Hace algunos días, los dirigentes en la #CDMX de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propusieron crear una "Ley de Muerte Política" para funcionarios "vinculados a proceso y sentenciados" por actos de corrupción.

La propuesta no es para morirse de risa


Tampoco para que sea ignorada por la Asamblea Legislativa de la capital del país. El organismo del sector privado solicitó a las y los legisladores una normatividad con la que se evite que los políticos corruptos "se rían de sus captores y detractores", porque saben que la sanción no pasará del desprestigio público, el cual es casi siempre temporal.

El castigo debe ser justo, pero contundente


Por eso —y de acuerdo con los parámetros que se tengan que definir— el objetivo principal sería que "se inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular (para evitar que consiga tener fuero) ni pasar a otro encargo en la función pública".

El concepto no es totalmente nuevo


Su más lejano antecedente viene de Grecia, en donde se estableció la muerte civil, con la que se consideraba desaparecida o inexistente a la persona sancionada por algún delito grave. En otras palabras, era equivalente al destierro, sin ninguna protección del Estado, lo que tarde o temprano podía, en realidad, producir su muerte por venganza o impunidad.

El término jurídico hoy es obsoleto


Sin embargo, en años recientes el tema se retomó en algunos países. En Perú, por ejemplo, se aprobó hace un año la Ley de Muerte Civil para funcionarios condenados por corrupción. La medida no solo fue un interesante acto de #ComunicaciónPolítica, sino una medida significativa que recibió la aprobación y el apoyo de las principales fuerzas políticas del país.

La ley es conocida como el Decreto 1243


Con este se modificó el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública.

También se creó el Registro Único de Condenados Inhabilitados


Aunque las críticas de algunos consideran que la norma atenta contra los #DerechosHumanos de los políticos, porque son para todas y todos sin excepción, la experiencia está sentando un precedente que no debe ser desechado tan fácilmente de cualquier marco jurídico moderno. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se trata de un acto de justicia viable y factible, además de un elemento disuasivo que podría poner freno a un terrible mal que aqueja al país desde hace mucho tiempo.

En Perú están demostrando que sí es posible

 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue más allá de la muerte civil. En febrero presentó otras iniciativas para combatir la corrupción. Destacó un decreto que dicta que las empresas del sector privado condenadas por corrupción nunca más puedan tener un contrato con el Estado y que las ganancias adquiridas por la venta de sus activos sean destinadas a un fondo que asegure el pago de multas y deudas.

También propuso triplicar el presupuesto de la Fiscalía anticorrupción


Y al mismo tiempo la creación de un sistema de recompensa a ciudadanos y servidores públicos que denuncien los actos de corrupción. Lo que se busca con el plan de carácter integral es poner freno a los altos niveles que la impunidad ha alcanzado durante las últimas décadas.

La iniciativa de #Coparmex no debería ser desechada


Es más, debería ser llevada al ámbito federal para incrementar su fuerza y alcances. Pero la poca cobertura noticiosa y el casi nulo interés que recibió por parte de los partidos políticos, gobiernos y líderes de opinión vislumbran que la discusión y aprobación de una ley con estas características no la veremos en el corto plazo.

Por lo menos, no antes de la #Elección2018


Los niveles de conflicto y confrontación que podría provocar la nueva ley serían, con toda seguridad, mayores a los que se han generado con el nombramiento del Fiscal General del país y la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (#Fepade).

Así que habrá que esperar una mejor oportunidad


Mientras tanto, sería importante que otras instituciones y organizaciones se sumen a la iniciativa de #Coparmex. También que la discusión y el debate entren a las campañas electorales del próximo año. Pero sobre todo, que el tema sea tratado con mayor fuerza y se imponga en las #RedesSociales pues desde este espacio se podría ejercer la presión que la propuesta amerita.


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