Las recientes elecciones en Francia en las que el novel político de centro, Emmanuel Macron, derrotó en segunda vuelta a la candidata ultraderechista Marine Le Pen, han puesto de nuevo sobre la mesa de discusión, particularmente entre el círculo rojo y el Partido Acción Nacional, la pertinencia de impulsar este modelo en nuestro país.
Incluso hace una semana, la Senadora Mariana Gómez del Campo presentó una iniciativa que se suma a otras muchas propuestas de legisladores de diversos partidos a lo largo de casi dos décadas, sin que hayan sido dictaminadas. Entre estas se encuentran la de los diputados Rafael Castilla del PAN en 1998, la de Fernando Ortiz Arana del PRI en 2001, la de Luis Miguel Barbosa del PRD en 2002, la de Leonardo Álvarez del PVEM en 2005 o la de senadores del PAN y PRD presentada en noviembre de 2016.
Sin duda es necesario revisar nuestro método de votación, sobre todo si partimos de la base que desde 1997 el partido en el poder no ha contado con mayoría en el Congreso, el porcentaje de votación de los ganadores de las últimas dos elecciones presidenciales ha estado por debajo de los 40 puntos, y se estima que quien obtenga el triunfo en 2018 lo hará con menos de un tercio de los votos, lo que impactaría en su legitimidad y márgenes de gobernabilidad.
Quienes están a favor argumentan que la segunda vuelta garantizaría al próximo mandatario el apoyo de más de la mitad del electorado dándole la posibilidad de encabezar un gobierno fuerte, mientras que los que se oponen señalan que se construirían mayorías ficticias que distorsionan el voto popular, y se incrementaría el costo de las elecciones. Pero independientemente de las diferentes posturas, se requiere de una discusión seria, con una visión de largo plazo en la que se analicen las diferentes alternativas así como sus efectos, y no en función de la coyuntura o el cálculo de lo que conviene a cada partido o candidato como parece ser el caso.
Aunque en el PRI hay posiciones encontradas, la que más ha permeado es que en una segunda vuelta la oposición tendería a aliarse en su contra, en tanto que para Morena se trataría de una estrategia de la “mafia en el poder” para derrotar “a la mala” a Andrés Manuel López Obrador, lo que políticamente la hace inviable para las elecciones presidenciales del próximo año, pues se requiere de un acuerdo político del más alto nivel que garantice la mayoría calificada en el Congreso Federal, así como la aprobación de 16 congresos locales por tratarse de una reforma constitucional.
Además, hay que tomar en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 105 de la Constitución, “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Es decir, cualquier reforma sustantiva en materia electoral tendría que aprobarse y publicarse a más tardar el 2 de junio -incluyendo la legislación secundaria-, toda vez que la organización del proceso electoral de 2018 inicia en septiembre de este año, con lo que desde el punto de vista jurídico y parlamentario ya es inviable en este momento. Que el debate continúe, pero la realidad es que la segunda vuelta en nuestro país tendrá que esperar.
@agus_castilla