Opinión

Es infame atacar a las víctimas

El gobierno sigue en la ambigüedad ¿abrazamos o baleamos? y, peor aún, sigue incitando a la confrontación entre ciudadanos. | Francisco Rivas

  • 29/01/2020
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En 2004, ante una de las tantas olas de violencia que el país ha vivido, centenares de miles de personas inundaron la capital vestidas de blanco para protestar contra la violencia, fue una marcha silenciosa, pacífica, sin daños a personas o a bienes públicos o privados.

Una acción que fue capaz de generar movimientos ciudadanos en favor de la seguridad, que puso a los mexicanos en la mira internacional como un pueblo capaz de unirse y con civilidad exigir paz, y que obligó a la autoridad a implementar políticas específicas de combate al secuestro.

Muchos mexicanos han salido desde entonces a manifestar su dolor, su preocupación y enojo poniendo así en evidencia las deudas de los tantos gobiernos.

El domingo 26 se llevó a cabo una nueva marcha con el objetivo de recordar la masacre ocurrida en contra de mujeres y niños de la familia LeBarón en Sonora y exigir un “¡ya basta!” a la violencia que dejó en 2019 a por lo menos 35,558 víctimas de homicidio doloso -de las cuales por lo menos 1006 fueron de feminicidio-; 1,614 de secuestro; 8,523 de extorsión; 61,637 personas que aún están desaparecidas y a millones más de delitos patrimoniales.

Un reclamo genuino, justificado, sin interés partidista recibió tres cachetadas: la del presidente López que decidió no recibirlos y los denostó, llamando este movimiento “show”; la de exactivistas sociales, hoy integrantes del régimen, que en redes sociales se burlaron y criticaron a quienes ayer apoyaban y, por último, de ciudadanos que -más o menos genuinamente- los agredieron verbal y con empujones, para evitar que el contingente llegara a la plancha del Zócalo.

Probablemente al presidente no le gusta recordar que fue él quien incansablemente prometió que la violencia bajaría desde el primer minuto de su gobierno, y que desde entonces ha puesto él mismo fechas fatales que no se cumplen, que su primer año de gobierno es el de la mayor tasa de homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo desde que estos se registran; el segundo peor año en materia de extorsión; el tercero en violación; el quinto peor en robo con violencia y el octavo peor en materia de secuestro y de robo a transeúnte. A nadie nos gusta que nos recuerden nuestros fracasos.

No obstante, si el presidente conocía, como afirma conocer el país ¿no sabía la gravedad de lo que le iba a tocar enfrentar? ¿Mintió y no conoce? ¿Fue ingenuo y no escuchó? Sea como sea, el presidente, su gobierno y su partido revictimizaron a quienes han sufrido el dolor de la violencia y traicionaron a los mexicanos.

Mientras la gente llama a la paz, el país vive un inicio de año que hace pensar que 2020 rebasará a 2019 en materia de incidencia delictiva y violencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Durazo insiste en que sí hay una estrategia y afirma que es un cliché afirmar que no la hay.

¿Qué debería hacer el gobierno para recuperar la paz? Desde el Observatorio Nacional Ciudadano ya le hemos hecho llegar propuestas específicas que, en resumen, apuntan a redirigir el gasto público y crecer específicamente el gasto en seguridad en un 200% con una lógica de crecimiento para los próximos años, desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación del mismo; potenciar la procuración de justicia y el sistema penitenciario; desarrollar coordinaciones nacionales de aquellos delitos prioritarios que interactúen entre sí desarrollando inteligencia para desarticular redes, perseguir el delito y no los delitos en particular atomizando la capacidad del Estado, entre otras.

Sin embargo, el gobierno sigue en la ambigüedad ¿se persigue o no a la delincuencia organizada? ¿Se construyen o no instituciones de seguridad y justicia? ¿Abrazamos o baleamos? y, peor aún, sigue incitando a la confrontación entre ciudadanos.

Karl Stojka, un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz dijo “no fue Hitler a deportarme, golpearme y matar a mi familia. Fue mi vecino, el panadero, el policía al que le dieron un uniforme y les hicieron creer que eran una raza superior”.

Lo que vimos el pasado domingo es un retroceso importante para la democracia en nuestro país, para la necesaria participación social y sitúa a este gobierno a la par de regímenes autoritarios del presente y del pasado que lastiman a quienes opinan diferente.