La impunidad está en el centro de los grandes problemas nacionales. Ante la violencia y la inseguridad, la corrupción y los conflictos de interés, los ciudadanos tienen la certeza de que quienes cometen delitos no serán investigados y mecho menos sancionados. Que el poder cobija y protege al delincuente. Quien la hace no la paga, este el principio rector de nuestra vida pública.
Algunas escenas recientes de la vida nacional:
Un grupo de diputados pide a presidentes municipales que se “mochen” con un porcentaje a cambio de entregarles recursos del presupuesto federal.
Un contratista del gobierno patrocina las operaciones inmobiliarias de miembros del gabinete y la familia presidencial.
El presidente de la República nombra a un amigo como el responsable de investigar un escándalo de conflicto de interés con repercusión internacional.
Un exgobernador, de uno de los estados más pobres del país, se convierte en un magnate del sector inmobiliario en los Estados Unidos.
Otro ex gobernador, de otro de los Estados más pobres del país, permitió que una red de familiares y subordinados desviaran recursos federales y estatales asignados a su administración.
Un jefe delegacional en el Distrito Federal, al que se descubre que utiliza camionetas propiedad de contratistas, obtiene la nominación como candidato plurinominal a diputado por su partido.
La filtración de cuentas bancarias de HSBC en Suiza pone en evidencia la existencia de una nueva generación de saca dólares y evasores fiscales.
Partidos políticos que sistemáticamente violan las leyes electorales que emiten sus propios legisladores desde el Congreso.
A lo que se añade que la profunda crisis de seguridad pública que enfrentamos, la “democratización” del delito, irremediablemente supone la colusión de autoridades y organizaciones criminales.
Todos estos casos tienen algunas cosas en común.
Primero, representan la punta de un iceberg cuya dimensión apenas comenzamos a comprender los mexicanos.
Segundo, ningún partido puede darse el lujo de arrojar la primera piedra porque esto afectará a todas las fuerzas políticas.
Tercero, involucra necesariamente la participación de autoridades como agentes activos del delito o la corrupción.
Cuarto, estos asuntos se convierten en escándalos públicos no gracias a la capacidad de la autoridad para prevenir o investigar violaciones a la ley, sino como resultados de situaciones meramente circunstanciales y accidentales.
Finalmente, el círculo de retroalimentación del delito y la corrupción es posible porque los delincuentes saben que las probabilidades de ser identificados y detenidos es baja y la impunidad prácticamente una certeza.
No tiene sentido llamar a resolver los problemas públicos a través de reformas legales, otro paquete más de reformas legales, cuando las autoridades responsables de implementarlas pueden violarlas alegremente sin consecuencias. Cuando el respeto a la ley se convierte en un asunto sujeto a intereses políticos e intereses inconfesables.
Dice Avishai Margalit que una sociedad decente es aquella en la que las instituciones no humillan a las personas. La profunda crisis y la degeneración institucional que vivimos, refleja un estado de cosas en el cual los ciudadanos pueden ser sistemáticamente humillados por las autoridades desde las instituciones públicas. La savia de nuestra indecencia pública es la impunidad.
Es el momento de colocar en el centro del debate nacional el efecto profundamente destructivo que ha tenido la impunidad de México, así como sus consecuencias para nuestra vida política, económica y social.
Sin definiciones públicas claras para enfrentar el problema de la impunidad, acciones medibles, verificables y reportables, México terminará irremediable e indefinidamente estancado en la trampa de la exclusión social, la violencia y la degeneración institucional.