Opinión

Errores en la prevención del delito

El Gobierno Federal debe plantearse la posibilidad de concentrar gran parte de los recursos que se destinan para la prevención del delito.

  • 14/02/2015
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En países como el nuestro, el gobierno tiene que lidiar constantemente con la necesidad de resolver problemas complejos, utilizando recursos escasos, por tal motivo, se vuelve indispensable que el gobierno invierta el dinero en aquellos programas que pueden tener el mayor impacto al menor costo posible, o dicho lo anterior de otra forma, debido a que se tienen pocos recursos para afrontar un problema, quienes diseñan las políticas públicas tienen que sopesar varias alternativas y decantarse por aquella que puede ofrecer mejores oportunidades de incidir de forma positiva en la solución del problema.

 

A la luz de lo anterior, cuando uno lee el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, queda la sensación de que el gobierno federal quiere atacar de forma superficial a casi todas las causas que pueden generar el delito, pero sin implementar acciones que vayan al fondo de ninguna de estas causas, por lo que no se puede descartar que a mediano plazo, el resultado de dicho programa sea que no se logró tener un impacto relevante en el control de ninguna de estas causas.

 

En el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se enumeran hasta 32 causas (agrupadas en 9 grandes bloques), que incrementan las probabilidades de que las personas decidan participar en actos ilícitos y para la mayoría de estos factores, se proponen una o más estrategias, sin embargo, dichas estrategias están planteadas de forma general, lo cual no permite que los ciudadanos sepan: a qué se está comprometiendo el gobierno, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que encabeza Roberto Campa Cifrián.

 

Es decir que en pocas palabras, el programa intenta atacar todas las causas a la vez, pero lo preocupante es que en el documento base, cada una de las estrategias se expone mediante ideas vagas, que no nos permiten saber ¿qué va a hacer el gobierno? Por ejemplo, una de las estrategias es: “Promover acciones para fortalecer las competencias parentales que apoyen el desarrollo de niñas y niños”, sin duda éste es un objetivo loable, pero en dicho enunciado caben decenas de acciones y no todas ellas van tener el mismo impacto y el mismo costo.

 

Derivado de lo anterior, en la operación del programa hay márgenes de discrecionalidad tan amplios, que el personal de la Subsecretaría puede hacer pasar una estrategia tan fuera de lugar como regalar lentes en las escuelas, como parte de uno de los ejes de acción, cuando no existe ninguna evidencia que vincule el obsequiar lentes con la disminución del crimen y aún si la hubiera, difícilmente esta sería significativa. Dicho de otra forma, si lo que se quiere es prevenir el delito, sin duda podremos encontrar cientos de estrategias que pueden tener un mayor impacto que el regalar lentes en las escuelas.

 

No quiero afirmar que muchas de las estrategias que hoy implementa la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana no puedan tener un impacto positivo en la disminución de la delincuencia y la violencia, lo que digo, es que hay otras estrategias que podrían tener un impacto mayor. De eso se trata el diseño de las políticas públicas, de elegir la mejor estrategia entre varias posibles, para tratar de resolver un problema público, es decir, que las autoridades tienen muchas alternativas para enfrentar un problema y muchas de esas alternativas pueden tener un impacto positivo, pero de lo que se trata, es de elegir la opción que tenga el mayor impacto, ya que eso nos permitirá economizar recursos y disminuir los efectos negativos que se derivan del problema público.

 

Por ejemplo, en el programa se ha privilegiado la realización de actividades de esparcimiento, es decir, se organizan torneos deportivos, se llevan a cabo talleres culturales, se realizan eventos masivos y se han acondicionado cientos de espacios públicos. Sin duda el deporte y la cultura son actividades que pueden alejar a miles de jóvenes del crimen; sin embargo, este tipo de actividades deben de complementarse con otras que promuevan el desarrollo de las capacidades productivas y laborales de las poblaciones que se encuentran en peligro de incurrir en conductas delictivas, ya que de lo contrario, muchos jóvenes y adultos seguirán en riesgo de caer en la tentación de involucrarse en actividades ilegales.

 

El desarrollo de las capacidades productivas y laborales de las poblaciones en riesgo apenas ha sido atendido por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, lo cual es un absurdo, porque la falta de oportunidades laborales y la precariedad en la que viven muchos mexicanos, es quizá la causa que más incide en las altas tasas delincuenciales que hoy sufre el país.

 

Debido a que no todas las causas tienen el mismo peso, el Gobierno Federal debe plantearse la posibilidad de concentrar gran parte de los recursos que se destinan para la prevención del delito, en la generación de estrategias que ayuden a las personas que viven en situación vulnerable, a mejorar sus posibilidades laborales, ya sea mediante programas intensivos de capacitación profesional, becas, apoyos escolares, desarrollo de habilidades, generación de cooperativas productivas, apoyos a los productores rurales, programas de sustitución de cultivos[1], etcétera.

 

Otro de los grandes problemas del programa, es que no existen criterios rigurosos para la evaluación del éxito o del fracaso de cada una de las estrategias, ya que todos los indicadores que se exponen en el propio programa, así como en el portal www.nosmuevelapaz.org, son en realidad indicadores de operación, es decir, que sólo nos dan a conocer los montos que se invirtieron en el programa o el número de actividades que llevaron a cabo, pero desconocemos si alguna de estas actividades ayudó a reducir la incidencia delictiva. Y como no se ha llevado a cabo una evaluación rigurosa de los resultados del programa, no sabemos si los recursos invertidos, se han traducido en un beneficio social.

 

Derivado de lo anterior, muchas de las facturas y documentación que se  presenta en el portal  www.nosmuevelapaz.org, no es lo suficientemente precisa, ya que muchas de las facturas de los proveedores regionales del programa, muestran cantidades globales, que no permiten que los ciudadanos sepamos cuál es el costo desglosado de cada obra u actividad, por ende, tampoco existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan verificar, si todos los insumos que eran necesarios para el desarrollo de las actividades, se entregaron en tiempo y forma.

 

También se advierte que se han pagado montos excesivos por la implementación de algunas actividades que no resultan tan relevantes. Por ejemplo, en Nezahualcóyotl se destinaron 2 millones de pesos para la creación de cinco redes ciudadanas y el proyecto ejecutivo (que sólo describe el objetivo general de la redes y desarrollo de las acciones que éstas llevarían a cabo) tuvo un costo de 800 mil pesos[2].

 

Ejemplos como este hay otros, por ello es necesario que la rendición de cuentas en materia de prevención del delito se materialice en el corto plazo, para así evitar el dispendio de recursos. Es necesario que el portal www.nosmuevelapaz.org se convierta en un medio para la rendición de cuentas, ya que hasta el momento sólo ha servido para dejar en evidencia que se están invirtiendo de forma incorrecta los recursos que podrían ocuparse para el objetivo central del programa: prevenir el delito.

 

El tercer gran problema que tiene el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es que se ha privilegiado el impacto mediático sobre la solución del problema de fondo, ya que por momentos pareciera que el programa apuesta por ser visible, antes de ser efectivo, y eso queda muy claro cuando se hace un análisis de las localidades y las colonias en las cuales se implementa el programa, ya que el mismo se enfoca a las grandes ciudades de este país y muchas de las actividades se realizan en colonias céntricas, esto a pesar de que un programa de prevención del delito debe atender a las localidades que presentan las mayores tasas per cápita de delincuencia, sean éstas rurales o urbanas. Lo que hoy pasa en Guerrero y Michoacán, nos demuestra que muchas poblaciones rurales de este país, literalmente están coptadas por el crimen organizado y requieren ser atendidas.

 

También es importante que las actividades del programa se lleven a cabo en las colonias con mayor incidencia delictiva y no sólo en aquellas que permiten que el programa tenga mayor visibilidad, ya que de lo contrario, se estaría saboteando la esencia del programa y pervirtiendo los objetivos del mismo.

 

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

 

[1]     Dirigido a los productores rurales que hoy se dedican al cultivo de drogas.

[2]     En la siguiente dirección de internet se puede consultar la propuesta técnica del proyecto en cuestión: Anexo Técnico del Convenio UAEM Nezahualcoyotl