“Están en algún sitio / concertados/ desconcertados / sordos buscándose / buscándonos”.
Juan Gelman
Alrededor de 95 mil personas son suficientes para que los foros más grandes de este país luzcan atiborrados, pues ocuparían casi la totalidad de los asientos disponibles en el Estadio Azteca o la mitad de la plancha del Zócalo capitalino. Sin embargo, la cifra corresponde al número de personas de las que desconoce su destino en el país. Un día salieron de sus hogares y jamás se les volvió a ver o a tener noticias de ellas. En algunos casos, hace más de 10 años.
Si bien la cifra resulta alarmante, aún lo es más el hecho de saber que muchos otros casos no han sido denunciados por parte de las familias de las personas en situación de desaparición, según refirió el maestro Edgar Chávez Hernández, coordinador del diplomado “Desaparición forzada en México”, de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), único en su tipo, debido a que tiene un enfoque antropológico en el que se recuperan la visión y las metodologías elaboradas por las familias en la búsqueda de sus seres queridos.
Una realidad que demuestra que las propias familias han sido quienes han subsanado los pendientes del Estado y que se divide en dos vertientes, la búsqueda en el campo, pero también en hospitales comunes y psiquiátricos, en las morgues, los penales y en otros lugares donde pudieran estar albergados sus familiares, pues buscan a una persona viva.
En noviembre pasado, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas realizó una visita a México y externó su beneplácito por la existencia de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas así como una Ley General de Víctimas y la armonización de un Protocolo de Búsqueda y uno adicional para Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. Así como un llamado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender la situación con urgencia.
Algunas de las preocupaciones externadas por el Comité son que en algunos casos de desaparición están involucradas autoridades oficiales; hay situaciones de revictimización, no se han llevado a cabo las recomendaciones planteadas por organismos internacionales; hay un incremento de casos en mujeres, adolescentes y migrantes; se debe insistir en que buscar a una persona significa pensar en que está viva; el proceso debe incluir pasos como la búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el descubrimiento de la verdad y la reparación del daño y pernea una cultura de impunidad.
Esta se sostiene en aspectos como la investigación inefectiva de estos sucesos, la falta de comprensión de la autonomía de las procuradurías y la negación para la cooperación interinstitucional, la transferencia de la responsabilidad de la investigación y abastecimiento de pruebas a las víctimas o sus familiares, y la permanencia del sistema judicial en una inercia del pasado.
Otras limitantes son la poca asistencia otorgada a las víctimas; los obstáculos geográficos, lingüísticos y de discriminación a los que se enfrentan grupos poblacionales como las personas indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad y LGBT; la no aplicación de los mecanismos internacionales en ámbitos locales.
Desde las voces de las familias de las víctimas se considera que hay una dilatación en la entrega de los resultados de las investigaciones; una falta de articulación entre las diferentes instancias de investigación; la negación de las autoridades para brindar información; la falta de seguimiento de los requerimientos establecidos por los protocolos; la frecuente omisión de las debidas diligencias y la ausencia de medición efectiva de los mecanismos.
Dicho informe fue aceptado la semana pasada por el Comité de la ONU. Ante las complejidades del problema, en la UAM Cuajimalpa no sólo se da una intervención de corte académico, sino que también, hay la posibilidad de contar con acompañamiento psicosocial y jurídico por medio del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina.
De acuerdo con Chávez Hernández, es esencial el trabajo de apoyo continuado de diversos sectores de la sociedad civil y de instituciones como la Universidad, porque “estamos hablando no sólo de desaparición forzada, sino de todos los crímenes que puedan estarse gestando alrededor de ella” y para las familias ha sido sumamente relevante hacer del conocimiento público la labor que realizan.
En materia de investigación, desde este Proyecto se ayuda a la elaboración de fichas de búsqueda y la actualización de los retratos hablados, pues alguien desaparecido durante diez años no tendrá la misma apariencia ahora, por lo que este tipo de actualización, llamada de progresión de edad es experiencia que se comparte con los familiares. De igual manera, se actualizan las bases de datos y se comparan.
Al proyecto se han sumado Silvia Ortiz, del Grupo Vida, de Coahuila, que trabaja desde hace varios años con parientes de desaparecidos; Micaela González, que aporta su experiencia en Sinaloa y Fabiola Pensado, de Veracruz, especialista en la materia. Uno de los productos obtenidos de este esfuerzo conjunto es la Guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras.
Como señala Chávez, “no deberíamos estar ofertando estos diplomados porque no es normal que ocurran estos crímenes; sin embargo mientras tengamos la posibilidad y para las familias sea relevante se seguirán haciendo”.