El pasado 25 de enero, el INEGI presentó los resultados del Censo 2020. Dentro de ellos destacó que el número de hijos promedio por mujer en edad fértil cayó de 2.6 en el año 2000 a 2.1 en 2020. Esto es relevante porque la caída en fecundidad significa que la población envejecerá conforme pase el tiempo debido a que habrá menos población joven.
En los últimos años se ha observado una tendencia negativa en el número promedio de hijos por mujer en casi todo el mundo. Por ejemplo, en 1970, Brasil y Estados Unidos tenían en promedio 4.9 y 2.5 hijos por mujer, respectivamente. Sin embargo, 50 años después, esta cifra disminuyó a 1.7 hijos por mujer para ambos países.
En el caso de México, en 1970 una mujer tenía 6.6 hijos en promedio, uno de los niveles más altos en la región, pero desde ese año la cifra cayó de manera constante hasta ubicarse en 2.1 en 2020, justo en el límite para reemplazar a la generación actual.
La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que una fecundidad menor a 2.1 hijos por mujer sugiere que una generación no será capaz de reemplazarse y en consecuencia la próxima generación sería menor que la actual. Lo anterior tiene implicaciones económicas, fiscales y sociales que deben atenderse a través del diseño de políticas públicas que incorporen estos aspectos.
El dato de fecundidad reportado por el Censo 2020 no incorpora los efectos de la pandemia por la covid-19, pues la información fue levantada antes de que empezara el confinamiento y los impactos económicos. Sin embargo, es importante señalar que en estudios recientes se ha encontrado que una crisis puede tener un impacto negativo en el número promedio de hijos por mujer (Goldstein, Kreyenfeld, Jasilioniene, & Örsal, 2013).
Con una fecundidad en el nivel de reemplazo y el efecto de la crisis por covid-19, ¿qué pasaría si nuestra tasa de fertilidad disminuye de 2.1 a 1.8 hijos por mujer? De acuerdo con el simulador fiscal del CIEP, una caída de esa magnitud podría derivar en aproximadamente 8 millones de nacimientos menos durante 30 años, es decir, para 2050.
Otro dato del Censo fue que la edad mediana de la población en México aumentó de 22 años en el 2000 a 29 años en 2020. Ambos indicadores señalan el inminente envejecimiento de la población mexicana que tiene implicaciones importantes de política pública en cuanto a pago de pensiones, la atención médica y los cuidados de los adultos mayores.
Lo anterior implica que, con una población envejecida, la distribución del gasto público sería diferente. En principio, podría disminuir en el gasto en educación y el gasto en salud y pensiones tendería a aumentar por la transición epidemiológica y demográfica de la población. La combinación de todos los factores generaría más presión a las finanzas públicas.
*Francisco Alberto Pérez Pacheco
Investigador
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó prácticas profesionales en el Instituto Belisario Domínguez. Además de las finanzas públicas, está interesado en economía cuantitativa, ciencia de datos y migración, disciplinas que profundizó en su estancia en el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo) y como asistente de investigación en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente colabora en el CIEP en el área de transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico. Le motiva amplificar la voz de aquellos que no son escuchados.
*Alejandra Macías Sánchez
Directora de investigación
Realizó el Doctorado en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene experiencia en evaluación de programas, evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Ha trabajado en el programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es directora de investigación en el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas.