El pasado 20 de enero el gobierno del nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en funciones. Sus primeras acciones muestran que muchos de los planes que contemplaba durante su campaña irán adelante. Entre ellos, para preocupación de una buena parte de la población de este país y de las y los activistas ambientales, climáticos y de derechos humanos del mundo entero, los de promover, con aún mayor intensidad, proyectos de combustibles fósiles.
Su Primer Plan de Energía establece muy claramente que Trump “está comprometido a eliminar dañinas e innecesarias políticas como el Plan de Acción Climático y las regulaciones sobre agua”. Con esta medida, pretende eliminar mecanismos públicos que ponen ciertos frenos, aunque aún limitados, a inversiones sucias, que vulneran derechos humanos, degradan el ambiente y nos llevan al caos climático, pero que son fundamentales para evitar que dichas inversiones fósiles nos afecten a todas y todos. Sin embargo, esta postura no resulta tan sorprendente cuando leemos que buena parte del Gabinete de Trump está integrado por personas ligadas a la industria del gas y el petróleo; cuyo exponente más llamativo es el nombramiento de Rex Tillerson, Director Ejecutivo de la compañía petrolera Exxon Mobile desde 2006 hasta enero de este año, como Secretario de Estado.
Los argumentos utilizados para promover la llegada de nuevas empresas y proyectos de hidrocarburos al país no nos son ajenos, pues fueron los mismos que utilizó el gobierno mexicano durante la Reforma Energética. Entre ellos se encuentra la creación de empleos y el incremento de los salarios a los que estas medidas supuestamente llevarán, afirmaciones que se encuentran alejadas de la realidad. En EEUU esta industria únicamente contribuye con 0.5% del empleo total del sector privado. Otras actividades, como aquellas relacionadas con servicios de salud y asistencia social, generan alrededor de 28 veces más empleo a nivel nacional.
En este sentido, un estudio realizado por Corncerned Health Professionals de Nueva York y Physicians for Social Responsability en 2015 señala que las promesas de creación de empleo de la industria del petróleo y el gas han sido exageradas. Por el contrario, las empresas muchas veces contratan a personas procedentes de fuera y son empleos de muy corta duración. Mientras que lo que sí trae consigo la llegada de los proyectos a las comunidades estadounidenses es el aumento de la criminalidad, el comercio sexual, las agresiones sexuales y el abuso de drogas.
Pero hay otro punto en común entre los planes de Trump y los del gobierno de México y es la apuesta que ambos hacen por la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas, la cual requiere el uso de la fractura hidráulica o Fracking, y por la “revolución del gas natural”. Aquí, igualmente, señalan el beneficio público que esto implicará, pese a la sobrada evidencia que ya existe de que no es tal el beneficio y son muchos los perjuicios. No olvidemos que la extracción de gas y petróleo por fracking ya se lleva realizando más de una década en EEUU, promovida también por la Administración de Obama y, en particular, por Hillary Clinton, y ha mostrado sobradamente sus graves e irreversibles impactos.
Entre estos daños se encuentra la contaminación de las fuentes de agua potable que se utilizan para consumo humano y de aquellas con las que se riegan nuestros alimentos y bebe el ganado; la presencia en el aire de numerosas sustancias nocivas que dañan a quienes lo respiran; el aumento de enfermedades respiratorias, del sistema nervioso y de cáncer, así como de daños al sistema reproductor y a los bebés en desarrollo; los accidentes y enfermedades laborales asociados a la peligrosidad y toxicidad de esta actividad; los sismos y temblores que han causado importantes afectaciones en viviendas y la tranquilidad de las poblaciones (y que, incluso, ya se han comenzado a sentir en el norte de México, en ciudades como Monterrey); y, las grandes cantidades de gases emitidas a la atmósfera, que contribuyen al cambio climático. Con este historial, lo que queda claro es que no es el interés público lo que está primando en las decisiones, sino más bien el de las corporaciones cuyos intereses se entrelazan con los de funcionarias y funcionarios públicos.
Por último, no podemos dejar de señalar otra similitud entre las políticas energéticas de uno y otro lado de la frontera: la promoción de proyectos vulnerando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Esta misma semana Trump autorizó dos oleoductos, Dakota Access y Keystone XL, tristemente famosos por las afectaciones a territorios ecológicamente frágiles y pertenecientes a poblaciones originarias y por la resistencia social que han desatado. Lo mismo está ocurriendo en México, donde el gobierno ha dado numerosos permisos para la construcción de ductos para el transporte de hidrocarburos, que atraviesan territorios indígenas en Chihuahua, la Sierra Norte de Puebla, San Luís Potosí, Veracruz y otras regiones del país. Tanto comparten ambos países, que es incluso la misma empresa, Transcanada, la que construye parte de esta infraestructura en los dos.
Ante esta situación compartida, es urgente que desde la sociedad fortalezcamos los lazos de solidaridad con nuestros vecinos del norte y unamos esfuerzos para evitar que la promoción de las inversiones se haga por encima de los derechos humanos, el medio natural y el sistema climático global. Es tiempo de derribar o saltar los muros existentes, no de construirlos.
Por Aroa de la Fuente López: Investigadora sobre Industrias Extractivas.