Opinión

Elektra y el "Censo del Bienestar"

Desde su origen, los Servidores de la Nación y el "Censo del Bienestar" quedaron íntimamente vinculados a Elektra. | Rafael Hernández

  • 21/05/2020
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Quedó a deber el coordinador general de los Servidores de la Nación Gabriel García Hernández, quien se había comprometido a hacer pública la metodología y las bases de datos del llamado "Censo del Bienestar". Dio información con cuentagotas y omitió decir cómo se financió dicho "censo", dónde y quién resguarda su base de datos y cómo fue que los 18 mil promotores del voto de Morena se convirtieron de la noche a la mañana, sin examen ni requisitos de por medio, en los responsables de levantar datos personales de los mexicanos.

En reiteradas ocasiones, en respuesta a solicitudes vía transparencia y a requerimientos de las autoridades electorales, García Hernández se hizo el desentendido, rechazó tener esa información y remitió a los solicitantes con la Secretaría de Bienestar, la que igual negaba tenerla bajo su responsabilidad. Ahora el gobierno está obligado a transparentar esta crucial información porque puso a las MiPymes el estar inscritas en dicho "censo", como requisito para acceder a los minicréditos de la emergencia económica.

El funcionario no aclaró cómo se financió durante la transición de gobierno ese ejército de brigadistas, que con el transcurso de los meses, se convirtió en la boyante burocracia dorada a cargo del manejo clientelar de los programas sociales del gobierno federal. En agosto de 2018, el entonces presidente electo anunció que los 150 millones de pesos del Fideicomiso de Transición se utilizarían, si acaso, en hacer estudios topográficos y del derecho de vía del Tren Maya y el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Hoy se sabe, gracias a la información publicada por La Silla Rota, que la mayor parte de esos dineros se utilizó en sufragar la nómina de los empleados que levantaron un "censo" cuyos resultados se desconocen hasta la fecha. Este se hizo apartado de toda normatividad legal y del profesionalismo requerido, violando las leyes que protegen los datos personales y la propia Constitución pues, recuérdese, los brigadistas y sus coordinadores hicieron promoción personalizada del Presidente de la República en sus trabajos "censales", como lo demostré en mi libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T.

Con cargo al Fideicomiso de Transición se pagó la nómina de servicios personales correspondientes a un periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, que cubrió los emolumentos de 18 mil 21 personas. El monto total de los pagos fue de 135 millones 167 mil pesos, que representan el 90% de los recursos de ese fideicomiso.

La empresa Intra S.A. fue contratada por Banjército para hacer la transmisión del dinero al personal contratado. Esta empresa es parte del Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el empresario consentido del gobierno lopezobradorista e integrante de su Consejo Asesor Empresarial. El contrato, firmado en noviembre de 2018, precisó que el dinero enviado debería ser cobrado en las Tiendas Elektra, en donde se encuentran las sucursales del Banco Azteca, empresas que también son propiedad del empresario. 

Se trató a la vez de un ensayo de lo que luego, ya iniciado el sexenio, serían las Tarjetas de Bienestar que se entregan a los millones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, en las que participa el Banco Azteca. Como ocurre en la actualidad con dichas tarjetas bancarias, el servicio del Grupo Salinas no fue gratuito, pues cobró al Fideicomiso de Transición 13 pesos con 50 centavos, más IVA, por cada uno de los envíos de dinero efectuados. 

Como se ve, desde su origen, los Servidores de la Nación y el "Censo del Bienestar" quedaron íntimamente vinculados a Elektra y a las empresas de Salinas Pliego.  Por cierto que, otro de los misterios que García Hernández tiene pendiente desentrañar es el de quién proveyó la plataforma, la aplicación, los smartphones, el o los centros de cómputo que fueron utilizados para el levantamiento del "censo" y en dónde y bajo qué medidas de seguridad se resguardan los datos personales de más de 20 millones de mexicanos. ¿Será que también en esto intervino como proveedor el empresario consentido?