México ha sido el país que más se ha esforzado en reformar su economía para seguir la receta liberal. En algunos aspectos el avance ha sido notable en términos del proyecto, como en el alto grado de apertura comercial o el bajo peso del estado en la economía. Incluso en otros que se desarrollaron de manera más lenta como la desregulación o la competencia económica, el avance es importante con respecto a otras economías.
México fue también un país especialmente cuidadoso en mantener los balances de finanzas públicas controladas. De hecho esa fue la obsesión del llamado periodo del ajuste, en los años 80 y 90. México fue el país de la paradoja de la estabilidad con bajo crecimiento. Se trataba de un equilibrio que permitía a grandes firmas nacionales y extranjeras tener buenas ganancias en una moneda estable, pero sin mayores mejoras en reducción de pobreza, mucho menos en desigualdad.
Ahora la propia estabilidad está en riesgo. Es claro, en parte producto de la larga crisis global, pero también de malas decisiones de política y de las propias limitaciones de la estrategia de reforma. Después de más de 30 años de reformas México no es una economía ni estable, ni redistributiva, ni en crecimiento, ni más capaz de resistir a los choques externos. Este es el momento de comenzar a discutir el cambio de modelo.
En los años 80 el reto era restablecer el balance fiscal y estacionar la deuda a niveles sostenibles. Ambas cosas se lograron, pero en el corto plazo. La reducción del déficit se alcanzó por medio de recortes brutales del gasto público, no con fuentes sólidas de ingresos fiscales. Ni el impuesto al activo, ni el IETU, ni las restricciones a la consolidación fiscal, ni los impuestos especiales sirvieron para incrementar de manera sustancial los ingresos y eliminar la dependencia de los ingresos petroleros.
Parte del gasto recortado era producto del estatismo de los años 70, pero también se redujo la oferta se servicios públicos de educación, salud, vivienda, etcétera. De hecho el país renunció a la aspiración de construir un estado de bienestar tipo europeo que garantizara los derechos sociales de los ciudadanos.
La inversión en infraestructura se redujo de manera importante y en general se perdió la capacidad del estado de promover la economía e incluso de planear el desarrollo de áreas estratégicas. Los grandes proyectos de inversión, los trenes, los puertos nuevos, simplemente no se pudieron construir por falta de capacidad institucional. Es el caso del nuevo aeropuerto del valle de México.
En ese caso no solamente la Auditoría Superior de la Federación encuentra que el consorcio no es capaz de administrar un proyecto de esa magnitud, sino que 19 mmdp, de los 20 mil presupuestados no han sido ejercidos, sino fideicomitidos debido a los problemas de ejecución del proyecto.
El petróleo y algunos cambios fiscales permitieron doblar el tamaño del gasto en los últimos 15 años. Tristemente, de nuevo, el país desaprovechó la bonanza. Esos recursos no se utilizaron ni para reducir los pasivos de pensiones, ni para invertirlos en infraestructura que sirviera para que la economía creciera y se suavizaran los ciclos económicos negativos. Por el contrario, en ese mismo lapso el país duplicó su deuda pública. Además, tampoco se mejoró la calidad del gasto.
Se inició un proceso que pretendía basar las decisiones de gasto en los resultados de las políticas, pero en general las evaluaciones no han servido para mejorar los programas. El año pasado, por ejemplo, mientras que la inversión directa se redujo en más de 8%, el gasto corriente creció en más de 6 por ciento.
No solamente tenemos la menor inversión pública en más de medio siglo, pero tampoco se han detonado proyectos de inversión privados en infraestructura. El estado mexicano no sólo no proporciona infraestructura, tampoco puede hacer política industrial. Como no existen mecanismos para que se fortalezca en contenido nacional y el valor agregado de nuestros productos, aún cuando se devalúa el tipo de cambio no exportamos más, en concluso nuestro déficit comercial crece.
Cometimos el error de pensar que la apertura comercial, por sí misma, sin financiamiento, sin formación de capital humano, sin absorber tecnología, sin infraestructura, generaría desarrollo y eso simplemente no ocurrió.
México es un país que hace dos años realizó una reforma energética que prometía inversión y empleo a raudales, pero hoy no tenemos ni inversión privada ni pública en energía y no tenemos ni siquiera una plan para salvar a nuestra empresa pública.
Se llevó a cabo una reforma fiscal que afectó el crecimiento, que se basó en gravar al consumo y que no garantiza la estabilidad del gasto. Se realizó una reforma al sistema financiero que ni mejoró las condiciones de financiamiento, ni las posibilidades de ahorro para la mayoría de la población. Tuvimos una reforma en telecomunicaciones que no modificó las condiciones monopólicas en sectores como el de la televisión, ni desarrollar una industria nacional prospera en la generación de contenidos.
Hoy, México, el país de las reformas, tiene un gasto público insostenible, reporta años de crecimiento que apenas si rebasa el uno por ciento anual en términos per cápita, enfrenta la salida de capitales y no cuenta con instituciones públicas capaces de promover el crecimiento. Es decir, lo que urge es un cambio de modelo.