Ya le he comentado acerca del conflicto entre ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango, y la minera canadiense Excellon Resources que llevó el Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Sexto, con domicilio en Torreón, Coahuila.
Resulta que este determinó la conclusión de la relación contractual y un pago de cinco millones y medio de pesos entre ambas partes. Pero el asunto no acabó ahí.
Ahora todo recae en las manos de la magistrada María Elena Recio Ruíz, del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa y penal del Octavo Circuito, quién revisará los expedientes 462/2016 y 463/2016, luego de que ambas partes apelaran la decisión.
El veredicto resultará clave para la firma que dirige Brendan Cahill, pues un revés en este sentido provocaría que los más de 3 mil millones de pesos que la minera ha invertido desde 2007, en los municipios de Bermejillo y Mapimí a través de la mina La Platosa, tuvieran otro destino.
Como sucede en estos casos, hay varias vertientes. Por un lado la minera sufrió un paro en 2010 de cien días en donde ejidatarios bloquearon los accesos de la mina, lo que se tradujo en daños por más de 90 millones de dólares y desde entonces Excellon buscó romper toda relación con el ejido.
A su vez, los ejidatarios argumentan que la minera nunca construyó una planta purificadora para toda el agua que se extrae de la mina La Platosa.
Mientras tanto, la minera concluyó desde diciembre pasado la entrega a la autoridad, y de manera voluntaria, de las mil 100 hectáreas en cuestión. Tierras que los ejidatarios se han negado a aceptar, pues aún tienen la esperanza de sacar provecho de la situación.
Es por ello que mucho tendrá que evaluar la magistrada que lleva el caso, pues por un lado tiene a una compañía que desde casi diez años trajo además de inversiones, bienestar y apoyo a una región que prácticamente vive hoy de la minería, y que a falta de certeza jurídica podría dejar de operar en el país y llevarse consigo los más de 350 empleos directos y mil 200 indirectos.
Lo anterior sin mencionar el nada alentador panorama que atraviesa el sector con el reciente marco fiscal y su nuevo impuesto del 7.5% sobre el flujo de operación de las empresas, lo que provocó que nuestro país cayera en el ranking de países atractivos para la inversión minera global, hasta el lugar 37 de 109.
Toka recibe aval del SAT
La valera mexicana Toka, que comanda Carlos Padilla, acaba de recibir el aval del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Osvaldo Santín, pues la semana pasada emitió los oficios 102-06-04-00-00-2017-211 y el 102-06-04-00-00-2017-221, mismos que confirman a la empresa como emisor autorizado de monederos electrónicos de vales de despensa, así como monederos para la adquisición de combustibles, respectivamente.
Con ello, Toka no sólo detalla sino que acelera lo que serán sus planes de expansión para este año, mismos que arrancan con la reciente apertura de oficinas corporativas en la CDMX; esto para eficientar el acercamiento con las grandes firmas del sector retail, llámense afiliadas a la ANTAD, de Vicente Yáñez, así como su participación en la iniciativa privada y gobierno, a través de procesos de licitación, en donde ya tiene alrededor del 10% del mercado. Y este año va por más!!!
Primer velita de Penchyna
Quien esta semana cumple un año de haber llegado al cargo es el titular del Infonavit, David Penchyna, tiempo en el que ya se nota su mano y legado, tal como la modificación a la ley del organismo que permite desindexar el salario mínimo de los créditos, lo que asegura rendimientos garantizados y evita incrementos ligados al salario. Sin dicha reforma, los acreditados hubieran tenido desde este año una tasa 10% más cara.
Asimismo, el instituto cuenta actualmente con una capacidad 70% mayor en cuanto al potencial para financiamientos, con montos de hasta 1.7 millones de pesos, lo que les permitirá colocar este año más de 400 mil créditos con tasas más bajas, siendo su programa estrella Mejoravit, el cual tiene el objetivo de ampliar o reparar la vivienda del trabajador, pero ahora sí con candados vs el coyotaje.
Otro tema al que Penchyna Grub le entró de frente, es a mantener la estrategia de recuperación de vivienda abandonada, hablamos de más de 60 mil inmuebles en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México, lo que significó regresarle 2 mil millones de pesos al Fondo Nacional de la Vivienda.