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Entre el norte y el centro

A paso de tortuga prosigue el establecimiento y consolidación de prácticas anticorrupción | Rodolfo Aceves Jiménez

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Escrito en OPINIÓN el

La crisis entre el gobierno del estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), abrió frentes de crisis para ambos contendientes, en perjuicio de la función de gobierno.

Por lo que toca a la federación, la organización México Evalúa señaló que la falta de claridad del gobierno implica el riesgo que las entidades federativas sean objeto de control político.

Esto de alguna u otra manera, obliga a las entidades federativas a desviar recursos que se encontraban presupuestados o etiquetados por la vía de las participaciones federales, a cubrir erogaciones no contempladas para hacer pagos extraordinarios y, en algunos casos, desviando del objeto presupuestado.

Es posible que esto se supiera con anterioridad, si los controles anticorrupción estuvieran funcionando con diversos cruces de información, pero no es así, ya que a paso de tortuga prosigue el establecimiento y consolidación de prácticas anticorrupción, con la ausencia de voluntad de una parte de la clase política.

La investigación de México Evalúa afirma en que los primeros cinco años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la SHCP otorgó de manera discrecional unos 300 mil millones de pesos a los estados.

Esto podría explicar deudas multimillonarias de alrededor de 37 mil millones de pesos de los gobiernos de Veracruz, Nuevo León y Coahuila, debido a la ausencia de reglas de operación, o bien, a que las regulaciones existentes permiten realizar transferencias de fondos a los estados, quizás bajo criterios políticos. Por esto es por lo que el gobernador Javier Corral emprendió un movimiento de protesta.

La misma tolerancia y flexibilidad en las reglas de operación podrían ser las causantes de que el Servicio de Administración Tributario (SAT) permita que las exenciones fiscales y de impuestos sean utilizadas como moneda de cambio con empresarios.

Por esto la política fiscal y tributaria autoriza la existencia de los injustos regímenes de consolidación fiscal que merman las finanzas públicas con consentimiento gubernamental.

Además, el gobierno de Chihuahua evidenció una práctica partidista, al señalar un presunto desvío de fondos federales con destino a las campañas del Partido Revolucionario Institucional.

Es posible que no sea el único caso, si tomamos en consideración que los hechos que señala el gobierno de Javier Corral sucedieron para favorecer al PRI en la elección local 2016, en donde también se celebraron elecciones en Veracruz, Nayarit, Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa.

Por su parte el gobierno de Chihuahua ha carecido de la eficacia necesaria en la prestación del servicio de seguridad pública. Su desempeño en el ejercicio de la función de seguridad ha dejado más incertidumbres que certezas, cuando las estadísticas vuelven a posicionar a ese estado en lugares poco agraciados en seguridad.

Luego entonces la sospecha pende desde el norte y hasta el centro.

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