La sociedad mexicana se encuentra inmersa en el proceso electoral más grande y complejo de su historia contemporánea, que implica la determinación de miles de puestos de elección popular a lo largo del territorio nacional, con la renovación de alcaldías, congresos locales y el federal, gubernaturas y la presidencia de la República.
Las condiciones en que se llevan a cabo las lides electorales son particularmente difíciles. Por una parte, existe un marcado desgaste de los partidos políticos que ha propiciado que sectores importantes de votantes se encuentren distanciados de ellos. También la población tiene poca confianza en las instituciones, lo que podría derivar en aspectos negativos, como el desinterés por las cuestiones públicas y el abstencionismo. A lo anterior hay que sumar problemas estructurales de carácter social y económico, que se traducen en la persistencia de la desigualdad y la pobreza, que abonan a desalentar la participación de las personas ante la falta de respuestas favorables a las expectativas generadas por la democracia.
Tales circunstancias representan desafíos a las instituciones del Estado mexicano, cuyas funciones sustanciales son generar certidumbre en el desarrollo de actividades cruciales como los procesos comiciales. En este terreno, todas las instancias electorales enfrentan el reto de asegurar su plena independencia y autonomía en el ejercicio de sus atribuciones.
En el orden administrativo, el INE y los organismos públicos locales electorales, tienen que hacer valer su autoridad en la implementación de los procedimientos mediante los cuales se renovarán los poderes legislativos y ejecutivos, que incluye el registro de candidatos, la vigilancia del financiamiento público, la propaganda electoral, el monitoreo de medios, así como los cómputos distritales, estatales y el federal.
En el ámbito penal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, órgano especializado dotado de autonomía técnica, debe hacer lo propio en la investigación y persecución de las conductas delictivas, como las presiones para la asistencia a actos proselitistas, la compra y coacción del voto y el financiamiento ilícito a candidatos. En cuanto a las autoridades jurisdiccionales, tienen en sus manos la responsabilidad de resolver todas las controversias que se susciten en los distintos comicios, con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, para dar garantía de que todos los actos y resoluciones en materia electoral se ajustan al marco constitucional y normativo, además de tutelar los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votados, de asociación y de afiliación.
Regular propaganda gubernamental: simulación del PRI
Las distintas instituciones electorales son indispensables para garantizar a los mexicanos su derecho a elegir de manera libre y sin injerencias de ninguna clase, en un marco que posibilite la máxima participación cívica. Por lo tanto, sus integrantes habrán de oponer resistencia a las presiones que, desde diversos estamentos de poder, pretenderán incidir en sus decisiones y en su accionar. En este contexto, la ciudadanía puede desempeñar un rol de acompañante en la ruta electoral, para vigilar la correcta aplicación de la ley y el adecuado uso de las atribuciones de las diferentes instancias.
El rumbo del país
Los comicios representan el momento del ejercicio cívico activo, la sociedad está llamada a tomar conciencia de que, al votar, se está eligiendo el rumbo del país para el futuro inmediato, lo que hace urgente la reflexión crítica e informada sobre la diversa oferta política. Además, es importante considerar que, si bien las elecciones encuentran su punto culminante en la emisión del voto, lo cierto es que la democracia no se agota ahí, sino que requiere de diálogo continuo entre ciudadanos, partidos e instituciones, para la construcción de las opciones a corto, mediano y largo plazo para la nación.
Por lo enunciado, quien sea el ganador de la presidencia de la República, posición simbólica y material de privilegio en la conducción de los destinos del país en nuestro modelo político, deberá acordar la agenda temática y los compromisos relevantes con la multiplicidad de actores sociales. El desafío es construir consensos sustanciales en rubros como la educación, el medio ambiente, la salud, la procuración e impartición de justicia, la seguridad pública, el empleo, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia. Vale señalar que deben ser compromisos concretos que tracen a detalle cuáles son los cambios necesarios, qué viabilidad presupuestaria requieren y cómo se financiarán e, incluso, los eventuales aspectos negativos que conlleven.
Ya no son suficientes las enunciaciones genéricas y laxas que posibiliten una actuación ambigua; por el contrario, se necesita la conformación de tareas y responsabilidades a partir de la negociación y el convencimiento en torno al proyecto de país que se necesita. Es hora de iniciar la suma de voluntades, a fin de estar en condiciones de realizar transformaciones fundamentales para construir un nuevo escenario político nacional incluyente y viable.
México tiene en el actual proceso electoral la oportunidad de consolidar su democracia, aprovecharla compete a todos.
El derecho a la verdad y su reciente salvaguarda
(Me permito avisar a los lectores de Opinión LSR que, tras un breve receso, continuaré con mi colaboración en este importante medio el próximo mes de mayo).