Los que están preocupados, ocupados y sobre todo molestos son los grandes empresarios por las medidas que adopta el gobierno federal en materia energética y por la grave situación que tiene en jaque a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El argumento de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en particular de los empresarios de la industria de la transformación es que el gobierno pretende generar un crecimiento artificial en la paraestatal que terminará por hundirla más, lo que sin duda afectará a la economía nacional y a miles de empresarios, a quienes Pemex les adeuda cerca de 40 mil millones de pesos, según estimaciones.
Nos cuentan que el tema es más grave de lo que se piensa, ya que la deuda con proveedores y contratistas va en ascenso y hay pocas posibilidades de que el gobierno federal genere los anticipos que se requieren para iniciar una obra o una adquisición.
Entre los industriales corre la versión de que el sector de la construcción experimenta una caída y se prevé que incluso, se registre una parálisis porque el gobierno busca contratar a terceros que no piden anticipo.
Nos cuentan que la situación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se suma al freno en las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Para crear un millón de empleos al año, se requiere crecer al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y alcanzar cerca de 280 mil millones de inversión directa, sin embargo, en la actualidad se reciben alrededor de 40 mil millones.
El gobierno federal tendría que invertir 60 mil millones al año y los recursos que destina ascienden a 33 mil millones, por lo que la responsabilidad del crecimiento y la generación de empleos recae en los empresarios.
Por lo pronto, los integrantes de Canacintra no quitarán el dedo del renglón tanto para el pago a proveedores y contratistas como para que se respeten los acuerdos en materia energética, incluso, se buscará incorporar a más empresarios a las reuniones con legisladores y con el gobierno.
Polemizan con Reforma judicial
Otro tema que no gustó nada fue el esbozo de la reforma al poder judicial. Los más sorprendidos fueron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ya que nadie se ha adjudicado la autoría del proyecto, en el que no se consultó ni se tomó en cuenta la opinión de los Ministros, Magistrados y Jueces.
En el evento en donde se adelantó que en febrero se presentaría la iniciativa estaban presentes Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación y ex Ministra de la SCJN, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia de la República y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General; ninguno de ellos negó ni aceptó ser autores de la propuesta.
Aún y cuando no se ha presentado de manera oficial el documento, éste considera modificación de nueve grandes ordenamientos: a la Constitución, al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Amparo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de la Fiscalía, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley de Cultura y Justicia Cívica y a la Ley de Ejecución Penal.
Lo que nos cuentan es que hay incertidumbre respecto a esta reforma, debido a que considera cambios regresivos que poco ayudarán a combatir la creciente inseguridad y que ocasiona daños a la economía, a la inversión y genera señales de alerta en varios países.
Así las cosas…