Un momento crucial se acerca en la vida político electoral de nuestro país, me refiero a esa punta de lanza en que cada partido político revisará hacia adentro, sus mediciones y posicionamiento electoral para decidir, según su método interno, a sus candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular. Pero además, la decisión que tomen los Institutos Políticos deberá ser cuidadosa no sólo por los requisitos establecidos en la ley en la materia o bien sus normas internas, sino por la exigencia social derivada de diversos hechos por todos conocidos en últimas fechas, de que las mujeres y hombres que tengan la oportunidad de aspirar por algún cargo de elección popular, tengan los suficientes elementos de certeza, profesionalismo y probidad para el desempeño como representantes populares.
El asunto no es menor si consideramos que están en juego diversas posiciones que van desde gobernadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores. Más de dos mil cargos en disputa genera un panorama difícil de supervisión de los que, en su oportunidad sean postulados y eventualmente registrados ante los órganos electorales federal (INE) y locales (OPLE´S); éstos últimos en 17 entidades federativas y el Distrito Federal en donde de manera concurrente con la elección federal habrá elecciones.
Ni la Constitución General, ni las Constituciones Locales, o bien en las leyes electorales, encontramos disposiciones legales que sean difíciles de cumplir o que tengan algún filtro digno de mencionar en torno a comprobar la honorabilidad de candidatas y candidatos, por lo que la autoridad electoral sólo tendrá la obligación de verificar lo que la ley le mandata. Por ello, considero que la mayor responsabilidad deberá recaer en los partidos políticos, ya que son dichas instancias de interés público quienes realizan procesos selectivos para la postulación de candidatas y candidatos.
Pero más aún, toda vez que los 10 actores de la competencia electoral en puerta deben de cumplir con la llamada paridad de género, seguramente en gran medida, harán designaciones directas lo que los responsabiliza, en este supuesto, aún más.
A los partidos políticos debe quedarles claro que la postulación de candidatas y candidatos es la punta de lanza que va dirigida a nuestro sistema democrático que está basado, entre otros factores, en la participación ciudadana, es decir, todo un diseño legal está encaminado y al final se materializa con la presencia de los electores en las urnas, quienes votarán por la candidata o candidato de su preferencia creyendo, según sus simpatías, en las propuestas de campaña, en los liderazgos, en el respaldo partidista, en sus acciones y en otros tantos aspectos más.
Ya empiezan a sonar diversos nombres para diversos cargos y vemos desde solicitudes de licencia para concurrir legítimamente a la aspiración de algún puesto de elección popular, hasta la renuncia de actores políticos de primer nivel para incorporarse a las filas de alguna otra fuerza política. El ajedrez político empieza a moverse y a enfilarse para la contienda que se llevará a cabo en apenas 5 meses más: el 7 de junio.
Lo que debe prevalecer en la próxima contienda electoral es que no incursione principalmente, el manto del narcotráfico en la esfera política a través de las candidaturas que lleguen a registrarse; esto merma no sólo al partido o partidos políticos involucrados sino a todos en general, ya que genera desconfianza entre el principal activo democrático que son los ciudadanos.
Esto puede repercutir también en las candidatas y candidatos que tienen todos los requisitos legales y extralegales como el reconocimiento de vecinos, de empresarios, líderes sociales, y más, que derivan de sus acciones de gobierno o de leyes que promueven o aprueban en favor de los ciudadanos mismos. Pero tal vez lo más lamentable es que pueda permear en los electores la desconfianza a participar el día de la jornada electoral, lo que podría ocasionar un determinado grado de abstencionismo y haga que la representatividad social quede en una mayoría minoritaria de electores que sí fueron a votar.
Lo ideal en nuestro sistema democrático es que la población acuda copiosamente a las urnas y sea ahí en donde se manifieste según su preferencia. Hagamos de la elección un acto cívico que muestre nuestra cultura democrática. Quedará en la responsabilidad de actores políticos, autoridades gubernamentales y electorales, que se den las garantías constitucionales para asistir a votar en paz. En tanto, demos un voto de confianza a las elecciones en puerta y acudamos, en su oportunidad a votar.