Opinión

En la mira Senado por violaciones a la Ley

Los problemas que podrían enfrentar los integrantes de la Mesa Directiva del Senado ante las recurrentes violaciones a la Ley. | Romina Román

  • 05/11/2019
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Los que no la van a pasar nada bien son los integrantes de la Mesa Directiva del Senado. La razón: los problemas que podrían enfrentar ante las recurrentes violaciones a la Ley. Lo peor del caso es que éstas tienen el aval de la presidenta Mónica Fernández Balboa.

A pesar de que algunos legisladores levantaron la voz e hicieron ver los errores, la presidenta de la Cámara hizo caso omiso porque o no está bien asesorada o porque el cumplimiento de las leyes poco le preocupa.

El primer caso fue la semana pasada respecto a ley que rige a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la que establece un plazo legal para elegir al titular de ese órgano y la forma de hacerlo, sin embargo, el Senado no sólo traspasó el plazo legal sino que aprobó un procedimiento distinto al que se prevé en el ordenamiento legal.

Resulta que el artículo 10 de la citada Ley, que se incluyó en abril de 2018, detalla el proceso para la elección, con el fin de evitar acuerdos parlamentarios diferentes y señala que el consenso debe consumarse a más tardar 10 días antes de que el actual ombudsman concluya el cargo; y ese plazo se cumplió el pasado 30 de octubre sin que la Cámara Alta llegara a un acuerdo.

En este tema dos legisladores levantaron la voz sin ser escuchados: Emilio Álvarez Icaza, que conoce a la perfección el procedimiento y Martí Batres.

La otra violación, igual de grave, es respecto al uso de la Cannabis, ya que desde el pasado 19 de febrero la Suprema Corte ordenó al Congreso que resolviera sobre varios artículos que regulaban el uso lúdico de la planta por considerarlos inconstitucionales y otorgó el plazo de 90 días que para ello prevé la Constitución, sin embargo, ese periodo venció el 31 de octubre.

Lo peor del asunto, nos cuentan, es que la presidencia del Senado sin el voto del Pleno e ignorando por completo a la Cámara de Diputados, solicitó el pasado viernes 25 de octubre a través de un oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ampliación del plazo constitucional de 90 días,

Lo que preocupa a los legisladores es que el plazo se amplió sin ningún fundamento legal, pues ni la constitución ni la Ley de Amparo prevén la posibilidad, forma, modo o cálculo de tiempos para ello, con lo que no solo se incurrió en una violación a la Constitución y la Ley de Amparo al respecto, sino que en los hechos se abre la puerta para futuras violaciones a la norma.

Con este precedente, es probable que la solicitud de ampliación de plazo -que no está normada- se convierta en la regla y se afecte un derecho fundamental para que los ciudadanos se defiendan contra los abusos de la autoridad.

¿Pugna en el Senado y Cámara por outsourcing?

Otro tema que seguirá dando de qué hablar es la iniciativa del Senador Napoleón Gómez Urrutia respecto a las empresas que ofrecen servicios de Outsourcing, incluso se prevé una lucha de fuerzas en el Congreso, ya que en la Cámara de Diputados se prepara una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación, la que buscaría precisar los conceptos de tercerización y subcontratación, así como llenar los huecos de la actual legislación.

La intención de la propuesta es salvaguadar los derechos de los trabajadores y de las empresas, sin poner en riesgo a la planta productiva y laboral.

En la última semana, los presidentes de la Concanaco, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canacintra, Coparmex se pronunciaron en contra de la iniciativa de Gómez Urrutia y advirtieron que intentar desaparecer la figura de la subcontratación es un atentado contra la permanencia y la generación de empleos, además de que envía señales negativas a los inversionistas y pone en peligro la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

El Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) que encabeza Armando Leñero, advirtió que aprobar la iniciativa de Gómez Urrutia, le costaría al país cerca de 2 millones de empleos formales e impactaría a los organismos de seguridad social, al dejar de recibir las cuotas obrero-patronales.

El CEEF aclaró que si bien en la actualidad STyPS cuenta con un registro, éstas se refieren a las empresas de colocación (que están ligadas a un reglamento sobre la materia) y regula la prestación de los servicios que éstas ofrecen con y sin fines de lucro. En la actualidad, este registro no refiere a empresas de subcontratación, mejor conocidas como outsourcing.

Piden poner alto a empresas de nómina

Los que de plano no se miden son algunas de las empresas que integran la Asociación Nacional de Empresas de Nómina (AMDEN), debido a que continúan negociando con los sindicatos para ofrecer préstamos a los clientes.

El problema es que como no las supervisa la Comisión Nación al Bancaria y de Valores (CNBV) ni la Condusef, hacen su agosto cada quincena con elevadísimas tasas de interés, lo que afecta a miles de empleados sobre todo del gobierno, ya que como no tienen obligación de consultar al Buró de crédito se corre el riesgo de que generen un sobreendeudamiento entre los trabajadores, tal y como ocurrió hace algunos años.

 Así las cosas…