Mientras el país, cuando menos las y los ciudadanos, se encuentran volcados lo que sucede en el ámbito internacional; en Trump y sus acciones, muchos temas han pasado casi desapercibidos. Poco se ha escrito, por ejemplo, del inicio del periodo ordinario del Congreso de la Unión, de diversos nombramientos que se han hecho y que siguen recayendo en personas ligadas el entorno presidencial en el Estado de México o, bien, de los cuatro estados que tienen elecciones este año: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

 

Cuatro elecciones ordinarias están en marcha, la primera, la del Estado de México, desde septiembre pasado y la última, la de Nayarit, comenzó el 7 de enero. Los cuatro estados están en el periodo de precampañas, las últimas en dar inicio fueron las de Nayarit en las que empezaron el 8 de febrero. El periodo de precampaña que primero concluirá será el de Coahuila el próximo 28 de febrero.

 

Los cargos que se eligen son distintos en cada una de estas cuatro elecciones, desde el Estado de México en que se elige la gubernatura del Estado, hasta el de Veracruz en el que se llevarán a cavo elecciones en 212 ayuntamientos. En Coahuila se elegirán la gubernatura, 25 diputaciones y 38 ayuntamientos. En Nayarit se votará por la gubernatura, 30 curules y 20 ayuntamientos. Próximamente conoceremos a las y los candidatos que se registrarán para contender por estos cargos de elección popular.

 

Las campañas electorales iniciarán el 2 de mayo en Veracruz, el 2 de abril en Nayarit y Coahuila y el 3 de abril en el Estado de México, de conformidad con la ley, todas deberán concluir el 31 de mayo ya que las elecciones se llevarán a cabo el domingo 4 de junio.

 

En esos cuatro estados casi veinte millones de personas podrán votar al estar inscritos en la lista nominal de electores. El padrón más grande del país es el del Estado de México, el tercero es el de Veracruz. El Instituto Nacional Electoral está a cargo de la capacitación de más de dos millones de personas para ser funcionarios de mesas directivas de casilla el día de la elección.

 

En relación con la igualdad de género, las mayores resistencias a cumplir con el principio constitucional de paridad de género se han observado en Coahuila. La conducta de los partidos es inadmisible. La mayoría de los partidos políticos impugnaron un acuerdo del Consejo General del organismo público local electoral sobre paridad de género en las candidaturas. Es en ese Estado en el que, además, se han detectado diversos casos de violencia política contra las mujeres.

 

Una vez más las acciones evidencian la contradicción entre los discursos de los políticos, los funcionarios públicos y los dirigentes de los partidos políticos y los hechos. Lo que dicen los partidos y sus militantes no tienen nada que ver con las acciones que llevan a cabo. Los partidos políticos no están comprometidos con la igualdad sustantiva. No podría ser más clara la discriminación hacia las mujeres de los institutos políticos que impugnan acuerdos que pretenden garantizar su obligación constitucional de cumplir con la paridad de género en las candidaturas.

 

La historia se repite proceso tras proceso. Acceder a un cargo de elección popular en cualquier entidad de nuestro país, se vuelve un campo de batalla diario para las mujeres por ejercer sus derechos políticos. A los partidos les importa muy poco garantizar y proteger los derechos humanos, especialmente cuando se trata de los derechos de las mujeres. Para los partidos políticos y sus militantes los derechos de las mujeres no son derechos humanos.

 

Pronto iniciarán las campañas electorales y debe ponerse una lupa en la violencia política que desafortunadamente sufrirán las candidatas durante sus campañas y cuando comiencen a ejercer los cargos para los que fueron electas. México no puede permitir que una persona que ganó una elección en las urnas, no pueda ejercer el cargo en iguales circunstancias que los hombres por el hecho de ser mujer.

 

Debe combatirse y atenderse la violencia política desde varios frentes, uno de ellos es el electoral y los órganos electorales se están haciendo cargo de sus responsabilidades a diferencia de los congresos locales y Federal y autoridades encargadas de la procuración de justicia, que no han hecho nada por garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y proteger su vida y su integridad así como la de sus familiares o colaboradores.

 

@C_Humphrey_J

@OpinionLSR

 

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