Opinión

¿Elegir a los Ministros?

¿Qué dificultades enfrentaría el ciudadano al momento de elegir votar por un candidato o candidata a ministra?

  • 29/04/2015
  • Escuchar

Recientemente el senador Manuel Bartlett propuso ante la Cámara Alta que los ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF ya no fueran designados por el sistema de ternas que incluye al Senado de la República y al presidente, sino electos a través del voto directo. Sin duda, una iniciativa que puede resultar provocativa, pero que también nos invita a cuestionarnos: ¿Por qué los ministros y ministras de la SCJN son designados por el Senado? ¿Por qué no podríamos/deberíamos elegirlos tal y como hacemos con diputados, senadores, etcétera? ¿Al no ser electos, carecen de legitimidad democrática?

 

Es un lugar común argumentar que los ministros y magistrados (en general los jueces) no deben obtener su puesto a través del voto debido a que eso podría poner en juego su independencia, imparcialidad, etcétera. Se admite que es necesario que estén fuera del escenario electoral para que no estén sujetos a compromisos político-partidistas que pudieran sesgar su juicio al momento de administrar justicia.

 

Ahora, más allá de evaluar la propuesta del  senador Bartlett, podemos tomarla como pretexto para imaginar cómo serían las elecciones de los candidatos y candidatas a ocupar asientos en la SCJN o el TEPJF ¿Cómo se comunicarían con la sociedad? ¿Qué elementos tendría el ciudadano para valorar sus propuestas? ¿Qué dificultades enfrentaría el ciudadano al momento de elegir votar por un candidato o candidata a ministra?

 

Creo que es muy probable, que si en México ministros o magistrados fueran electos a través del voto directo, las contiendas serían un muy efectivo somnífero para los electores, además de que estarían marcadas por un abstencionismo enorme. La tecnificación propia del lenguaje jurídico y una muy pobre cultura jurídica ciudadana lo anticipan. Si uno piensa además que la estructura del Poder Judicial, así como las funciones y prerrogativas de éste son por lo general desconocidas para el ciudadano común, tendríamos que preguntarnos: ¿Qué incentivos tendría para votar? ¿Qué información tendría para elegir entre candidatos? ¿Cómo podría decidir quién es el más idóneo para el cargo?

 

Por otro lado los candidatos y candidatas se enfrentarían a dificultades difíciles de sortear. Supongamos, que como propone el senador Bartlett, los elegibles serían propuestos por Universidades, ONG y examinados por el INE. Una vez que tuvieran que presentarse ante el electorado ¿qué podrían proponer? ¿Cómo ganarían el voto?

 

Probablemente se harían comparecencias televisadas (como se hacen ahora ante el Senado) donde los candidatos expondrían su perfil, su carrera judicial o profesional, su percepción de la Reforma en Derechos Humanos y el Sistema Penal Acusatorio. Pero, ¿qué le dice esto al ciudadano? ¿Cuántos de nosotros comprendemos lo que es una carrera judicial? ¿Sabríamos evaluar su desempeño dentro del Poder Judicial o como profesional del derecho? ¿Sabríamos evaluar su perspectiva respecto a la reforma de Derechos Humanos? ¿Sabríamos identificar quién de los candidatos o candidatas entiende mejor el Sistema Penal Acusatorio? Lo más seguro es que un gran número de ciudadanos desconozcamos por completo la ruta para resolver estas preguntas. Los elegibles tendrían grandes dificultades para comunicarse con nosotros.

 

Siendo esto así, todo indica que elegir a ministros o ministras; magistrados o magistradas se convertiría en una especie de concurso de belleza, de oratoria o de popularidad, cuando no, en un juego de azar. Probablemente, los ciudadanos nos remitiríamos a decir “lo elijo porque habla bien” o “lo elijo porque parece buena persona”. Creo que sobra decir que esto podría resultar desastroso para la administración de justicia y la interpretación constitucional.

 

Ahora, todo esto nos lleva a otra clase de preguntas sobre la relación entre el Poder Judicial y la sociedad.

 

En una democracia del s. XXI ¿es deseable que exista tanta distancia entre Poder Judicial y ciudadanía? ¿Es realmente tan sofisticada la labor de un Ministro o Ministra que es imposible comunicarla a toda la sociedad? ¿Es deseable que la sociedad carezca de mecanismos de participación en el Poder Judicial?

 

Un diálogo abierto sobre estas cuestiones podría arrojar mejores datos sobre si ministros y ministras; magistrados y magistradas deberían someterse a una contienda electoral. Más aún, nos obligaría a discutir no sólo el porqué de la distancia entre ciudadanía y Poder Judicial, sino también el porqué de la distancia entre los ciudadanos y su derecho.

 

Si los poderes judiciales son importantes en las democracias modernas, es precisamente porque tienen la obligación de garantizar derechos que han sido reconocidos (construidos) por procesos democráticos, porque tienen la obligación de hacer prevalecer la justicia frente a la venganza y finalmente porque es el Poder Judicial la instancia institucional encargada de que los conflictos sean procesados de forma pacífica. Someter a elección directa a los candidatos a la SCJN o el TEPJF ¿ayudaría a mejorar el perfil de ministros, ministras, magistrados, magistradas? ¿mejoraría nuestra democracia con ello?

 

Sin duda, vale la pena discutir si el voto directo mejoraría la relación entre Poder Judicial y ciudadanía. Pero antes de eso tendríamos que pensar qué relación tienen hoy los ciudadanos con su(s) derecho(s) y qué se necesita para que esta relación sea un elemento distintivo de consolidación democrática en México.

 

@BordeJuridico

 

El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel

 

Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha  sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en  la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.