Opinión

¿Elegir con encuestas?

Si nuestra democracia funcionara con encuestas, el país tendría grandes ahorros; pero eso no sería justo ni reduciría los conflictos. | José Antonio Sosa Plata

  • 08/10/2020
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La elección de presidente y secretario general de Morena —por el método de encuesta— no está resultando como lo esperaban algunos de sus liderazgos más importantes. La validación del procedimiento que confirmó ayer el Tribunal Federal Electoral (TEPJF) puso en evidencia, una vez más, algunas de las fallas que aún tiene nuestra legislación electoral.

Tal y como se esperaba, el conflicto y la controversia se acentuaron dentro y fuera del partido. La decisión final que tomó el Tribunal es definitiva y se convertirá en un precedente de la mayor relevancia para los métodos de elección de las dirigencias de los partidos. Sin embargo, más allá de la solución coyuntural que se dio a un procedimiento que es legal, resulta necesario reflexionar sobre la conveniencia del método seleccionado.

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Desde el siglo pasado, las encuestas se han convertido en instrumentos indispensables de la democracia. La capacidad científica que han demostrado para hacer pronósticos, diagnósticos y mejorar los procesos de toma de decisiones han logrado la atención no solo de los grupos de poder sino de la sociedad en general.

Además, a partir de la administración del presidente Miguel de la Madrid se han utilizado con diversos fines, legítimos y muchas veces valiosos e insustituibles. Las encuestas son herramientas útiles para mantener la gobernabilidad, reducir los errores en la gestión de gobierno y también para anticiparse a situaciones que fortalezcan el análisis y los estudios de inteligencia política.

Consulta:  Jorge Aguirre, José María Infante y Liliana de Ita. “Medir la gobernanza, un acto a favor de la calidad de la democracia”. Revista Gobernanza, número 45, 9 Abril 2019.

En el terreno electoral su valor es muy grande. Todas y todos lo sabemos. Son apreciadas y valoradas por los partidos, los gobiernos, las autoridades electorales y los medios de comunicación. También por los empresarios. Hay momentos en los que es posible pulsar día a día la opinión ciudadana, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Por si fuera poco, las inversiones que se requieren hoy son considerablemente menores a las que se tenían que hacer hace apenas 20 años. 

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El problema está en que los estudios de opinión no siempre son precisos. En algunas ocasiones, por errores en su diseño muestral o en la elaboración de sus cuestionarios. En otras, por los sesgos premeditados —y a veces manipulados— con el fin de influir en favor de los intereses de quienes las financian, encargan o difunden. Como cualquier otra herramienta del poder, entonces, las encuestas pueden tener un fin constructivo y positivo, pero también ilegal o ilegítimo.

La historia reciente de nuestra democracia tiene abundantes ejemplos de los errores que se pueden cometer con las encuestas. Los costos en reputación han sido altos para algunas empresas especializadas, medios de comunicación y líderes que no se apegaron a un Código de Ética o que engañaron a la gente con toda intención. Por esta razón, se tuvieron que incorporar reglas y límites en la legislación. A pesar de los esfuerzos, su fiabilidad no está exenta de riesgos ni de vulnerabilidades.

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Está científicamente demostrado que los márgenes de error de una encuesta bien realizada pueden ser mínimos. También que su capacidad para pronosticar puede ser sorprendente o que pueden ser auditadas. Y qué decir de la facilidad y rapidez con que pueden elaborarse. Pero a pesar de las enormes virtudes que tienen, en prácticamente ningún lugar del mundo se ha optado por utilizar a las encuestas como el método principal para elegir a quienes ocuparán un cargo partidista o público.

La razón es obvia. Debido a sus características técnicas y a la relativa facilidad con que se pueden manipular las técnicas y resultados, siempre será mejor el voto libre, directo, secreto, igual y universal. Por supuesto que los costos de las elecciones que se practican en todo el mundo son muy altos. Más en un país como el nuestro, en el que la desconfianza nos ha llevado incluso a una sobre-regulación que dificulta la labor de todas y todos los involucrados, pero que garantiza los principios básicos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que tiene nuestro modelo democrático.

Recomendación editorial: Francisco Abundis, et.al. La precisión de las encuestas electorales. Un paradigma en movimiento (Volumen 1). México, Instituto Nacional Electoral (INE), 2017.

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