Opinión

Emergencia de derechos humanos

En México aún persiste una falta de armonización de leyes estatales, federales y municipales sobre derechos humanos. | Leonardo Bastida

  • 09/11/2019
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Rezago en la legislación para atención a víctimas de vulneraciones a derechos humanos, discriminación y violencia hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género, violencia contra las mujeres, restricción a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, uso excesivo de fuerza por parte de instituciones militares y policíacas, impunidad, desapariciones forzadas, indicios de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad, políticas migratorias restrictivas y ataques a periodistas y defensores de derechos son parte de los pendientes en materia de derechos humanos encontrados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras revisar el Sexto Informe Periódico en la materia, entregado por México al organismo internacional.

Derivado del análisis, durante las sesiones del 16, 17 y 31 de octubre y 1 de noviembre por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, se advierte que en nuestro país, aún persiste una falta de armonización de leyes estatales, federales y municipales sobre derechos humanos, situación que impide la garantía de los mismos. Igualmente, se consideró que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido insuficiente, ya que quienes recurren a las comisiones de atención a víctimas no obtienen respuestas en un plazo corto, ni se les reconoce como tales, las reparaciones del daño se han centrado en la indemnización económica, y no hay una atención especializada para mujeres.

Sobre las políticas seguridad, se cuestiona que la Guardia Nacional tenga un enfoque militarizado y no de corte civil por lo que se debe apostar al retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública y ciudadana, salvo en ocasiones excepcionales. Igualmente, se percibió que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza no se ciñe a los estándares internacionales, propiciando que no haya “criterios claros sobre los supuestos en que está permitido el uso de la fuerza letal; no se establezca un registro sobre los casos en que se ha utilizado la fuerza ni mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas para el uso de la fuerza”.

Asimismo, se externó preocupación porque los cambios en materia de atención a la desaparición forzada aún no se concretan, careciendo de bases de datos y de recursos forenses de identificación, de fortalecimiento a los organismos encargados de hacer frente a la situación, y de mecanismos de comunicación periódica con los familiares de las personas en situación de desaparición.

Otro aspecto ampliamente revisado fue el de la migración, donde se encontró que hay dilación en la atención a las quejas de derechos humanos por parte de migrantes, se realizan detenciones administrativas de solicitantes de asilo y no se siguen los estándares internacionales en materia de asilo y refugio.

En el rubro de violencia contra las mujeres, se observó que aún hay un reducido número de sentencia y condenas derivados de casos en los que una mujer fue violentada, hay una falta de armonización en la tipificación del delito de feminicidio así como una complejidad y falta de recursos para la implementación de las alertas de género o para otorgar órdenes de protección. También se determinó como urgente la facilitación de la presentación de denuncias, la investigación de los hechos con perspectiva de género y la sensibilización del personal de seguridad públicas y ministerial.

En materia de derechos sexuales y reproductivos se resaltó la necesidad de eliminar las leyes que penalizan la interrupción del embarazo, sobre todo en casos de violación o de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer; de reglamentar la figura de la objeción de conciencia y garantizar el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo, de zonas remotas.

También se señaló la falta de investigaciones prontas sobre los crímenes violentos, situación que genera una cultura de impunidad; la presencia de grupos de autodefensa, en sustitución de las autoridades; el uso recurrente de la tortura y tratos crueles para la obtención de declaraciones; la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos, la urgencia de protocolos de investigación específicos para delitos cometidos en contra de las poblaciones LGBTIQ y la falta de mecanismos de protección para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

En medio de la polémica, y un proceso poco claro, el Senado de la República recién nombró a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien tendrá que dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de este informe así como hacer frente a las problemáticas estructurales que han impedido el acceso a la justicia y al bienestar a miles de personas. Será parte de su tarea abonar a que esta emergencia, en el sentido de ser una situación de desastre que requiere de una acción inmediata, se revierta y se transforme en un momento de bonanza para los derechos humanos en México, pues de lo contrario, la tan anhelada transformación social, continuará siendo un deseo y no una realidad.