Durante muchos años la democracia fue un festín de los partidos al que no estuvo invitado el pueblo. Ahora que su voluntad se expresó con contundencia en las urnas hay quienes se espantan de que el futuro gobierno quiera consultarlo con frecuencia. Preferirían que regrese al silencio, a la marginalidad del espectador pasivo. Vivían más cómodos en una democracia sin pueblo.
Nos han hecho creer que la democracia se reduce a salir a votar cada tres años; que en el intervalo entre una y otra elección toca desentendernos y delegar la toma de decisiones en un puñado de representantes. Esta visión minimalista de la democracia es pariente cercana de otra idea elitista: que las mayorías son ignorantes e incapaces de tomar decisiones en su propio beneficio. Se elevó a dogma que solo los expertos podían opinar sobre temas cruciales para el devenir nacional. Como si el campesino tuviera que tener un doctorado para comprender cómo le afecta el despojo de sus tierras.
Bajo esta coartada, durante los últimos sexenios un puñado de autoproclamados técnicos privatizó los procesos de toma de decisiones, aunque sus impactos siguieron siendo públicos. De tal suerte, decisiones que arrojaron pocos ganadores y muchos perdedores y que transfirieron poder y riqueza de abajo hacia arriba, no fueron resultado de una ideología llevada al poder, sino de postulados científicos neoclásicos.
Medidas “técnicas” como el Fobaproa tuvieron consecuencias bastante rudas para las mayorías, pero no para sus artífices. La desconexión de la realidad que caracterizó a los últimos gobiernos estriba en que quienes tomaron decisiones de gran calado no padecieron sus efectos. Los costos de los ajustes estructurales fueron externalizados en una mayoría que durante décadas aguantó silenciosamente el cúmulo de agravios… hasta que se hartó.
La consulta popular
Aquí no se pretende abonar en el discurso de la posverdad y del menosprecio al conocimiento técnico y la evidencia científica. De lo que se trata es de mostrar cómo una ideología en particular –con sesgos y agenda política como cualquier otra ideología– fue exitosa en revestirse de científica y neutral.
Durante décadas nos colocaron ante una falsa disyuntiva: decisiones técnicas vs. decisiones democráticas. En realidad, una consulta popular bien ideada puede armonizar estos dos elementos. Es más: no hay consulta popular exitosa que no esté precedida por un proceso intensivo de pedagogía política. Los preparativos de la consulta deben contemplar una serie de deliberaciones públicas que garanticen que el ciudadano común tenga a su alcance argumentos y evidencia para sopesar los pros y los contras de lo que está convocado a decidir. El papel de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación es fundamental en la antesala de la consulta.
Por su parte, los convocantes tienen que cuidar hasta el último detalle de su diseño e instrumentación: ¿con qué palabras y cómo se formula la pregunta, de modo que no se condicione la respuesta? ¿Se consulta a toda la ciudadanía o a los sectores particularmente afectados por el asunto en cuestión? ¿Qué porcentaje mínimo de participación se debe establecer para que los resultados sean vinculantes?
Los partidarios de los Mecanismos de la Democracia Directa no podemos obviar el riesgo de que decisiones mayoritarias terminen por erosionar la democracia. Sobran ejemplos de distorsiones autoritarias: titulares del Ejecutivo que los convocan solo para saltarse a los parlamentos y debilitar otras instituciones intermediaras de la democracia como los partidos políticos; someter a consulta de la mayoría los derechos humanos de una minoría; utilizar alguna figura plebiscitaria para legitimar la persecución política de un grupo religioso, lingüístico o migrante.
Los referéndums y las consultas no llegaron para sustituir la representación política y el Estado de Derecho, sino para complementarlos, para compensar sus deficiencias y así robustecer la democracia.