Han pasado ya 16 años de que un grupo de activistas se adueñó del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM -mejor conocido como auditorio Che Guevara-, como consecuencia del movimiento estudiantil que se generó en 1999 en contra del establecimiento de cuotas vía el Reglamento General de Pagos que propuso Francisco Barnés.
La justificación era que se convertiría en un espacio autónomo y autogestivo en el que pudieran expresarse libremente todas las voces de quienes conformaban la comunidad universitaria, y particularmente de la disidencia, pero como sabemos la realidad fue muy distinta.
Desde entonces, ese significativo lugar en el que alguna vez convergieron personalidades de la estatura de Pablo Neruda, Octavio Paz, Susan Sontag o Saramago, y que fue testigo de múltiples asambleas e interesantes disertaciones políticas y filosóficas ha sido vedado a los profesores y alumnos de la Universidad más importante de América Latina, muchos de quienes ni siquiera lo conocen.
Independientemente de las razones, no hay forma de explicar el que un puñado de jóvenes -se siguen ostentando como tal aunque varios ronden las 4 décadas- privatice un espacio público y mucho menos que las autoridades lo hayan consentido durante más de tres lustros, sobre todo cuando de acuerdo a su propia información, un alto porcentaje de los okupas no forman parte de la UNAM e incluso algunos han sido señalados reiteradamente por la comisión de delitos.
Se ha pretendido justificar la inacción tanto de las autoridades universitarias como de los gobiernos federal y local con la supuesta defensa de la autonomía o aduciendo una actitud de prudencia y respecto al pluralismo etcétera, pero lo que en realidad ha prevalecido es el temor de que haya brotes de violencia -que es con lo que las chantajean todo el tiempo- y nadie ha querido asumir el costo político que implicaría devolverle a la UNAM lo que es suyo.
La detención de uno de los habitantes del auditorio Che Guevara, Jorge Emilio Esquivel Muñoz alías el Yorch por presunta posesión y distribución de drogas ocurrida hace una semana, así como los actos vandálicos que en protesta realizaron sus compañeros, colocó de nuevo el tema en la agenda de discusión y sobre todo se renovó la exigencia de que se recupere este emblemático recinto universitario a lo cual me sumo con toda convicción.
Advierto que no se está pidiendo que se criminalice a los okupas, tampoco que se atente contra la libertad de pensamiento o pluralidad ideológica que sin duda constituye una de las mayores riquezas de la UNAM y mucho menos que se recurra a la represión. Tan sólo que se cumpla con una responsabilidad legal, que se reintegre el auditorio Justo Sierra al patrimonio de la Universidad para uso y disfrute de toda la comunidad, y que se termine con la impunidad. Es lo menos que podemos pedir los universitarios, y lo menos que podemos hacer es sumarnos en defensa de la UNAM.