La violencia contra la mujer históricamente ha sido el talón de Aquiles del Estado mexicano, se requiere de voluntad política de todos los órdenes de gobierno para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida digna y plena de desarrollo.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), desde 1975 declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para conmemorar la lucha de las mujeres por un futuro de igualdad con los hombres, en el campo laboral, en la toma de decisiones de la vida pública, en la política y en todos aquellos espacios que hagan efectivo el derecho a su desarrollo pleno.
Sin embargo, en la actualidad esta lucha por el reconocimiento y efectivo acceso a estos derechos, ha venido acrecentando movimientos feministas en todo el mundo. En México, la atención a la problemática de la violencia contra la mujer, se ha desarrollado de manera paulatina con grandes sesgos y brechas que se busca eliminar y, que en marzo de 2020 dio lugar a aquella y emblemática –diría yo- marcha de las jacarandas en la Ciudad de México, cuando cientos de miles de mujeres se manifestaron.
Apenas, en el año 2007, se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia1, como resultado del empuje de grupos activistas fundamentalmente feministas, organizaciones civiles y de la academia. Teniendo como principios rectores la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres.
Principios que se leen fácil, pero que marcan la ruta hacia estadios en que los derechos humanos de las mujeres sean verdaderamente cumplidos. Lamentablemente, la problemática de la violencia de género, sólo ha servido de material argumentativo para los discursos políticos. Discursos encauzados por el trabajo de organizaciones o grupos feministas que lograron colocar en el centro del debate y en ciertas políticas públicas el problema de la violencia contra las mujeres.
Puede decirse, que se cuenta con un reconocimiento -formalmente- del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, establecido en la ley. Sin embargo y como suele suceder, la implementación de acciones para hacerla efectiva sigue siendo el talón de Aquiles del Estado mexicano. Esto es, conceptos tan socorridos como el de “empoderamiento” para justificar la aplicación de determinadas políticas públicas, poseen un ingrediente especial, un tipo de auto responsabilidad, es decir, la filosofía de ese término utilizado incluso en discursos de grupos feministas, supone que sea la misma persona (mujer) la que, a través de sus propias capacidades y habilidades logre el cumplimiento de sus derechos y necesidades fundamentales, donde el papel del Estado es o debe ser un mero facilitador para el logro tales aspiraciones.
Sin embargo, si atendemos al discurso del empoderamiento en el sentido antes apuntado, se corre el riesgo de privilegiar solo a ciertos grupos de mujeres (las más preparadas o capacitadas). Esto es, a las mujeres con mayores oportunidades de preparación y desarrollo, pero ¿y el resto?, por ejemplo: las segregadas o marginadas en comunidades indígenas, no presentarían las mismas condiciones de competencia en todos los ámbitos de desarrollo. Esto en sí mismo constituye un tipo de violencia por discriminación. La igualdad de oportunidades de desarrollo, la libertad y el respeto a su dignidad, son requisitos ineludibles para vivir una vida libre de violencia.
No hay duda que los temas prioritarios que han venido marcando la agenda pública es la referente al combate a la corrupción, la impunidad, así como a la implementación de una política de austeridad, entre otros. Sin embargo, la violencia contra las mujeres continua en niveles de gravedad y acecha e impacta en la vida de más de 67 millones de mujeres (más del 50% del total de la población de México), el fortalecimiento de políticas públicas en materia educativa para la prevención, en favor de las libertades y dignidad de las mujeres se hace cada vez más urgente e imprescindible.
Las acciones afirmativas en favor de los derechos de la mujer, requieren de un replanteamiento con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, pero en todos los ámbitos del Estado mexicano, los diseños jurídicos legislados nunca serán los idóneos sin los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios. Los sistemas de procuración de justicia son tan solo uno de los grandes pendientes en la materia contra la violencia a las mujeres, la tan aplaudida reforma penal de 2008, sigue presentando grandes deficiencias técnicas y estructurales que –a la fecha- sólo han abonado al clima de impunidad prevaleciente.
*Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.