Opinión

Encinas y la protección a periodistas

Desde el año 2000 a la fecha, más de 130 informadores han sido asesinados en México, y un número cercano a 20 fueron desparecidos. | Roberto Rock L.

  • 29/10/2020
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La tarde del 2 de abril de 2005 Alfredo Jiménez Mota, entonces un periodista de 23 años que escribía sobre inseguridad y crimen organizado para el diario “El Imparcial” de Hermosillo, Sonora, se despidió de amistades para atender, dijo, una cita con un informante confidencial, presumiblemente un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) adscrito a la entidad. Fue la última ocasión que fue visto.

El episodio sacudió a la sociedad sonorense, que vivía inadvertida sobre la medida en que las bandas del narcotráfico se habían extendido en el estado que gobernaba el priísta Eduardo Bours. Tras meses de búsquedas infructuosas, las esperanzas de hallar con vida a Alfredo se extinguieron; se le dio por muerto y desaparecido. Quizá nunca lo supo, pero pagó con su vida defender el derecho de sus lectores a saber. 

Las protestas sociales en las calles de Hermosillo y por parte de los colegas de Alfredo, obligaron al entonces presidente, el panista Vicente Fox, a visitar Sonora, donde se comprometió a castigar a los culpables. Nunca lo logró. Pero en los meses finales de su gobierno estableció en la Secretaría de Gobernación una oficina a la que se le encomendó estructurar un programa nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, dos comunidades altamente vulnerables en un país en el que un Estado débil e infiltrado por el crimen no es capaz de imponer la vigencia de la ley en múltiples ámbitos. 

Esa oficina creada por Fox es conocida hoy como el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Se halla a cargo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, un veterano político que sin embargo enarbola una visión moderna y humanista de la izquierda.

Derechos humanos, la materia de la que es responsable Encinas, abarca también la revisión del caso Ayotzinapa, uno de los más graves precedentes de crímenes de lesa humanidad en la historia reciente del país. En los hechos, Gobernación, que encabeza la ministra retirada Olga Sánchez Cordero, parece carecer de cualquier otra materia trascendente. Es difícil entender que la labor de un ministerio de Estado se concrete en algunos discursos de su titular, especialmente si se tiene en cuenta el poder político que esa dependencia acumuló históricamente y del que ahora se le ha vaciado.

El referido Mecanismo, cuyos creadores hicieron una copia a imagen y semejanza de una institución similar en Colombia, cumplirá 15 años entre tumbos impuestos por la ausencia de protocolos adecuados, de voluntad política de los gobiernos sucesivos y, hay que decirlo también, por la incapacidad del gremio periodístico y de los medios para tomar un papel más activo en el combate a los ataques contra periodistas y la impunidad, cercana al 100%, que suele acompañar las investigaciones sobre estos agravios contra informadores y empresas de comunicación. 

El gobierno de López Obrador parece haber dado el tiro de gracia al Mecanismo al anunciar la extinción del fondo presupuestal -en el paquete de fideicomisos extinguidos- que permitía otorgar ciertos niveles de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

El propio presidente ha declarado que el Mecanismo seguirá recibiendo financiamiento, pero que serán corregidas algunas de sus deformaciones. El propio Encinas atribuye las mismas a la inexistencia de un reglamento más claro sobre los recursos de los que se dota a periodistas (teléfonos con botones de pánico, rondines policiacos en sus domicilios, otorgamiento de escoltas con vehículos oficiales), lo que sin duda ha derivado en abusos y actos de irresponsabilidad por parte de algunos de los beneficiados. 

En meses recientes el Mecanismo ha estado dentro de una polémica adicional porque presumiblemente dotó de vehículos y escoltas a un modelo variopinto de presuntos informadores de los que se echa mano cotidianamente para hacer preguntas a modo y colmar de elogios a López Obrador en sus conferencias “mañaneras”, lo que convierte a éstas con frecuencia en un acto de propaganda. En este contexto, puede ser pertinente empezar a redactar el acta de defunción del referido Mecanismo. 

Desde el año 2000 a la fecha, más de 130 informadores han sido asesinados en México, y un número cercano a 20 fueron desaparecidos, como sucedió con Alfredo Jiménez Mota. A ello se suma una cifra inmensa de torturas, golpizas, tiroteos, amenazas y acosos contra periodistas por el solo hecho de hacer su trabajo. Es el nuestro uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio de informador, de acuerdo con reportes de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras y Artículo 19.

Este drama merece ser resaltado. El periodista tiene una doble naturaleza: es un simple ciudadano que desempeña un trabajo, pero también un profesionista cuya labor resulta esencial para que una sociedad en democracia, que se apoya en los medios de comunicación para recibir información de calidad que le permita tomar decisiones; también, para asumir un rol en el debate de los problemas generales, en busca de un consenso para enfrentarlos. Y el periodismo es, igualmente, una herramienta del público para supervisar el desempeño de los funcionarios públicos

En la ardua tarea que supone velar por la función social del periodismo, la experiencia internacional ha definido diversos campos de acción. Se les llama “Las 4 P”: Prevenir ataques mediante un trabajo conjunto entre autoridades, gremio periodístico y empresas de medios. Proteger a periodistas que hayan sido amenazados o atacados. Perseguir judicialmente a los culpables de estos ataques. Y dotar a la estrategia de una Perspectiva de género, pues entre los periodistas agredidos hay cada vez más mujeres, y algunas sufren estos agravios por razones estrictamente de género.

No parece que debamos esperar mucho en esta ruta del gobierno de López Obrador, que ha nutrido su discurso con la frecuente denostación de medios y periodistas. Quizá sea el momento para que la industria periodística y el gremio de informadores profesionales den un paso adelante y tomen en sus manos un mayor protagonismo en esta tarea.

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