Al terminar el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, el Senado dejó pendiente las leyes secundarias del sistema anticorrupción, junto con la Ley 3 de 3 que fue presentada con unas 634 mil firmas de ciudadanos que la avalan.
En su conjunto se trata de 7 leyes que contienen sanciones administrativas y penales que incluye la creación de la Fiscalía Anticorrupción, a las que con voluntad se le han encontrado presuntas inconstitucionalidades, en vez de mirar y aprovechar la oportunidad de corregir un grave problema como lo es la corrupción.
Este es un asunto que ha causado diversos frentes de crisis en la administración federal, cuando en cada investigación que trasciende al ámbito mediático, se constata la presencia de la corrupción, como el elemento aglutinador para la materialización de algún delito.
No sólo eso, sino que entre los pendientes que guarda el sistema anticorrupción se encuentra por alcance el mando único, cuya iniciativa fue presentada a principios de diciembre de 2014 por el Ejecutivo Federal.
El mando único pretende unificar los cuerpos de seguridad pública, municipal y estatal, para fusionarlos a los de la Federación, en un nuevo modelo policial que pareciera que no cumple con esos objetivos, sino que se trata de un cambio administrativo, ante la sospecha de que la delincuencia haya tomado este control.
La aprobación del mando único se enfrenta al interés político de los gobernadores por asumir el control de la policía, y por supuesto, de las multimillonarias bolsas en fondos de aportación para la seguridad pública y demás que aprueba anualmente el Congreso.
En el mensaje que mandó el Presidente al presentar el mando único incorporó en su discurso a Jalisco, entidad federativa que hasta ahora se da cuenta que posee un Centro de Comunicaciones subutilizado y al que ahora se pretende incorporar nuevas atribuciones en un C5, -como el análisis de información y la inteligencia-, como si la Fiscalía de Jalisco hubiera inventado el cero en seguridad pública cuyos sistemas fueron desaprovechados por años para ser reducidos a la simple visión de una cabina de despacho de emergencias y carente de dirección.
Es posible que el sustento del mando único lo sean criterios políticos que implicarían violaciones a los derechos humanos, de cuyo tema, México obtiene calificaciones reprobatorias a nivel nacional e internacional.
Por lo que se refiere a la aplicación del mando único, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) que agrupa a los ediles del Partido Acción Nacional está en contra de esta propuesta, ya que dicen que le restarían fuerza al municipio, es decir, se invadiría la esfera municipal en el marco del federalismo mexicano.
Argumentan que retirarle la fuerza pública al municipio, haría imposible la gobernabilidad. Los alcaldes panistas están a favor de fortalecer las policías locales.
Por su parte, la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), que agrupa a los municipios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra a favor de desaparecer las policías municipales y crear mandos únicos estatales.
Es un problema de Estado, cuando en su génesis y desarrollo participan las instituciones de los tres niveles de gobierno, en el ámbito territorial nacional cuyo impacto se manifiesta en el campo social.
Es problema de gobierno cuando hasta en las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Poder Ejecutivo, llegan malos elementos que permiten y toleran el libre avance de la delincuencia.
No obstante lo anterior y en la lógica del mando único, el presidente de la República tiene el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente, conforme a la letra de la Carta Magna, y por tanto se asume como el garante de la seguridad pública, y políticamente, de la anticorrupción.