el proceso electoral salga avante y gane el que verdaderamente así lo exprese la voluntad ciudadana, sí y sólo sí, los actores políticos, candidatos y sus partidos políticos se ciñen al imperio de la ley. Para eso está diseñada, y si es superada existen los órganos competentes para solventar sus diferencias.
Se sabe que en cada proceso electoral surge alguna nueva práctica, laguna o vicio para que la norma sea perfeccionada una vez concluido el proceso electoral y los candidatos sean instalados en los cargos para los que fueron elegidos.
El poder que se persigue en cada elección es el motor para que los partidos políticos realicen toda clase de artimañas, jurídicas o no, para obtenerlo.
Lamentablemente el entusiasmo con el que buscan la obtención del voto, no se ve reflejado en los actos de gobierno.
Por eso la crítica y la opinión pública es necesaria en espacios democráticos, para que las autoridades no olviden sus compromisos de campaña, o bien, sean llamados al orden en sus actividades de gobierno, cuando su conducta se aleje del bien común o de los principios constitucionales y legales que juraron cumplir.