La mayoría de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana dependen de suministros energéticos confiables y asequibles para funcionar de forma adecuada y equitativa. De igual forma, todos los sectores de la economía, desde las comunicaciones hasta la agricultura, están apoyados en el uso de la energía. Debido a esto, cuando el acceso al suministro de energía falla o funciona incorrectamente, se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico y social.
En el sector energético, el subsector eléctrico es el que más ha aumentado su importancia debido a que actualmente se desarrolla un proceso de digitalización que transforma múltiples aspectos de la vida moderna como la comunicación, el comercio y el trabajo. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social derivadas de la covid-19 han acelerado el ritmo de esta transformación y han puesto de manifiesto la importancia de contar con un suministro eléctrico capaz de responder a los cambios en el comportamiento y en las actividades económicas.
La transformación digital tiene el potencial de alentar el crecimiento y la productividad, y apoyar un desarrollo inclusivo, ya que incrementa la accesibilidad de grupos marginados a una amplia oferta de mercados y servicios como la educación y la economía compartida. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que el país cuente con una infraestructura eléctrica que sea capaz de satisfacer la demanda cada vez mayor bajo la cual se apoya la economía digital. De igual forma, para que esta transformación sea sostenible, el aumento de la generación eléctrica debe darse a partir de fuentes limpias y renovables.
Desafortunadamente, el sector eléctrico mexicano adolece de ineficiencias que han impedido una disminución de las tarifas eléctricas. Las pérdidas de energía eléctrica son de 17%, mientras que el referente internacional es de 8%. La tasa de participación de las energías limpias a noviembre de 2020 es del 24%, mientras que, por ley, en 2021 la participación debería ser de 30%.
Estas ineficiencias responden a una disminución del presupuesto de inversión. A pesar de que el consumo eléctrico aumentó 35% en 10 años, el presupuesto de inversión para el sector eléctrico fue 20% menor durante el periodo 2016-2019 con respecto al periodo 2010-2015. Por otra parte, las medidas de política eléctrica que se han emitido para favorecer a CFE han creado un ambiente de ambigüedad regulatoria que perjudica la realización de inversiones del sector privado y la consecución de las metas de energía limpia.
Para que el sistema eléctrico satisfaga la creciente demanda de forma asequible, segura y sostenible, es necesario que la política eléctrica responda a criterios económicos y técnicos, no políticos. Las inversiones públicas y privadas deben complementarse para crear una infraestructura más robusta que genere menos emisiones de CO2. Posponer el fortalecimiento del sector eléctrico resta competitividad a la economía y representa un obstáculo al mejoramiento del bienestar de la población.
*Joel Tonatiuh Vázquez Pérez
Coordinador de Transición energética y finanzas públicas
Egresado por la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó una maestría en economía ambiental en el Centro de Investigación y Docencia Económica, donde obtuvo el reconocimiento por la mejor tesis de su generación, enfocada en la valoración económica de la energía renovable. Ha sido profesor adjunto en el CIDE y en la Facultad de Economía. Actualmente funge como coordinador de Energía y Finanzas Públicas en el CIEP. Interesado en la promoción de la transición energética y en la mitigación de los efectos del cambio climático.