Semanas atrás la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le revocó la representación del partido opositor Partido Liberal Independiente (PLI) al dirigente y parlamentario Eduardo Montealegre para entregársela a Pedro Reyes. Para muchos, esta movida busca anular a quién fuera contendiente de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 2006 y candidato para las de noviembre de este año, para otorgarle la conducción del partido a un dirigente que se considera es cercano a Ortega. Para los venideros comicios, Ortega ha escogido como su compañera de fórmula para la vicepresidencia a su esposa Rosario Murillo, lo que ha llevado a las fuerzas opositoras, incluyendo a antiguos compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a denunciar la pretensión de querer implantar un régimen dinástico similar a la dictadura somocista que derrocaron décadas atrás.
Sumado a lo anterior, a finales de junio el Tribunal Electoral revocó de sus cargos a los 28 diputados opositores (16 principales y 12 suplentes), anulando a las fuerzas opositoras dentro del Legislativo y dejando en evidencia la injerencia del poder judicial, controlado por Ortega, en los otros poderes públicos del Estado nicaragüense. Ante estos hechos, representantes del gobierno han desestimado las denuncias por cooptación de los poderes públicos argumentando que la alineación de todas las instituciones del Estado con el proyecto sandinista garantiza la estabilidad e implementación de las políticas de la “democracia social” del gobierno de Ortega.
Mientras esto ha venido ocurriendo en el país centroamericano, vemos como en Venezuela desde la elección del nuevo parlamento en diciembre de 2015, donde los partidos de oposición agrupados en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lograron una amplia victoria. Se han impulsado procedimientos que buscan mermar la autonomía de la Asamblea Nacional (AN). Poco antes de que el cuerpo legislativo saliente concluyera su periodo, convocó sesiones extraordinarias fuera del periodo legislativo para designar apresuradamente nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en franca violación de sus propios reglamentos y procedimientos.
Este nuevo TSJ ha actuado como una especie de defensor privado de Nicolás Maduro y sus intereses, a través de la promulgación de más de 18 sentencias contra las leyes sancionadas por la AN, dejando en evidencia un procedimiento que atenta contra el principio de autonomía de los poderes públicos. La hegemonía chavista gobernó durante más de 10 años con una amplia mayoría en el cuerpo legislativo, acostumbrada a no tener que enfrentarse a una representación opositora robusta, la dinámica de contrapesos entre los poderes se le hace incómoda. Esta actitud no es nueva, basta volver a 2009 y recordar a Luisa Estella Morales, quien fuese presidenta del TSJ, cuando declaró que “la división de poderes (…) es un principio que debilita al Estado”.
Mientras esto sucede, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se interpreta a conveniencia sus propios reglamentos, para dilatar el proceso de convocatoria del referendo revocatorio que impulsa las fuerzas políticas opositoras contra el presidente Maduro. Esto ha generado malestar en toda la ciudadanía ya que al revisar la actuación del CNE en la organización de procesos electorales anteriores, se evidencia que en aquellos que coincidieron con momentos en los que el gobierno chavista contaba con altos niveles de aprobación, la misma fue mucho más expedita, lo que sugiere la imparcialidad del árbitro electoral.
Lo cierto es que la autonomía de poderes que tanto incomoda a los presidentes de Nicaragua y Venezuela, forma parte del diseño institucional de las democracias contemporáneas. Esto no es un mero capricho de los defensores de la democracia liberal-representativa, el mismo se ha pensado como un mecanismo que busca ponerle frenos y contrapesos a un Estado que pueden vulnerar los derechos de sus ciudadanos, lo cual se hace necesario y urgente en los casos nicaragüense y venezolano, ante la evidencia de unos gobiernos que aumentan progresivamente sus formas autoritarias.