Opinión

Emergencia por inseguridad

La apuesta de este gobierno no es muy distinta a la de las últimas dos administraciones. | Agustín Castilla

  • 30/05/2019
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En un gobierno en el que, a pesar de las evidencias, no es muy dado a reconocer cuando algo anda mal y en cambio opta por desviar la atención hacia otros temas, me parece una buena noticia que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana haya aceptado que “México se encuentra en un estado de emergencia nacional ante el avance de la criminalidad en la mayor parte del territorio”, lo que contrasta con las reiteradas afirmaciones del presidente quien suele minimizar el problema e incluso ha llegado a presumir que la inseguridad va a la baja aunque las cifras demuestren lo contrario. Aceptar la realidad es un obligado primer paso para tratar de corregir el rumbo.

De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros cinco meses del gobierno de López Obrador se registraron 14 mil 510 homicidios dolosos de los cuales, 11 mil 221 se cometieron de enero a abril siendo el cuatrimestre más violento en la historia de nuestro país. A ello hay que sumarle los secuestros, levantones, robos con violencia en transporte público, casa-habitación, carreteras que también afectan la integridad física, el patrimonio y la tranquilidad de los mexicanos.

La situación es sin duda muy grave, y diversos acontecimientos de los que hemos tenido conocimiento en los últimos días, revelan que la delincuencia organizada opera cada vez con mayor descaro. El enfrentamiento entre cárteles en Uruapan, Michoacán, a plena luz del día con un saldo de 10 muertos, la caravana de vehículos rotulados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación con decenas de sicarios portando armas largas que circulaban por las calles de Zamora para atacar a policías municipales, la imagen de 11 militares retenidos por civiles en la Huacana para que les devolvieran las armas que les habían sido decomisadas, o el hecho de que pobladores de Tetepango, Hidalgo, hayan impedido que elementos del Ejército aseguraran dos camionetas cargadas de huachicol -a pesar de que se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa-, denotan que la autoridad está siendo rebasada y debemos interpretarlas como señales de alarma.

Tiene razón el secretario Durazo cuando dice que en este tema no deben admitirse mezquindades, regateos ni mucho menos cálculos políticos -aunque en su momento ellos lo hicieron como consta en diversos pronunciamientos cuando eran oposición-, pero aún cuando han contado con el apoyo legislativo para aprobar la creación de la Guardia Nacional así como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, existen muchas dudas sobre su efectividad.

Para efectos prácticos, la apuesta de este gobierno no es muy distinta a la de las últimas dos administraciones: elementos de las fuerzas armadas desempeñando tareas de seguridad pública para las que no están preparados, como incluso se reconoce en una parte del documento que contiene la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Tampoco parece que podamos abrigar esperanzas de que, cuando menos en el corto plazo, los programas sociales y la oferta de amnistía y reinserción social sean suficientes para minar la capacidad operativa y los fuertes intereses económicos de los grupos delincuenciales.

Ojalá por fin se den cuenta que hace falta mucho más que voluntarismo y consignas ideológicas para enfrentar con éxito un problema tan serio -y aunque no surgió hace unos meses hoy es su responsabilidad-, que haya apertura para compartir experiencias y escuchar los distintos puntos de vista -sobre todo de expertos y organizaciones a quienes han preferido descalificar ex ante-, así como la capacidad para rectificar si así se requiere.

La denuncia de Germán

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