- El grupo de expertos se fue de México, y las cosas volvieron a “la normalidad”.
Tres días después del informe final que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, donde se dio a conocer un video de poco más de 5 minutos que pone en duda el proceso penal de varios meses, ya que hace ver que todo fue “preparado” por la PGR un día antes del supuesto hallazgo de dos bolsas que contenían restos óseos, Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo una serie de precisiones sobre su actuar ese día -28 de octubre- en el rio de San Juan, en Guerrero, dijo que todo fue apegado a derecho.
Tomas Zerón apoyado con un video relató paso a paso lo que ocurrió aquel día martes 28 de octubre de 2014 en la vera del rio San Juan, dijo que “fue parte de una investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial que se desarrolló al día siguiente” (es decir, el 29 de octubre) y que “son indispensables para el perfeccionamiento de las pruebas”.
¿Qué dijo Zerón esa noche del miércoles 27 de abril?
Dio explicaciones del por qué el viaje de ese día al río de San Juan. A las 3 horas de ese día Agustín García Reyes había presentado su declaración ante el MP en donde manifestó haber participado en los hechos donde fueron quemados los cuerpos de los estudiantes y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan. Al término de ésta, el indiciado fue entregado para su guarda y custodia al titular de Policía Federal Ministerial de la AIC, lo cual consta en un oficio de las 5:53 horas, cuyo documento obra en el expediente de la versión pública.
Señaló que con información proporcionada ese día –martes 28– salieron de la Ciudad de México en un helicóptero a la 13:45 horas y llegaron al lugar alrededor de las 15:00 horas, y que el recorrido “terminó hacia las cuatro de la tarde, de lo cual pueden dar cuenta dos representantes del Alto Comisionado de la ONU”.
Se refiere a Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, actualmente secretario técnico del GIEI.
Y sobre el video que cuestiona su actuar…
Subrayó que ahí se presentan imágenes que no tienen que ver con las evidencias recogidas un día después, y hace la primera observación: “Quiero hacer notar que el video presentado por el GIEI registra una hora equivocada. Indica que mi recorrido por la orilla del río San Juan tuvo lugar a las 17:40 horas, y que regresaron y que regresaron a la Ciudad de México poco después de las 17:00 horas, según consta en la bitácora de vuelo respectiva”.
Agrega que “el video en cuestión tiene otro error. Al inicio muestra la leyenda 'Puente Río San Juan 15:36 horas del 28 de octubre de 2014'. Posteriormente la leyenda 'Abandonan el lugar a las 18:23 del 28 de diciembre de 2014', es decir, dos meses después de la fecha real.
No hubo discusión con los antropólogos
Asimismo, señala que no hubo ninguna discusión de los antropólogos forenses con funcionarios de la PGR, y que “con relación a una de las bolsas halladas por buzos de las fuerzas armadas en el río San Juan, los expertos del GIEI hicieron notar que la fotografía de ese indicio muestra una etiqueta con fecha del 28 de octubre, cuando en el expediente consta que fue recabada el 29, día en que tuvo lugar la diligencia ministerial”.
Por lo que culpa a una mujer perito que “marco la etiqueta con fecha 28 de octubre cuando debió hacerlo con fecha del 29”.
Y precisa que “la validez del hallazgo y recolección de los indicios se acredita con la cadena de custodia acompañada al indicio, misma que se encuentra firmada por las personas que intervinieron en el proceso, el 29 de octubre”.
Subraya que presentará “los metadatos de la fotografía en cuestión, que registran con claridad que la fotografía se tomó el 29 de octubre, fecha en que la bolsa se encontró y se extrajo del río”.
Concluye diciendo que “la edición en video presentado por el GIEI, ha provocado sospechas sobre mi actuar”. Por lo que señaló “que la oficina que lleva la investigación ha solicitado formalmente al GIEI que proporcione el video mostrado en su informe, para que el Ministerio Público de la Federación proceda a su análisis y en el marco de la investigación pueda determinar lo conducente”.
O sea, probar que alguien edito perversamente el video para dañar su imagen y la de la institución…
Muy amenazante su respuesta de Tomas Zerón y eso obviamente calentó los ánimos.
Concluye su mensaje diciendo que su presencia en el río “fue legal, a la luz del día, y atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar”.
“Nada mejor que la prueba, para poder contrarrestar esta especulación”. Finalizó sin dar respuestas a las interrogantes de los medios convocados.
La respuesta vino horas después.
Tomas Zerón miente: GIEI
La mañana del jueves 28 de abril el grupo de expertos dan a conocer un posicionamiento en una conferencia de prensa en el Museo de la Tolerancia en el centro de la Ciudad de México.
Ahí el GIEI respondió a los señalamientos hechos por el alto funcionario de la PGR.
Este es el comunicado, que lo compartimos integro debido a la importancia del caso:
Este 27 de abril, en conferencia de prensa el Sr. Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, declaró sobre los hallazgos señalados por el GIEI en el video de la presentación del informe Ayotzinapa II, y su actuación en el río San Juan el 28 de octubre de 2014. El contenido de su declaración pública ratifica plenamente lo señalado por el GIEI en su Informe sobre la escena del río San Juan (Informe Ayotzinapa II, pp 285-304), en el sentido de que ninguna de dichas actuaciones se encuentra registrada en el expediente del caso.
El GIEI enfatiza que en el expediente no existe documento formal alguno que haga referencia a las actuaciones en la escena del río San Juan el día 28 de octubre. El acta circunstanciada existente en el expediente es del día 29 de octubre.
En dicha acta se señala que la bolsa se encuentra a las 8:50 horas de la mañana del día 29, pero en el video presentado por el Sr. Zerón se dice que el día 28 hay cuatro bolsas en el río, de las cuales no existe ningún registro. La actuación de servicios periciales, así como las fotografías y videos tomados el día 28, no están respaldados en ningún documento oficial.
La conferencia de prensa muestra que el Sr. Zerón tiene documentación videográfica que no se encuentra en la AP ni la investigación. Los videos existentes en la AP/001 están editados y no incluyen el material original. Cuando el GIEI pidió ver los originales se le señaló por parte de la PGR que no hay más documentación en el expediente. Es decir, la documentación videográfica presentada ayer no se encuentra en el expediente. El GIEI señala que todo el material que se encuentre en posesión de la AIC debe ser proporcionado de forma inmediata a la unidad de investigación del caso Ayotzinapa e incorporado en la AP 1/2015.
Sobre el hallazgo de los restos óseos encontrados en la escena del río San Juan, el Sr. Zerón señala que un antropólogo forense descartó que el hueso sea de origen humano. Sin embargo, el GIEI señala que no puede realizarse ningún descarte sin tener un registro de la acción, sin un acta de recogida de evidencia y de evaluación de la muestra, tal y como fue presentado por el Sr. Zerón. No pueden comenzarse a recoger elementos de la escena del crimen sin resguardar, sin realizar la fijación fotográfica, sin registrar la recolección y embalaje, así como la cadena de custodia de la evidencia, así como realizar un acta circunstanciada de la diligencia.
Por otra parte, el video presentado por el Sr. Zerón está editado, apareciendo una parte que muestra cuando estaba en la escena del río San Juan con el detenido Agustín García Reyes y después un corte donde aparece la Marina para indicar que había testigos. El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes, se había retirado la custodia del lugar por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior.
Con base en el informe Ayotzinapa II presentado recientemente, Agustín García Reyes mostraba para entonces numerosas lesiones físicas que suponen indicios serios de tortura cuando fue llevado a dicho lugar. El informe médico de la PGR del 28 de octubre de 2014 a las 00:50 horas, dos horas después de su ingreso en SEIDO y siete horas después del primer informe médico realizado posteriormente a su detención, refiere la existencia de 30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval tras su detención. Durante la evaluación psicológica del 28 de octubre el detenido le comunica al psicólogo que fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que lo golpearon y le dieron toques con la “chicharra”.
Por último, el GIEI quiere señalar que el Sr. Zerón manipuló la presencia del secretario ejecutivo del GIEI en Cocula, quien se desempeñaba entonces como asesor legal de la Oficina del Alto Comisionado, quien se dirigió a dicho lugar por invitación del Sr. Murillo Karam. Mientras se encontraba esperando en el lugar de aterrizaje del campo de futbol que se encuentra en el municipio de Cocula, y que era utilizado por las autoridades como base de operaciones, a dicho lugar llegó un convoy de camionetas de donde se bajó el Sr. Tomás Zerón, indicando a los agentes de Interpol que los miembros del Alto Comisionado fueran llevados al basurero de Cocula.
En ningún momento los miembros del Alto Comisionado vieron a Agustín García Reyes en el escenario del río San Juan, ni estuvieron ellos en dicho escenario como el propio video lo demuestra.
Las afirmaciones del Sr. Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero suponen una verificación del traslado del Sr. García Reyes y las condiciones legales del mismo, constituye un comportamiento impropio de un director de la AIC de México.
El GIEI considera graves las declaraciones realizadas por el director de la AIC, en compañía de diversos integrantes de la propia AIC y de Servicios Periciales, por lo que señala que se necesita:
Una investigación imparcial de los hechos señalados, es decir de la traída de un imputado a la escena del río San Juan sin ningún registro de la actuación, la referencia a la existencia de cuatro bolsas de las cuales no hay ningún registro, la recolección de evidencia sin seguir los estándares de investigación de la misma, ni registro en el expediente del caso.
La AIC debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma.
El GIEI señala la importancia de que se tome declaración a todos funcionarios que intervinieron en la escena del río San Juan para esclarecer las circunstancias y las responsabilidades de los hechos.
Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por el Sr. Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción de los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos. Y, por tanto, agravan el problema.
Fin del comunicado.
El dato duro es que miembros del Alto Comisionado no estuvieron presentes en el río San Juan como lo hace ver Zerón.
Pidieron que Tomás Zerón y la AIC debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma, e informaron que se reunirán con la procuradora “para explicarles las líneas de investigación que tienen...”.
Posicionamiento de la ON, más duro aún.
Está fechado el 28 de abril de 2016:
En razón de los mensajes vertidos por la AIC (...) la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se permite precisar que, arribó en un helicóptero de la PGR al campo de fútbol de Cocula el 28 de octubre de 2014 alrededor de las 16:10 horas para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula. La visita tuvo el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato de observación.
Precisa que “La ONU-DH nunca llegó al río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona; tampoco tuvo conocimiento de la presencia del Sr. Agustín García Reyes. Por lo anterior, la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta Oficina.
La ONU-DH hace un llamado a focalizar todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la reparación de las víctimas; y la plena implementación de las recomendaciones del GIEI, en los términos manifestados por el presidente de la República y la procuradora general de la República el pasado domingo 24 de abril.
Finalmente, la ONU-DH reitera su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores y ofrece su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requiera”.
Fin del comunicado.
Hay contradicciones evidentes entre los dichos del director de la AIC y la ONU, ¡alguien miente!
Asimismo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintió también la versión de Tomás Zerón.
¿Qué dijo Zerón?
“En otro momento, el video del GIEI muestra un diálogo entre dos representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y personal de la PGR”.
“Lo que nos refiere el funcionario de la PGR que tomó parte en ese diálogo -no dice Zerón el nombre del funcionario-, fue que la conversación giró en torno a la petición de las antropólogas argentinas que querían viajar de Cocula a Iguala y de Iguala a Chilpancingo con luz de día por motivos de seguridad y con dos horas de antelación del tiempo pactado de trabajo”.
¿Qué dice EAAF?
“...La tarde del 28 de octubre del 2014, al descender desde el basurero de Cocula y pasar por el camino que bordea el río San Juan, los vehículos en los que viajaban peritos del EAAF y también peritos de PGR fueron detenidos por personal de seguridad indicando que no se podía pasar por el momento, sin mayor explicación”.
“Inmediatamente después, un ministerio público de PGR se presentó ante peritos del EAAF y de manera súbita y violenta, utilizando un lenguaje extremadamente impropio para un ministerio público, nos preguntó por qué habíamos bajado tan temprano del basurero de Cocula, emitiendo múltiples epítetos contra el EAAF. El Equipo Argentino explicó que tanto los peritos de PGR como los del EAAF habían acordado no descender del Basurero de Cocula de noche por motivos de seguridad, sabiendo que el resto del trayecto de Cocula hasta Chilpancingo no había otra alternativa más que hacerlo de noche”.
Asimismo, el EAAF sostiene que no tuvo conocimiento, ni acceso a ningún documento pericial o ministerial sobre diligencias realizadas por PGR a la vera del río San Juan el día 28 de octubre del 2014, que involucrara la presencia de peritos médicos u antropólogos.
Por otro lado, recalca lo que han dicho una y otra vez, que ellos no estuvieron presentes en el momento en que la bolsa aparece…
Sobre este tema recordemos que hubo una respuesta de la PGR entonces, y que coloco en mi coloración anterior: El video de Tomás Zerón.
Responde Tomás Zerón.
En una entrevista radial con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula dijo estar dispuesto a que se le investigue y señaló que la respuesta al GIEI que emitió el pasado miércoles no fue de carácter personal sino institucional y que la procuradora, Arely Gómez, dio su aval para realizarla.
Aseguró que en ningún momento se violó el debido proceso del testigo con quien salió a realizar una actividad policial de urgencia pues tuvo la oportunidad de pedir un abogado y no lo hizo por su propia voluntad. Además, dijo, que -el detenido- se ofreció de manera voluntaria a llevar a los investigadores al lugar en donde presuntamente tiraron las bolsas con cenizas de restos humanos, presuntamente de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Insistió en que para esa acción no era necesario llevar a su abogado o en su caso designarle uno de oficio, pues además de que no lo pidió, tampoco fue presionado de ninguna manera para indicar en dónde ocurrieron los hechos.
Se dijo, tan seguro de su actuar, que él mismo fue quien solicitó la investigación a la visitaduría general de la PGR. “Si hay alguna omisión en los hechos del 28 de octubre que se sancionen”, dijo categórico…
En efecto, horas antes la PGR había emitido un comunicado 97/16 donde informan que desde el 27 de abril la Oficina de Investigación del Caso Iguala dio vista a la visitaduría para que en pleno ejercicio de sus atribuciones “proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”. En el mismo sentido se dio parte al Órgano Interno de Control para que determine si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad, previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.
Se refiere a los errores de los peritos, no se dice que Tomas Zerón está siendo investigado.
Además el director de la AIC ha dicho que tiene grabadas todas sus actuaciones en el caso.
Prometió proporcionar “los metadatos de la fotografía” para demostrar que dice la verdad.
Nada dijo Zerón de los desmentidos de la ONU, quizá porque así se lo pidieron sus jefes pero ¿por qué mintió al decir que estuvieron con él, en el rio altos funcionarios de la ONU?
Tampoco el grupo de expertos respondió a la acusación de Zerón en el sentido de que video presentado por ellos había sido editado.
¿Fue así?
Zerón ha dicho que todo su actuar obedece a indicaciones superiores, y que todo lo tiene grabado.
¿Tendrán la AIC grabadas las casi 100 sesiones que tuvo el GIEI con el gobierno federal?
No sabemos.
Muchas preguntas sin respuesta.
Reunión con la procuradora el día 29 de abril.
Tal y como estaba previsto el grupo de expertos se reúne con la procuradora Arely Gómez para entregar en propia mano su segundo informe sobre las investigaciones del caso Iguala. Sólo acudieron a la cita Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain.
La procuradora agradeció la entrega del informe y reiteró que “como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto, la PGR analiza el informe a fin de enriquecer la investigación de los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Subrayó que la institución fortalecerá el proceso de diálogo con los familiares de las víctimas y dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares en el caso.
De esta reunión se emitió un comunicado oficial #603/16.
Ese día el GIEI se reunió con el subprocurador Eber Omar Betanzos Torres y los integrantes de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, ahí presentaron las principales conclusiones contenidas en su informe.
El GIEI indicó que junto con su segundo informe, dejaron a la funcionaria un documento con 20 recomendaciones de seguimiento a las investigaciones del caso… (al margen).
El grupo de expertos se fue de México dejando muchas interrogantes.
Atrás quedó todo el ruido mediático entre ellos y el director de la AIC, por cierto, en el inter algunos legisladores pidieron su cabeza. Tomás Zerón ni se inmutó.
Hubiéramos querido que el director de la AIC ofreciera una conferencia de prensa con preguntas y respuestas, pero quizá por estrategia mediática han decidido en la PGR desde hace tiempo sólo emitir mensajes a medios. Esta vez fue acompañado de un video –¿video mata video?- que aparentemente arroja algunos datos creíbles de cómo ocurrieron las cosas.
Obviamente con sus asegunes, esas “pequeñas cosas” de las cuales se culpará a personal operativo, generan desconfianza.
¿Cómo no incluir la diligencia en el expediente de la investigación y haber puesto una imagen con una fecha distinta en la que se ha dicho es la investigación más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México?
Entendemos que la legislación pudiera darle esa facultad pero ¿para qué guardar esa información?
La contraloría y visitarduría de la PGR dirán que esos errores son administrativos y que el personal será sancionado, ya que el caso es parte de la transición que se está llevando al nuevo sistema de justicia penal.
¿Y los responsables de llevar la investigación?
Finalmente el caso recae en la mismísima procuradora.
Reunión en Washington DC
En unos días más, el 20 de mayo, habrá una reunión en Washington DC para analizar el informe del GIEI. Estará una delegación encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.En una entrevista radial el funcionario admite que “hubo algunas diferencias” en las versiones de los expertos y el gobierno federal “sobre los restos de los normalistas desaparecidos”, pero que “nunca hubo en ningún funcionario la intención de obstruir las investigaciones”.
Todo aparentemente bien señor subsecretario, pero, le preguntamos –de nuevo- ¿dónde están los muchachos?
Hace dos días fuerzas del orden detuvieron en el municipio Buenavista de Cuéllar, Guerrero, a José Luis Ramírez Arriaga, alias El Churros, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos vinculado a la desaparición de los muchachos…
Este personaje quizá sepa dónde quedaron los estudiantes.
20 Recomendaciones
Los expertos indicaron que junto con su segundo informe, dejaron a la funcionaria un documento con 20 recomendaciones de seguimiento a las investigaciones del caso.
¿Cuáles son?
1. Unificación de las distintas causas penales
Se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Las distintas causas penales deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.
2. Evitar la fragmentación
Las distintas Averiguaciones Previas que se han iniciado en contra de los procesados vinculados con la investigación 1-2015 deben incorporarse a esta investigación en su totalidad, para evitar la fragmentación de la investigación y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.
3. Investigación integral
Es necesario que se realice una investigación integral de los hechos, no es posible separar el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que participó en los mismos. Actualmente, los primeros se investigan en la Oficina del Caso Iguala y los segundos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, SEIDO. Es necesario que la información relativa a esta organización criminal que sea relevante para el caso de los 43 sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina del Caso Iguala, e integrada en la investigación 1-2015. Se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante la CIDH.
4. Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos
Es necesario investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre ellos: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso.
5. Llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes
Es necesario agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, especialmente las de las autoridades políticas del estado de Guerrero que se encontraban en funciones en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal y la declaración de las personas que se encontraban en barandillas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa II. Respecto a las víctimas, el GIEI señala la importancia de que se tomen y sean incluidos en el expediente los testimonios de familiares del equipo de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones relevantes para la investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa II, y que deben ser escuchadas por la PGR.
6. Seguimiento a la información de telefonía
Con la información de telefonía incorporada en el expediente deben trazarse nuevas líneas de investigación como la identificación de “caminante” y otros teléfonos que parecen relevantes, dadas las horas críticas en las que tuvieron comunicación con los presuntos perpetradores. Debe establecerse la identidad de los usuarios de los teléfonos con quienes se comunican perpetradores y autoridades clave en ese momento y que no han sido investigadas. Respecto a los estudiantes, deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de detención, se siguieron activando sus teléfonos.
7. Balística
Es necesario realizar la confrontación de la evidencia balística recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de las armas asignadas a la Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal, Policía Federal ya que hay evidencias de la posible participación de algunos de sus miembros en los sucesos violentos ocurridos esa noche.
También debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento para esta nueva diligencia en la que se levantan 42 casquillos en la zona alta del basurero cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así como por qué no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forenses.
8. ADN
Se debe establecer una fecha para la recepción de los resultados de Innsbruck. La PGR debe evitar transmitir información pública sobre las fechas específicas de dichas comunicaciones dado que aumentan el nivel de expectativa, presión sobre los familiares y estrés. La incertidumbre sobre el momento en que va a llegar este resultado, aumenta el sufrimiento de las víctimas. Hay que tener en cuenta que han pasado más de dieciséis meses desde que se enviaron los restos. La comunicación debe acordarse de forma consensuada con los peritos de los representantes de las víctimas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La Oficina de Investigación del caso Iguala debe continuar con preparación realizada por el GIEI para la identificación de la ropa y objetos encontrados en los autobuses.
9. Documentos y videos
La PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación. También deberá requerir los planes locales de seguridad, reportes, convenios, competencia de las distintas autoridades de seguridad que muestren los procedimientos de actuación. Así como la actuación de las diferentes corporaciones en función de dichos planes de actuación. La PGR debe recuperar evidencia de videos de C4 y otros que no se encuentran en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.
10. Investigar posible traslado de estupefacientes
Es necesario darle seguimiento a la asistencia jurídica enviada la tercera semana de marzo de 2016 y a partir de la información que con la misma se obtenga se establezcan las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación. Entre estas, la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas, socios.
11. Plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso
Deben realizarse los peritajes que sean necesarios para establecer cuál fue el autobús que efectivamente salió de la Central Camionera la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, deberá investigarse si existen funcionarios responsables, de que los hechos sobre este autobús se omitieran en las distintas consignaciones iniciales. Por otra parte, las contradicciones entre la declaración del chofer ante la PGR con su propio manuscrito firmado que confirma la versión de los normalistas y las declaraciones de los responsables de la empresa, debe ser investigada en profundidad así como la plena identificación de su conductor en relación con las imágenes obtenidas en el video.
12. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías
En el primer informe, se hizo del conocimiento de la PGR, que el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas. En el segundo informe se presentan 17 casos que revisten serios indicios de tortura. Si bien los jueces han indicado a la PGR la realización de informes basados en el Protocolo de Estambul, estos no pueden diferirse más en el tiempo y tienen que realizarse con la participación de peritos independientes con experiencia en la evaluación de casos de tortura y uso del Protocolo de Estambul. Por otra parte, y de forma complementaria, el GIEI espera que la investigación de la CNDH sobre las quejas planteadas ante dicha institución se base en los mismos estándares, tal y como ha sido el trabajo realizado por el GIEI con sus equipos.
13. Determinar otras responsabilidades en los hechos y en la investigación
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho. Especialmente investigar la posible participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia. A la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar si todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes lugares y horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. En relación a la Policía Federal y Policía Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de investigar a partir de la orden de la PGR de las 22:30 horas de la noche del 26, y las correspondientes responsabilidades.
14. Llevar a cabo nuevas capturas
Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala.
15. Investigar el patrimonio de presuntos responsables
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han existido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser incorporadas al expediente y a las causas penales abiertas.
16. Investigar la posible obstrucción de la investigación
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación, que han sido señalados en los dos informes publicados por el GIEI. Desde enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y obstrucciones a la investigación, la fragmentación del expediente y el control de numerosas peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del nuevo equipo de investigación. Por otra se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.
17. Cambiar la narrativa del caso
La investigación llevada a cabo por el GIEI en sus dos informes Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada “verdad histórica”. En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron y otras circunstancias señaladas como origen del ataque. Incorporar los hallazgos relevantes ya probados sobre las circunstancias de los hechos, los diferentes ataques y las actuaciones de diferentes corporaciones. Es necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino de los normalistas, las evidencias muestran tanto que uno de ellos fue identificado a partir de un resto óseo, pero también que al menos de uno de ellos existe evidencia telefónica que señalaría que se encontraba vivo a la 1:16h de la madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se necesitarían hacer nuevos estudios experimentales.
18. Continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones
Las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto que los estudiantes siguen desaparecidos. Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales.
19. Mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares
El GIEI ha contribuido a abrir espacios de diálogo con la PGR y las instituciones, y considera que dichos espacios tienen que responder a las necesidades de las víctimas de tener un seguimiento efectivo de la investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a la justicia. Las reglas de comunicación establecidas en distintos acuerdos deben cumplirse de forma respetuosa y estricta, evitando las formas de comunicación pública sin informar previamente a los familiares y poder responder a sus dudas mediante el diálogo y el respeto a sus derechos. De ello depende que las instituciones recuperen la credibilidad necesaria para generar confianza en las víctimas.
20. Evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad
En el caso Ayotzinapa los informes del GIEI han mostrado numerosas formas de nueva victimización de las víctimas en los procesos de investigación, las versiones públicas de los hechos o los intentos de estigmatizar a los familiares. Las acciones realizadas contra los familiares deben ser investigadas también en el futuro para promover un contexto de confianza y seguridad para quienes son el elemento central del sentido de la justicia.