La violencia y la muerte dejaron huella en las #Elecciones 2015. El asesinato de cuatro candidatos y de otras personas vinculadas a las campañas era previsible, pero no deja de ser motivo de preocupación y rechazo.
Las autoridades dicen que no hay focos rojos.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha asegurado que el Gobierno de la República garantizará la seguridad de los comicios. También que hay operativos especiales en las zonas de mayor conflicto.
El #INE afirmó que tendremos elecciones ejemplares.
Y aunque ha habido algunos hechos condenables y lamentables que no se pueden pasar por alto, están dadas las condiciones para que la jornada electoral del próximo 7 de junio se desarrolle en paz y con tranquilidad.
La violencia política siempre ha existido.
Sin embargo, en años recientes se ha incrementado, no solo por los elementos propios de la lucha por el poder entre partidos y grupos, sino por la presencia amenazadora del crimen organizado, que en algunos lugares utiliza gobiernos y partidos para operar con total impunidad.
Hasta ahora, el Estado mantiene el control.
Pero no se puede minimizar lo sucedido. Cuatro muertos, de los 2179 candidatos que empezaron la contienda, tal vez no sea un número significativo desde el punto de vista estadístico.
Sí lo es cuando se trata de seres humanos.
¿Cómo crear conciencia social restando importancia a lo sucedido? ¿El foco rojo se debe prender cuando asesinen a un político de mayor jerarquía, como un candidato a gobernador? Si bien es cierto que las amenazas a la seguridad no están presentes en todo el territorio nacional, sino en lugares específicos bien definidos, tampoco se debe dejar la impresión de que es un asunto de menor trascendencia.
En las campañas ha habido otras situaciones graves.
Destacan las agresiones violentas como secuestros, comitivas interceptadas por grupos armados, agresiones personales, espionaje telefónico o cibernético y el uso de las #RedesSociales con campañas negras para mentir, denostar o atacar la vida privada de algunos candidatos.
La respuesta oficial no deja lugar a duda.
20 candidatos han pedido seguridad y se les ha brindado. Hay presencia federal en Tamaulipas, Guerrero, Durango, Michoacán, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Veracruz y, en algunos casos, el Gobierno de la República está haciendo funciones de policía municipal.
Algunos dirían que los delincuentes están "desatados".
El problema parece crecer conforme se acerca el día de las elecciones. El mismo Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, #INE, fue objeto —como muchos otros— de las acciones ilegales con la intervención de su teléfono móvil.
El primer objetivo en su contra se cumplió.
El golpe a su credibilidad y a la de la institución respetuosa, profesional e imparcial que está obligado a representar, lo llevó a ofrecer disculpas por sus palabras, ofensivas e inapropiadas desde cualquier punto de vista.
La renuncia sería el siguiente paso.
Por supuesto habrá quien piense que sería una exageración. Córdova se extralimitó, como también cruzaron la raya quienes interceptan las comunicaciones. ¿Cambiará esta acción la perspectiva de los consejeros sobre la violencia física y los homicidios que se han dado en el marco del proceso electoral?
La confrontación en política es natural.
Sin embargo, para controlarla se han establecido reglas y límites. Hoy, las señales de alerta están encendidas. De igual forma deben reconocerse los crímenes con la mayor objetividad y evitar que se siga minimizando lo sucedido. El reto es cómo hacerlo sin que los medios conviertan los hechos en nota roja.
La solución de fondo es posible.
Una situación crítica no se resuelve con argumentos matizados. Tampoco se trata de alarmar a la población. Es preciso ajustar los protocolos y acciones de comunicación de las autoridades políticas y ciudadanas, más aún cuando no hay duda de que transitamos por el camino correcto para garantizar la paz y tranquilidad que la democracia requiere.
La #ComunicaciónDeCrisis debe revisarse.
Si estamos de acuerdo con la transparencia y el derecho a la información, tenemos que explorar nuevas opciones de comunicación para que las autoridades logren mayor apoyo, credibilidad y confianza.
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