Opinión

Elecciones sin dinero; democracia sin futuro

Hay que ponderar un análisis histórico sofisticado del comportamiento presupuestal de los OPLES. | Fernando Díaz Naranjo & Sergio González Muñoz

  • 08/03/2021
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Hacia el final de la sesión del Consejo General del INE del día 26 de febrero, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianelo, presentó un aviso preocupante a la mesa. Ante un recorte de 24 millones de pesos que el Congreso local le había aplicado al presupuesto del Instituto Electoral de Nayarit para este 2021, su Consejero Presidente había pedido al secretario de Finanzas del Estado una ampliación por esa cantidad, que restituiría el balance a las finanzas del Instituto nayarita.

En su respuesta, el Secretario le informó por escrito al órgano electoral local que no había dinero para atender la solicitud de ampliación, debido a la pandemia, pues dirigir la cantidad solicitada al proceso electoral en curso dañaría severamente las finanzas estatales.

El incidente generó que Córdova ordenara la elaboración de dos informes para presentarlos en la sesión más próxima; es decir, la del pasado jueves 4 de marzo. Uno sería sobre el asunto Nayarit y otro sería sobre el estado que en materia presupuestal enfrentaban los 32 organismos públicos locales electorales (OPLES, en el argot de la materia).

En ambos, la autoridad electoral nacional reportó la situación presupuestal que este año enfrentan los 32 y la situación no pinta bien. Según el informe, hecho público por el secretario del Consejo, Edmundo Jacobo, sólo 4 OPLES no sufrieron recorte presupuestal (Baja California, Coahuila, México y Veracruz) pero los 28 restantes sí.

Aquí el desglose. Hidalgo y Quintana Roo resintieron recortes menores al 1%. Para Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, Campeche, Chihuahua y Guanajuato, la reducción fue de entre el 5.7 y 9.3 por ciento. Por su parte, la tijera para Guerrero, Michoacán, Chiapas, Baja California Sur y San Luis Potosí fue de entre 10.9 al 17.8 por ciento.

En otra clasificación, Sonora, Zacatecas, Yucatán, Colima, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Aguascalientes y Sinaloa sufrieron recorte entre el 20.6 y el 42.4 por ciento. Al final, los OPLES más dañados son Durango (51.9 %), Morelos (79.9 %), Puebla (88 %) y Oaxaca (89.4 %).

Estos últimos dos grupos, cuyos recortes andan en 51.9% o más, se encuentran en los linderos de la inoperancia y eso es inaceptable a tres meses de las elecciones más complejas y grandes de la historia del INE y de México.

De cualquier modo, hay que estudiar los informes y seguir las actualizaciones periódicas que Lorenzo Córdova solicitó a Edmundo Jacobo. A la vez, es necesario reflexionar con detenimiento sobre la metodología de este levantamiento y los subsecuentes, cuyos componentes quizá necesiten ciertas precisiones o estratificaciones que la experiencia irá adicionando. No es lo mismo enfrentar una elección general que una intermedia; no es lo mismo la superficie y la orografía de Chihuahua, que la de Tlaxcala; y no es lo mismo la lista nominal del Estado de México que la de Colima.

Por igual, hay que ponderar un análisis histórico sofisticado del comportamiento presupuestal de los OPLES y no sólo de este año. Nos parece que estos análisis deberán ser permanentes con la finalidad de verificar sus competencias y habilidades para planear, gastar y evaluar sus procesos presupuestarios y de control interno. Proponemos pensar en una tipificación construida a base de indicadores nacionales que, con ciertos clasificadores regionales o locales, pueda decirnos qué tan bien y con cuánta oportunidad ejercen sus recursos económicos los institutos y comisiones electorales y qué tan mal o bien los han tratado las legislaturas estatales, con la finalidad de contar con un mapa de riesgos en materia presupuestal electoral.

En este esfuerzo, no podemos excluir a los órganos fiscalizadores. Debemos darle participación a las Contralorías de los propios OPLES y a las auditorías superiores de las entidades federativas, en cuyos informes podría haber referencias relevantes para completar dicha tipificación.

Por donde se le vea, estamos ante un asunto francamente insostenible, que pone en riesgo la viabilidad política y legitimidad social de la República. La gravedad del caso debe llamar la atención de la secretaria de Gobernación y/o del secretario de Hacienda, pero también de los gobernadores y las gobernadoras en lo individual y en lo colectivo. De persistir, se estarían poniendo en riesgo derechos fundamentales intocables como el Derecho de la ciudanía a votar y ser votada, a la Rendición de Cuentas, a la Buena Administración Pública y, claro, a la Integridad Electoral.

Un estado democrático y social de derechos, como lo es el nuestro, no puede permitir, en ninguna circunstancia, que la austeridad o la negligencia lesionen la democracia. Como dijera el clásico: “una democracia sin dinero es una democracia sin futuro”.

Fernando Díaz Naranjo | Analista político.

Sergio González Muñoz | Experto electoral constitucional.

 

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