Fue en septiembre de 2017 cuando una investigación periodística hecha por Animal Político mostraba como 128 empresas habían sido utilizadas por alrededor de 50 funcionarios del Gobierno Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos de 11 dependencias gubernamentales y 8 universidades públicas por un monto aproximado de 7 mil 670 millones de pesos.
Para un gobierno saliente y que enfrentaba, una de sus mayores crisis de aprobación, la investigación cayó como un balde de agua helada, pues era la antesala para el proceso electoral de 2018 en que ya se vislumbraba una derrota para el partido en el poder.
Hay que señalar que dicha investigación inclinó la balanza electoral en favor de MORENA y su histórico candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador tal vez sería exagerado, pero está confirmó algo que ya estaba en la cabeza de los mexicanos: la corrupción había llegado a su máxima expresión.
Ya con un nuevo presidente, el reclamo popular por el esclarecimiento de uno de los saqueos más escandalosos de la historia contemporánea mexicana no se hizo esperar, además de que esto permitía al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete confirmar y legitimar lo que habían venido diciendo por mucho tiempo, “México estaba en manos de la mafia del poder”.
Fue el 13 de agosto de 2019 cuando la ex Secretaria de Desarrollo Social y ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles fue puesta en prisión preventiva acusada de peculado.
Hoy la atención queda un tanto desviada, a Rosario Robles le fue negada la posibilidad de continuar con su proceso en libertad, el juez Ganther Alejandro Villar tomó la decisión de mantenerla en prisión preventiva, argumentando un “elevado riesgo de fuga” y aunque ella ha argumentado tener problemas de salud, esto no fue una razón suficiente para otorgarle el beneficio.
¿Es Rosario Robles un preso político? Lo que pone en entredicho la situación actual de Rosario Robles es el hecho de que muchos de los implicados en la investigación gozan de total libertad e impunidad.
La Estafa Maestra se convirtió en una carrera de soplones que, con la mayor disposición se han puesto al servicio del Estado Mexicano para a través de su dicho señalar y perseguir a ex funcionarios peñistas.
Es de todos conocidos que Emilio Zebadúa se convirtió en el testigo protegido de la Fiscalía General de la República, aunque en documentos ha dado varios reveses a la justicia mexicana, goza de libertad y hasta se da el lujo de detallar la manera en que se operaban los fraudes y los contratos ilegales.
El hecho de que Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, pueda darse la gran vida en restaurantes y en completa libertad, siendo que está implicado con este y otros escándalos millonarios, es un burla al sistema jurídico mexicano.
Rosario Robles dice ser un preso político, acusa al Gobierno de la República de mantenerla en prisión por no acceder a implicar a otros ex funcionarios de primer nivel y al mismo ex presidente Enrique Peña Nieto en el desfalco de más de 7 mil millones.
Que los culpables que pactaron estén en la calle no justifica que Rosario Robles salga en libertad, lo que el Estado Mexicano debería garantizar es que todos ellos paguen sus culpas, purguen sus penas y reparen el daño millonario hecho a la nación.
Si Rosario Robles es un preso político no lo sé, Lozoya, Zebadúa y muchos otros más deberían ser carne de presidio y no testigos de lujo de un gobierno que presume todas las mañanas estar acabando con la corrupción.