La propuesta anticorrupción que se esparaba que fuera aprobada en este periodo de sesiones del Congreso, parece que no será posible, luego de que diputados del PRI, PAN y PRD se acusaron mutuamente de no mostrar voluntad, en cuyo ejercicio lo calificaron de “farsa y simulación”.
Las medidas anticorrupción fueron una promesa de campaña, en la que pareciera que por las circunstancias producto de la crisis de los normalistas de Ayotzinapa, fueron retomadas en la Cámara baja, en donde se encontraba de tiempo atrás.
Uno de los puntos polémicos de la propuesta, es la creación de una Comisión Especial que se encargará de definir las politicas públicas para combatir la corrupción, pero que estaría encabezada por el presidente de la República y los Gobernadores de los Estados, justo en el relanzamiento de la crisis de la Casa Blanca, cuando el periódico norteamericano Wall Street Journal señala que el Grupo Higa –el mismo consorcio empresarial que vendió a la esposa del presidente la Casa Blanca-nuevamente vendió una casa, pero ahora al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
No sólo lo anterior, sino que sería incorrecto que los sujetos de investigación sean quienes dirijan el organismo anticorrupción; en otras palabras, no puede ser posible que sean juez y parte.
Todos sabemos que es necesario implementar medidas de esta naturaleza, pero que según Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, “se convertiría solamente en un instrumento al servicio del presidente”.
(Fiscalía Anticorrupción será sólo un instrumento de poder)
Esta Red por la Rendición de Cuentas, propone la creación de una Fiscalía Anticorrupción independiente, el establecimiento de un Tribunal de Cuentas, una reforma a la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Además, afirma que “la Fiscalía Anticorrupción es una respuesta aislada a un problema que tiene que ser visto en conjunto”.
Tiene razón Merino cuando la corrupción se gesta como consecuencia de alguna laguna o vacío jurídico, en cuya incertidumbre es posible que se genere un nicho de corrupción.
Este vacío jurídico puede originarse en alguno de los campos de poder: político, económico y social, principalmente. En el poder político, se da cuando es posible ofrecer en venta las candidaturas a puestos de elección popular, al interior de los partidos políticos.
En el campo económico es posible que se configure un acto de corrupción, cuando la autoridad posee información privilegiada que modifique el rumbo del precio de algún bien o servicio, y por cuya venta, pueda obtener algún beneficio económico.
En el campo social podemos encontrar un ejemplo de corrupción, en el cambio de estatus jurídico de una persona que se encuentre sujeta de proceso penal y que con una dádiva pueda obtener su libertad o sea preso, dependiendo el caso.
Es muy recurrente encontrar lamentables ejemplos, principalmente en la clase política del país, sin importar colores o signos políticos. Deudas públicas inconmensurables en las entidades federativas, como en Coahuila o en Jalisco; participaciones porcentuales en el Congreso a cambio de incorporar recursos económicos a obra pública en estados y municipios; compras a sobreprecio en la administración pública y más recientemente, narcopolítica.
A principios de esta administración nos encontramos con casos como el de la maestra Elba Esther Gordillo, quien gustaba ir de shopping a tiendas en la Gran Manzana, al exGobernador Andrés Granier de Tabasco y su desfalco al erario público de esa entidad, por citar a algunos, pero que siguen gozando de beneficios y comodidades, como si estuvieran en sus residencias.
Lo más grave de esto es que quienes delinquen saben que por un vacío o laguna jurídica, sus delitos son fácilmente desechados, y por tanto, prefieren mantener el vacío para seguir delinquiendo.
Este país no requiere de una clase política que promete llevar a estatus de primer mundo con acciones de tercer mundo. Ni tampoco del mediocre legislador que sólo ve en su cargo, la oportunidad -quizás única en su vida- de generar un patrimonio de manera fácil y a costa del erario público, o bien, de recuperar lo invertido en su campaña pasada.
Por tanto, este esfuerzo debería encabezarlo algún académico, sin vínculos políticos o partidistas y quizás uno que otro notable o intelectual, sin que tenga relación a algún poder mediático. Esta función sería sin vínculos con alguno de los poderes, quizás de manera autónoma, como los órganos constitucionales.
El presidente Juarez así lo dijo: "Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala".