Conforme a lo establecido en el artículo 83 constitucional, la duración del cargo de presidente de la República es de seis años sin posibilidad de reelección y, en ningún caso y por ningún motivo se puede volver a desempeñar dicho puesto. Un dato importante es que, a diferencia de muchos países latinoamericanos, a partir de 1934 con el general Lázaro Cárdenas, todos los presidentes han concluido con el periodo para el que fueron electos, lo que ha contribuido a nuestra estabilidad política y social.
El 20 de diciembre de 2019 se publicó la reforma por la cual se incorporó a la Constitución la figura de revocación de mandato, como un mecanismo de democracia participativa directa a fin de que la ciudadanía pueda solicitar y decidir la terminación anticipada del periodo para el que fue electo un gobernante por haberle perdido la confianza. Para activar el proceso de revocación de mandato, se requiere que la petición sea firmada por 3% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en cuando menos 17 entidades federativas, y para que el resultado sea válido se debe registrar una participación de al menos 40% -alrededor de 37 millones de electores- que por mayoría absoluta voten a favor.
En este caso, y una vez que así lo declare la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente de la Cámara de Diputados asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, y en un plazo de 30 días el Congreso deberá nombrar a quien habrá de concluir el periodo constitucional para el que fue electo el presidente. Como se puede apreciar se trata de un asunto de la mayor seriedad que no debería prestarse a manipulación o simulaciones.
En este momento está corriendo el plazo que inició el 1º de noviembre y termina el 25 de diciembre para la recolección de las poco menos de 2.8 millones de firmas necesarias para que el INE pueda convocar a este proceso revocatorio, y no se advierte un movimiento amplio de personas inconformes con el desempeño de López Obrador y su gestión de gobierno, que tengan la intención de impulsar que deje la presidencia antes del 31 de octubre de 2024. Sin embargo, y aunque parezca sorprendente, es el mismo presidente y su partido quienes están promoviendo la revocación, pero la presentan en forma engañosa como un ejercicio de ratificación de mandato para que siga en el cargo, lo cual no se encuentra contemplado en la Constitución, es totalmente innecesario ya que recibió un mandato en las urnas por seis años que está obligado a cumplir, y por tanto resultará sumamente costoso habiendo tantas necesidades que atender en el país. Como antecedente inmediato tenemos la absurda consulta popular celebrada este año que demandó la utilización de recursos públicos por cerca de 500 millones de pesos, la participación fue sumamente baja debido a la evidente falta de interés de la ciudadanía -que no es tan fácil engañar- y desde luego no tuvo ningún efecto.
Es importante tener en cuenta que la organización del proceso de revocación de mandato implica un esfuerzo material y humano similar al de un proceso electoral federal tanto por sus posibles consecuencias como por la obligación que se le impuso en la Ley Federal al INE para instalar el mismo número de casillas que en la última elección, es decir, 161 mil casillas con la correspondiente insaculación y capacitación de quienes estarán como funcionarios y funcionarias en las mesas receptoras de votación. No obstante, la Cámara de Diputados negó al órgano electoral los recursos que éste presupuestó para la revocación y una eventual consulta popular con argumentos falaces -como que con la reducción del sueldo de las y los consejeros alcanzaría-, lo que se puede interpretar como una respuesta a la comparecencia del consejero presidente del órgano electoral en la que el oficialismo no quedó muy bien parado, y un nuevo intento para confrontar al INE y debilitarlo al señalarlo por querer bloquear la revocación -al igual que con la pasada consulta popular- y con ello justificar la reforma electoral y quizá promover juicio político contra algunos de sus integrantes. Todo indica que una vez más pretenden desvirtuar los ejercicios de participación ciudadana y utilizarlos con fines de mera propaganda y golpeteo político.