"Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad", es una frase cargada de ironía con la que el filósofo John Locke retrataba la actitud de los gobernantes despóticos que no estaban dispuestos a ceder ante las evidencias, a pesar del costo que implicaría para ellos y para sus gobernados.
Esa misma actitud se ha visto en la actuación e iniciativas del gobierno federal en estas fechas, pero bajo la variante de “si la reforma eléctrica no es constitucional, peor para la Constitución”. Sin importar las consecuencias que esto pueda traer para el futuro del país y de los mexicanos.
No sólo hablamos de costos por los incrementos en las tarifas eléctricas y la cancelación de contratos; sino también de graves daños ambientales, de salud y perjuicios en contra del Estado de Derecho.
Estas realidades no le han importado al gobierno debido a que está cegado por su propio discurso ideológico. Es por ello que deliberadamente ignoró que varias de las disposiciones de esta reforma ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte cuando analizó la “Política de Confiabilidad” de la Secretaría de Energía.
Y haciendo caso omiso de lo sentenciado por la Corte, el presidente envió una iniciativa preferente con las mismas disposiciones que habían sido vetadas. Pero con la agravante de que ordenó a sus legisladores “no mover una sola coma” a su propuesta; convirtiendo de esta forma al poder legislativo en una mera oficialía de partes.
Pero no bastó con el sometimiento del poder legislativo. Tras las medidas cautelares otorgadas por el poder judicial a las empresas que se vieron afectadas, desde Palacio Nacional comenzaron las amenazas y descalificaciones en contra de los jueces; incluso insinuando posibles actos de corrupción sin presentar pruebas.
Lamentablemente estas actuaciones han sido una constante. Apenas días atrás los ataques eran en contra de la Auditoría Superior tras haber informado que los costos de la cancelación del aeropuerto eran mayores a lo reportado por el ejecutivo. Al final las presiones surtieron efecto, separaron de su cargo al auditor encargado del informe y la Auditoría se retractó.
Todo lo cual resulta preocupante y debe activar una alerta democrática. Giovanni Sartori afirmaba que “la diferencia entre democracia y lo contrario a ella, radica en el hecho de que en la democracia el poder está distribuido, limitado, controlado y se ejerce en rotación, mientras que en una autocracia el poder está concentrado, es incontrolado, indefinido e ilimitado”.
Bajo esta definición resulta claro que la serie de ataques en contra de los organismos autónomos y la reciente campaña en contra del Poder Judicial son perjudiciales y ponen en riesgo nuestra democracia.
No hay que olvidar que, como sostienen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro “¿Cómo mueren las democracias?”, en los últimos años las democracias no han terminado por un golpe militar o una revolución, sino por gobiernos electos democráticamente que lentamente van debilitando sus instituciones esenciales, “como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales”.
Hasta el día de hoy la respuesta de los jueces ha sido la ratificación del criterio otorgando una serie de suspensiones provisionales y la concesión de suspensiones definitivas que frenan la reforma mientras se resuelve si se concede o no el amparo. Por su parte el gobierno amenaza con cambiar la Constitución y reformar la Ley de Amparo mediante una iniciativa que pondría en riesgo las garantías individuales.
Ante estas agravantes el llamado hoy debe ser a defender la Constitución y nuestras instituciones democráticas. Labor que corresponde no sólo a los partidos políticos de oposición sino también a la ciudadanía organizada. Es fundamental que en las próximas elecciones se conforme una cámara baja con contrapesos, a fin de que ésta se constituya nuevamente como un instrumento para el equilibrio de poder.